Pese a que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de familias migrantes que él mismo instruyó, asociaciones y activistas coinciden en que la situación de miles de padres y sus hijos no cambiará de fondo. Con la implementación de la política de tolerancia cero, el gobierno de EU finca cargos a todo migrante que cruza la frontera sin documentos y bajo este pretexto, mantiene como prisioneros a sus hijos, sean bebés, niños o adolescentes. Especialistas coinciden en que el objetivo de Trump es desmotivar la migración y presionar a congresistas a financiar su muro
Dayana salió de San Marcos, una comunidad en Guatemala pegada al oeste de México y con menos de 300 mil habitantes, para pedir asilo en Estados Unidos. Dejó atrás a sus padres, hermanos, escuela y a sus amigos. Tiene 17 años de edad, pero su rostro es el de una niña todavía.
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Con los dedos ocupados en su cabello mojado, cuenta desde un albergue cómo llegó a Tijuana. Salió de Guatemala en un taxi que la llevó a Tapachula, Chiapas, ahí tomó un autobús hasta Ciudad de México, donde otro camión la trajo a la frontera.
“Voy a arriesgarme a pedir asilo por la situación de mi país”, dice con voz dulce. También comparte que fueron sus padres quienes tomaron la decisión de una vida en Estados Unidos para alejarla de la situación de violencia por la que atraviesa Guatemala.
Dayana sabe que las políticas migratorias de Donald Trump reducen las posibilidades de que obtenga refugio, pero guarda un poco de esperanza. “Mi mamá me dijo que me esperara y que hiciera el mínimo intento por pasar para allá”, recuerda sobre una de sus recientes llamadas con ella.
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Sobre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escuchado “que dijo que ya no pueden pasar migrantes, pero lo veo un poco mal porque la situación de nosotros es complicada, solo estamos buscando lo mejor para nosotros”.
En el mismo sillón que Dayana, pero en el otro extremo, está Alfonso, un adolescente de 15 años, quien lleva tres semanas en Tijuana desde que salió de Michoacán. También se prepara para pedir asilo en Estados Unidos.
Alfonso estudió hasta la secundaria para luego trabajar con su madre en la recolección de limones y con lo que mantenían a sus dos hermanos menores, pero las presiones de los grupos delictivos de la zona lo obligaron a abandonar su hogar.
“Me amenazaron para trabajar cobrando dinero. Pelean pueblos para mandar ahí y ocupan gente, por eso me querían obligar a trabajar con ellos, pero yo no quería porque tenía amigos que se metían ahí y sí deja mucho dinero, pero al poco ratito los encontraban muertos”, cuenta con la mirada baja.
Cuando el adolescente le contó a su mamá que las invitaciones a trabajar se convirtieron en amenazas, esta contactó a la hermana de Alfonso, quien vive en California, para pedirle que le ayudara a sacarlo del pueblo.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Alfonso y Dayana, pese al escenario en contra, buscarán asilo en EU
“Todos los días hablo con mi mamá, me dice que le eche ganas, que no me desespere, que ya sé cómo están las cosas allá y por qué me vine. Me da ánimos”, comenta.
Tanto Dayana como Alfonso están en las listas de espera que el Instituto Nacional de Migración (INM) lleva para quienes se presentan en el puerto de entrada de El Chaparral, en Tijuana, para solicitar asilo en la Unión Americana.
Aunque, por Ley, todo solicitante de refugio tiene derecho de presentarse hasta un oficial de inmigración de Estados Unidos para hacer la petición, personal migratorio mexicano ha instalado filtros para anotar a los interesados, asignarles un turno y después de semanas de espera, mandarlos llamar para que inicien el proceso.
Si no se trata de autoridades mexicanas las que impiden la entrada a territorio estadounidense en las garitas, son agentes estadounidenses que se colocan en el trayecto para frenar a quienes no tienen documentos migratorios para cruzar la frontera.
Para expertos como la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, esto no solo implica una violación a los tratados internacionales sobre refugiados, sino que es una manera de obligar a quienes buscan asilo, a hacerlo no desde un puerto de entrada, sino a través de otros puntos de la frontera. Con ello, el gobierno estadounidense puede justificar su detención y negarles asilo.
NIÑOS USADOS COMO MONEDA DE CAMBIO PARA FINANCIAR MURO
Desde la implementación de la política de tolerancia cero, anunciada por el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions el 7 de mayo, frente al muro que separa a Tijuana de San Diego, miles de migrantes detenidos cruzando la frontera de manera indocumentada, han sido procesados penalmente.
Bajo esta nueva política, los adultos aprehendidos junto a sus hijos, algunos apenas bebés, son separados de ellos y enviados a juicio para enfrentar cargos criminales por entrada o reentrada ilegal.
De acuerdo a reportes oficiales, desde mayo que inició esta política, más de 2 mil 300 niños han sido separados de sus padres y enviados a centros de detención que van desde albergues establecidos y operados por organizaciones civiles, empresas privadas o asociaciones público privadas, centros manejados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), así como casas de campaña levantadas de último minuto en Texas.
Los albergues ya establecidos cuentan con camas, salones de clases, comedores y más servicios, en promedio, alojan a 55 niños y operan desde años. En estos lugares se ha permitido el acceso a prensa, pero sin grabadoras de voz ni cámaras fotográficas o de video, en recorridos especiales supervisados por agentes de gobierno.
En cambio, los centros de detención temporal de CBP, según fotografías filtradas hace años, consisten en bodegas o espacios amplios divididos en espacios enjaulados, sin camas, solo colchonetas en el piso, donde cada niño recibe una cobija de aluminio y comida.
Estos lugares fueron adaptados durante la administración del ex Presidente Barack Obama para dar alojamiento por un periodo no mayor a tres días tanto a menores migrantes que viajaban no acompañados, o para familias completas mientras esperaban ser deportadas o liberadas para seguir su proceso migratorio.
Sin embargo, bajo la nueva política de Trump, miles de menores fueron enviados de manera indefinida a estos centros en condiciones indignas, separados inclusos de sus propios hermanos.
Mientras que los más pequeños, desde bebés de meses hasta niños de cinco años, son mantenidos en albergues separados que se abrieron en Texas.
El hermetismo con el que la administración federal manejó estos centros, levantó la indignación de la opinión pública que llegó a su punto más álgido cuando el lunes 18 de junio, el medio de comunicación ProPublica difundió un audio en el que se escucha a menores de El Salvador y Guatemala llorando y pidiendo ver a sus padres en uno de estos centros.
Los menores preguntan dónde se encuentran sus padres y suplican ser sacados de ese lugar. La comunidad estadounidense e internacional condenó el trato del gobierno a estos niños y las múltiples violaciones a Derechos Humanos.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- “Estamos buscando lo mejor para nosotros”
Esto forzó que el miércoles 20 de junio, Donald Trump firmara una orden ejecutiva para terminar con la separación de familias que él mismo ordenó.
Al respecto, Esmeralda Flores, abogada del área de derechos del migrante en la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, señala que se trata de una medida que “no resuelve para nada el problema”.
“Maneja ese mensaje de que están reunificando a las familias, pero en realidad, van a estar detenidas juntas en las mismas situaciones indignantes que hemos visto, además, tampoco menciona cómo va a reunificar a las miles de familias que fueron separadas en las últimas semanas”, explica.
Para la activista, la verdadera solución consiste en rescindir la política de tolerancia cero que se implementó en la frontera con México. “(Trump) Pretende usar a los menores como una medida de negociación para obtener el financiamiento para el famoso muro en la frontera”.
Flores entiende la medida como una forma para “evitar que las personas entren a Estados Unidos como solicitantes de asilo, o simplemente buscando una mejor vida”.
“SI VIENEN A EU, VANA PERDER A SUS HIJOS”
Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, observa con la política de separación de familias migrantes, la vulneración de varios derechos.
El primero es el principio de la prevalencia del interés superior del niño. “Incluso si el padre o madre rompió la ley migratoria al cruzar sin papeles, importa más que el niño permanezca con sus padres”, detalla.
La investigadora adscrita al Colegio de la Frontera Norte (Colef) refiere que antes de la implementación de esta política, las familias permanecían juntas si eran detenidas sin documentos en la frontera y luego se les deportaba, o bien, eran liberados para seguir su caso migratorio, pero siempre juntos.
“La administración de Trump lo que hizo fue cancelar esto y penalizar el cruce indocumentado desde el primer momento, enviar a la cárcel a estos padres, deportarlos sumariamente prácticamente sin defensa y separados de sus hijos. Es como un secuestro”, plantea.
La doctora Castañeda hace ver también que la falta de organismos autónomos de vigilancia de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, permite al gobierno estadounidense realizar este tipo de prácticas.
Por ello, señala que el gobierno se encargó de crear una crisis para empujar los intereses de construir el muro.
“Buscan crear esta idea que hay un desorden en la frontera que no existe, cuando ellos son quienes están separando a estas familias. La cifra de menores migrantes sin acompañantes se va a incrementar a partir de abril no porque hayan venido más, sino porque separan a los menores de sus familias y luego los clasifican como sin acompañantes”, indica.
Datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados establecen que en el año fiscal 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), 40 mil 810 menores no acompañados fueron recibidos por esta dependencia, cifra considerablemente menor al del año anterior, cuando recibió a 59 mil 170 menores.
En ambos años, Guatemala es el principal país de origen de estos menores, seguido de El Salvador y Honduras, respectivamente.
La política, opina la investigadora, envía un mensaje a las familias migrantes “que si vienen a Estados Unidos, van a perder a sus hijos y no van a recibir ninguna protección”, mientras que el uso de la facultad del fiscal Jeff Sessions para instaurar esta práctica, sin una Ley de por medio, es una violación a derechos humanos que podría cometerse en una dictadura.
“Estamos viendo pasos muy preocupantes sobre el camino que está siguiendo Estados Unidos, atacan diferentes frentes desde criminalizar a cualquier migrante que viene del sur hasta buscar desnaturalizar a quienes ya son ciudadanos de Estados Unidos por haber llenado mal su forma de ciudadanía, con redadas, desprotegiendo a los dreamers”, señala.
En el monitoreo de medidas migratorias, la especialista advierte el trasfondo de “una agenda racista, de supremacía blanca, muy agresiva” y, ya que el Congreso no ha funcionado de contrapeso para la administración de Trump, el último nivel de defensa se encuentra en las Cortes y en la opinión pública, pero destaca que el mandatario republicano “prefiere demostrar fuerza al separar familias, los niños llorando lo tienen sin cuidado”.
Precisamente los recursos legales ante las Cortes es uno de los caminos que la ACLU ha seguido al presentar una demanda contra la administración por la separación de familias y la elaboración de un plan claro de reunificación de familias.
“Estamos pidiendo que las familias estén juntas, no en jaulas ni en lugares no adecuados ni privados de su libertad. Vamos a seguir protestando y apoyando las acciones en contra de la separación de familias en la frontera”, finalizó Esmeralda Flores, de la ACLU.
EL SUFRIMIENTO PARA LOS NIÑOS
Para Uriel González, director del albergue YMCA para menores migrantes donde se encuentran Dayana y Alfonso, uno de los principales impactos que sufren los menores al ser arrancados de sus padres, es el daño psicológico que se suma al estrés ya sufrido en la huida de sus comunidades violentas.
“Atravesar el territorio mexicano no es lo más fácil, han pasado por muchas experiencias, inclusive el secuestro, extorsión, encontrarse con autoridades poco amigables y, cuando llegan a Estados Unidos, no están esperando que van a volver a pasar por una situación así”, plantea el también miembro de la Coalición Pro Migrante.
“Lo que está haciendo Estados Unidos es una clara violación al derecho internacional y a los acuerdos establecidos en atención y trato a los solicitantes de refugio o asilo”, destaca.
Sin embargo, con este tipo de acciones, también se busca “desmoralizar a cualquier persona que intente ingresar a Estados Unidos y hacerlo sentir que no es bienvenido”.
Al tratar con niños migrantes en el albergue YMCA, Uriel entiende que los menores que están detenidos y separados de sus padres atraviesan una turbulencia de sentimientos, ansiedad de no saber si va a volver a ver sus padres, cómo o dónde.
Por otra parte, el activista también aborda el riesgo a su integridad física que sufren los solicitantes de refugio rechazados al tener que regresar a situaciones de peligro. “Les están cerrando la puerta en la cara, Estados Unidos está traicionando acuerdos y convenios internacionales en materia de refugiados”, sentencia.
Otra de las posibles consecuencias podría ser que mucho de los menores deportados o que decidan no ingresar a Estados Unidos al ver el trato hacia quienes piden refugio, terminen en situación de calle u obligados a hacer una actividad delictiva para sobrevivir en un territorio extranjero para ellos.
“Es una estrategia maquiavélica sin importar los atropellos que se están haciendo a la infancia. Es imponer un capricho para conseguir fondos para la construcción del muro. Estos niños están prácticamente secuestrados por el Estado”, considera González., a la par que uno de los principales problemas que conlleva la firma de la orden ejecutiva para terminar con la separación familiar, es que estas familias permanecerán en prisión en lugar de permitirles establecerse en comunidades.
“Estamos viendo como toda esta campaña de Make America Great Again se basa en tocar fibras nacionalistas, tomar y reconstruir lo que han perdido por la llegada de migrantes, usando un discurso fascista. Si no eres blanco, eres categorizado como persona non grata o como invasor del país, solamente por el perfil racial. Lo preocupante es que se use la violencia contra un grupo de alta vulnerabilidad que requiere protección. Es una verdadera catástrofe”.
Pese al escenario adverso, al sufrimiento de miles de niños que permanecen detenidos por haber cruzado la frontera sin documentos y a la incertidumbre de si en Estados Unidos encontrarán una mejor vida o serán rechazados, Dayana y Alfonso se mantienen firmes en su decisión de cruzar la frontera.
En un balance, tanto ellos como sus familias sienten que corren más peligro en sus lugares de origen.
Incrementa 110% la atención a menores migrantes no acompañados en BC
En la primera mitad del año, los módulos del Programa de Atención a Menores Migrantes Repatriados No Acompañados de DIF Baja California en Tijuana y Mexicali, han recibido un 110 por ciento más menores que en el mismo periodo del año pasado.
Sin embargo, la tendencia ha ido a la baja en los dos meses que lleva la política de tolerancia cero del gobierno norteamericano.
De acuerdo con DIF Estatal, en el transcurso de 2018 ha atendido a mil 744 menores en ambos municipios; 218 fueron repatriados en enero, 222 en febrero, 317 en marzo, 230 en abril, 190 en mayo y 100 en junio.
El 97% son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, incluso han tenido recién nacidos, generalmente acompañados de otra menor que es su madre.
Los motivos por los que intentaron cruzar hacia Estados Unidos, según reportaron, son por la búsqueda de mejor calidad de vida, para encontrarse con sus familiares en ese país y en algunos casos, para huir de amenazas de muerte en sus entidades de origen.
De los adolescentes que atienden y cruzaron ilegalmente la frontera con fines distintos a la migración, la mayoría son originarios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Baja California.
Detallaron que también han recibido menores extranjeros, 294 de 2014 a la fecha y 38 en lo que va del año, principalmente provenientes de Centroamérica, Perú, Filipinas, Inglaterra, Irak, India y Brasil.
El programa, que opera desde hace 15 años y desde hace tres años y medio ha atendido 7 mil 789 niños, tiene capacidad para 26 usuarios, aunque lo máximo que reciben por día son ocho, explicó la procuradora para la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda.
Los menores son entregados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al Instituto Nacional de Migración (INM) en las garitas en Tijuana o Mexicali, el cual los canaliza con DIF, cuyo personal indaga el paradero de sus familiares en el país o en Estados Unidos.
En el módulo permanecen unas horas y posteriormente son trasladados a los albergues estatales, donde pueden estar de tres días a dos semanas, en lo que son entregados a personas que comprobaron su parentesco; o son llevados por personal de DIF a sus lugares de origen, vía camión o avión y entregados a la misma dependencia de la entidad correspondiente.
El Programa de Menores Migrantes No Acompañados opera con “casi tres millones de pesos”, dijo la presidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho, recurso que provee el Estado -ya que desde 2015 el Gobierno Federal no asigna presupuesto-, el cual “siempre resulta insuficiente” por los gastos de traslados de menores a sus lugares de procedencia. Karla Castillo Medina
Nuevo muro acecha entre los límites de Tijuana y San Diego
El lunes 18 de junio de 2018, el gobierno de Estados Unidos inició la renovación del muro fronterizo que divide a Tijuana de San Diego, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional y de Playas de Tijuana, puntos donde la infraestructura ya era considerada obsoleta por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con un informe de la Patrulla Fronteriza del país vecino, estas obras forman parte del proyecto de construcción que reemplazará aproximadamente 14 millas de una pared de “chatarra” que en proporciones medía de 8 a 10 pies de altura, por un muro metálico estilo bolardo de 18 a 30 pies de altura y cubierto con una placa anti-escalada.
La empresa encargada de llevar a cabo esta reestructuración del muro es SLSCO, con sede en Texas, a la que se asignó un contrato por 147 millones de dólares; empresa y obras en la que están trabajando alrededor de 50 mexicanos, de acuerdo con datos que los propios trabajadores proporcionaron a ZETA.
La Patrulla Fronteriza también informó que el muro en esta área fue construido en la década de 1990 con restos de metal reciclado y antiguas placas de acero de una plataforma de desembarco de la era de Vietnam, y aunque en su momento fue un muro eficaz, “la amenaza transfronteriza ha aumentado” y por ello era necesario su reemplazo.
Uno de los puntos donde se realizan estas obras, es a la entrada de Playas de Tijuana, a la altura del fraccionamiento Terrazas de Mendoza, donde gran equipo y maquinaria fueron instalados mientras retiraban parte de malla metálica.
El otro punto es en la avenida Aeropuerto, a un kilómetro de la terminal aeroportuaria internacional de Tijuana, donde también se concentra una fuerte cantidad de personal y maquinaria y las obras van un poco más avanzadas; ya se visualiza el muro nuevo entre los límites de ambos países.
Respecto a estas construcciones, Roberto Espinosa, representante de la Comisión Internacional de Límites y Territorios (CILA) en Tijuana, señaló que México no comparte la idea de levantar muros, por lo tanto, es una decisión unilateral de Estados Unidos, debido a que va contra los principios de buena vecindad, de convivencia y trato entre países amigos y socios. Sin embargo, destacó que están en su derecho.
De acuerdo al reporte de la Patrulla Fronteriza en San Diego, en 2017 se registró una considerable cantidad de arrestos por entradas ilegales y contrabando de drogas, los números indican que aprehendieron a 26 mil 086 extranjeros ilegales.
De igual forma, aseguraron 10 mil 985 libras de marihuana, 2 mil 903 libras de cocaína, 4 mil 123 libras de metanfetaminas y 5mil 707 onzas de heroína a lo largo de 60 millas de frontera con México. Y contabilizaron 83 asaltos contra agentes de la Patrulla Fronteriza. Manuel Ayala Chávez
