Néstor Barral, juez federal en Argentina, consideró ayer martes, que existen pruebas suficientes contra los colombianos María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo mayor del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria, por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, un delito que en el país sudamericano puede causar una pena de hasta 10 años de prisión.
Además, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, ordenó un embargo des sus bienes por 30 millones de pesos (aproximadamente 1.2 millones de dólares). Así lo informaron fuentes judiciales citadas por los diarios El Tiempo de Colombia y El País de Uruguay.
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El magistrado también procesó al exjugador del club Boca Juniors, Mauricio Alberto Serna Valencia, conocido como “Chicho” Serna, a quien también le ordenó idéntico embargo que a la viuda y al heredero del desaparecido jefe del Cartel de Medellín.
El juez hizo lugar al pedido de procesamiento contra a quienes en vida de Escobar Gaviria se llamaban Victoria Eugenia Henao Vallejo, de 57 años de edad, la “Tata”, y Juan Pablo Escobar Henao, realizado por el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por Laura Roteta.
La investigación comenzó el 1 de septiembre de 2016, cuando la Procunar recibió, de parte del representante de la Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en la Argentina, una nota donde en la que se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que era investigada en Colombia, estaba vinculada con personas físicas y jurídicas “radicadas dentro del territorio argentino”.
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El funcionario de la agencia antidrogas estadounidense -del cual no se citó su nombre- explicó que “el grupo criminal se encontraba liderado por José Piedrahita Ceballos, de nacionalidad colombiana, y que tenía contacto directo en la Argentina con Mateo Corvo Dolcet”.
“Entiendo que María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos”, sostuvo Barral en su resolución, publicada hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ) argentino.
“Fue a partir de la conducta de los aquí imputados que la ideación criminal comenzó a materializarse en una serie de actos delictivos múltiples orquestados y controlados minuciosamente por Piedrahita Ceballos y Mateo Corvo Dolcet, los cuales le permitieron al ciudadano colombiano inyectar millonarias sumas de dinero sospechadas de provenir del tráfico de drogas en el sistema financiero local, ya sea mediante giros provenientes del exterior del país como a través del intercambio de bienes que efectuara con Serna”, señaló el juez.
“Queda claro que sin la particular intervención activa de ellos [la viuda y el hijo de Pablo Escobar], las cuestionadas inversiones de Piedrahita Ceballos no se hubieran concretado, así como tampoco las maniobras criminales de lavado de activos de origen ilícito corroboradas. Al menos no de la forma en que los hechos ocurrieron, pues las partes no se hubieran conocido y, consecuentemente, materializado las citadas inversiones”, abundó el magistrado.
Tanto la viuda, como el hijo de Pablo Escobar se negaron a responder en vivo y en directo los cuestionamientos de los funcionarios judiciales, y enviaron en mayo de este año, en su lugar, escritos para explicar su vínculo con Piedrahíta y con Mateo Corvo Dolcet.
La viuda del ex líder del Cártel de Medellín contó que conoció a Corvo Dolcet al poco tiempo de haberse radicado en Argentina, a través de un conocido en común. Corvo Dolcet, dijo Santos, era abogado, pero luego se lo volvió a encontrar y él le dijo que estaba concentrado en proyectos inmobiliarios.
Cuando ya llevaba un tiempo en Argentina, su hijo Juan Sebastián, arquitecto de profesión, empezó a desarrollar una iniciativa en un lote de su propiedad en Buenos Aires. María Isabel Santos viajó entonces a Medellín a buscar inversores y allí conoció a Piedrahíta, invitado al evento por su hermana Luz Mariana Henao.
Piedrahíta, aseguró la mujer, se presentó como un empresario ganadero y de frigoríficos. “Casi todos los que participaron en la reunión lo conocían y trataban naturalmente con él, toda vez que sus emprendimientos ganaderos aparecían en las revistas económicas de la región”, dijo.
Para ese momento, Santos también sabía de un proyecto de Corvo Dolcet y buscaba potenciales clientes a cambio de comisión. Así fue como, aseveró, terminó presentándole a José Bayron Piedrahíta, con el cual pactó una comisión del 4.5 por ciento de lo que el colombiano fuera invirtiendo en el proyecto del empresario argentino pero, según relató la viuda, Corvo Dolcet fue poco transparente.
Gracias a la intermediación de su hijo, Juan Sebastián Marroquín, Santos reclamó su comisión completa, 101 mil 900 dólares, en 2011. Marroquín, por su parte, contó también su versión de los hechos: dijo que conoció a Piedrahíta a través de su madre, como un empresario ganadero que no correspondía al estereotipo del narcotraficante colombiano.
Sin embargo, las explicaciones de la viuda y del hijo de Pablo Escobar no fueron suficientes para el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, ya que según dicha instancia judicial, Piedrahíta trató de ingresar a Argentina capital que derivaba del narcotráfico, y lo hizo con una “pantalla” para lo cual se habrían prestado Mateo Corvo Dolcet, la familia de Pablo Escobar y al “Chicho” Serna.
“Los imputados estaban enterados de las actividades narcocriminales que desplegaba el señor José Bayron Piedrahita Ceballos en el exterior, y de la ilicitud consecuente de los fondos”, concluyó el Juzgado.
