El regidor independiente de Tecate, Jesús Alfonso Aramburo Zatarain, señaló que hoy más que nunca, la Sindicatura de dicho municipio ha perdido toda la credibilidad, luego de que se expusiera al Síndico Gerardo Sosa Minakata, ordenando a elementos de la policía que no multaran a sus familiares, quienes violaron el reglamento de tránsito; por lo que exigió al Congreso del Estado y al propio Ayuntamiento para que se le investigue por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
En entrevista con ZETA, el regidor refirió que desde el sábado 26 de mayo que se presentó esta situación, pidió la renuncia del Síndico, lo que significaría “una acción responsable” que ayudaría a recobrar esa credibilidad en la institución, debido a que “es bastante clara la grabación de los policías y lo que dijo Sosa Minakata en defensa propia ya no tiene validez”.
Por esta situación, confirmó que el jueves 31 de mayo entregaron un documento al Congreso del Estado en el que le solicitan que se realice una investigación sobre el caso; documento firmado por cinco regidores: Otto Magno Leaño Mendoza (Panal), Frikzia Ibeth Flores Martínez (PRI), Raquel Quintero (PAN), Patricia Guadalupe de León Ramos (PES), el propio Aramburo Zatarain, y la presidenta municipal Nereida Fuentes; tres de los ediles no lo firmaron.
Documento del cual -hasta el cierre de esta edición-, no se había obtenido alguna respuesta, sin embargo, como el escrito se realizó en una “reunión informal”, aunado a que “hay un poco de informalidad” en esta presidencia y aparte existe “cierta timidez” en el tratamiento del caso; el regidor independiente ya solicitó a través de un exhorto que se reúnan todos en una sesión extraordinaria de Cabildo para tratar exclusivamente este tema del Síndico.
El lunes 25 de mayo, Gerardo Sosa Minakata, Síndico Procurador de Tecate, ofreció una atención a medios en la que se excusó que “nunca” le pidió a los policías que no multaran a las personas, sino que solamente “usaran su criterio”; además que lo hizo por la confianza que se tienen entre trabajadores, esto aun cuando ninguna de las dos personas que habían sido detenidas, llevaba placas en sus motocicletas y solo uno portaba licencia para conducir.
El funcionario replicó que sabe que “no era la forma” en la que debió haber hecho la llamada, sin embargo, sostuvo que fue totalmente “falso” lo que manifestaron los oficiales, sobre todo porque -aclaró- que ellos no fueron suspendidos por esos hechos, sino por otras circunstancias derivadas de quejas por abusos de poder.
Sobre estos comentarios, el regidor destacó que sin duda alguna, el Síndico trata de excusarse y busca una forma de tratar de desviar el tema de lo importante, que es el tráfico de influencias, por ello está ejerciendo presión sobre los policías para que se retracten.
Consultado por este Semanario, el abogado Jorge Alberto Acosta Márquez, quien también es representante legal de Hidrocarburos del Noroeste, confirmó que efectivamente está claro que el Síndico incurrió en una situación penal de tráfico de influencias, delito que conlleva una pena de entre tres y seis años de prisión.
Agregó que las personas afectadas tendrán que poner la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se le dé seguimiento al caso, aunque la propia ciudadanía puede hacer la denuncia a través de una firma masiva ante el Ayuntamiento, para que sea la institución quien realice una investigación interna o mediante la propia Sindicatura.
Detalló que también se puede hacer a través de un oficio, por la responsabilidad directa de un servidor público, ante la Contraloría del Estado, considerando también que en Baja California ya no hay fuero para los servidores públicos; por lo tanto, ya se le puede entablar una investigación y por ende, un juicio incluso político.
