“Hay siete puntos estratégicos identificados como perjudiciales, difíciles para arrancar y, como blancos específicos, Miramar es uno de ellos, Esterito, Pedregal, la zona de Santa Fe, Agustín Olachea; todas estas zonas están plagadas de delincuentes, pero también de armamento que sigue en las calles”, dijo una fuente policial a ZETA. La realidad es que autoridades siguen identificando armas reutilizadas por criminales organizados en varias ejecuciones y no hay legislación que acabe con este flagelo de la seguridad pública
“Hemos detectado que entre los mismos grupos delincuenciales se están traspasando las armas, pero no como un intercambio, sino que entre grupos criminales se están dando duros golpes a bandas de narcomenudistas, asaltantes y rateros, los están desarmando y ejecutando para poder hacerse de armamento y seguir en la impunidad, pues ha habido un cerco de seguridad que es más difícil, no imposible, pero sí difícil de acceder a un arma”, reveló a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública ante los hechos que ocurren en La Paz, lo cual quedó evidenciado el martes 5 de junio, después del ataque a Christian Guadalupe Higuera Méndez “El Teacher”, de 31 años de edad y de ocupación albañil.
Sicarios fueron directo en contra del joven habitante de la colonia El Pedregal del Cortés en La Paz, y también miembro del grupo delincuencial de Héctor Enrique Calderón Amador alias “El Chichi Tereso”, de 31 años.
Según el último mapa delictivo elaborado por fuerzas de inteligencia del Estado, el grupo denominado “Los Teresos”, que según el último mapa delictivo elaborado por las fuerzas de inteligencia del Estado, controlaba las operaciones del Pedregal, Ciudad del Cielo, Panteón y La Ladrillera, así como parte de la zona de Esterito”, dedicándose a la venta de droga, asaltos y robos.
Cuando sicarios atacaron a “El Teacher”, este iba caminando por el Andador Amado Cota y Pedregal del Cortés, muy cerca de su domicilio, donde recibió un impacto de bala.
“Trauma penetrante en tórax por disparo de arma de fuego, con orificio de entrada en la tetilla izquierda y orificio de salida en costado izquierdo, causando neumotórax. Lesiones que por su naturaleza tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida”, describe el parte médico.
Momentos después del ataque de pistoleros, los ciudadanos hicieron una nueva denuncia en el Andador Hermanos Talamantes, “al parecer en un departamento hay varios hombres armados, como que algo buscan”, detalló el reporte.
Sin embargo, la situación que prevalece en Pedregal del Cortés demuestra que no hay comandancia y menos aún presencia policial, lo que generó que la llegada de los oficiales fuera tardía y con total impunidad, ya que los sicarios se retiraron de la zona sin siquiera ser vistos.
Foto: Cortesía- Arturo Rubio Ruiz, Presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias afines del Estado considera que las armas aseguradas por el Poder Judicial de la Federación, en su totalidad estuvieron involucradas con carpetas de investigación y homicidios, es necesaria una pronta tarea para erradicar su presencia en las calles.
“Están erradicando al grupo que controlaba la zona del Pedregal, pero queda muy claro: esta colonia se ha convertido en nido de malandrines, se han apoderado de gran parte de los departamentos y están operando desde aquí. Ha llegado el momento que otro grupo ha reclamado la zona, los están desarmando para continuar con la serie delincuencial”, informó a este Semanario una fuente del Grupo de Coordinación.
El Pedregal del Cortés está identificado en el mapa de inteligencia delictiva como uno de los puntos de mayor incidencia y con miras a erradicar la violencia, pues los cuerpos de seguridad han identificado la operación de la banda criminal, pero antes de ellos están operando otros grupos de la delincuencia organizada, los cuales se “adelantaron” a los oficiales a operar y desarticular el mando de “Los Teresos”, el cual tenían por décadas.
“Hay siete puntos estratégicos identificados como perjudiciales, difíciles para arrancar y como blancos específicos, Miramar es uno de ellos, Esterito, Pedregal, la zona de Santa Fe, Agustín Olachea; todas estas zonas están plagadas de delincuentes, pero también de armamento que sigue en las calles y sigue representando peligro, el problema es que con estas operaciones de ‘la maña’ se están apropiando de armas y están ingresando a otros puntos que estaban blancos de delincuencia”, confió la fuente policial.
Según datos de inteligencia militar, “Los Teresos” llegaron a operar como oficiales e ingresaron a domicilios a levantar a sus víctimas, incluso para apropiarse de droga, asaltar y ajusticiar a la ciudadanía, como ocurrió con el apodado “El Chichi” el 21 de mayo, en cuyo departamento, marcado con el número 368, al final del Andador David Peralta Osuna, le fueron encontradas gorras con insignias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), uniformes de la institución, fornituras y equipo táctico; además de tres fundas en las que se presume, había armas cortas, y 50 cartuchos útiles de arma corta y larga.
“Estimamos que había por lo menos tres pistolas, rifles de alto poder entre las pertenencias sustraídas. Esas armas seguirán delinquiendo en otros puntos y por otro grupo”, señaló el agente de Seguridad Pública.
Las armas tal vez no estén ingresando en la misma proporción que lo hacían antes, pero las que ya estaban se están reutilizando en diferentes grupos y contrarios. Al detener el flujo de nuevo armamento, las células de la delincuencia organizada, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que predomina el control en La Paz, están reciclando armamento.
ARMAS LLEGARON PARA QUEDARSE
El ex procurador general de Justicia del Estado, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, aseguró que “hay armas que se han utilizado cuatro, cinco, seis o siete veces. Todos debemos trabajar de una manera muy coordinada para que evitemos que esas armas caminen de un lado a otro para que se utilicen y no se cometan más homicidios”.
En su momento, tal armamento era utilizado en diferentes eventos, pero los criminales tranquilamente se iban sin ellas y entraban nuevos sicarios.
Durante su turno en la PGJE, de octubre de 2015 hasta el 12 de diciembre de 2017, Palemón Alamilla acumuló 889 homicidios en 803 días al frente de la institución, es decir, 1.1 homicidios por día. La distribución de homicidios dolosos por periodo fue de 19 de octubre a noviembre de 2015; 225 en 2016; y en 2017, el año más violento en la historia de BCS al ocupar el primer lugar de Semáforo Delictivo, ocurrieron 645, la mayor incidencia por delincuencia organizada.
Pero la culpa no fue solo de la autoridad, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fue crucial para que presuntos delincuentes, particularmente sicarios, pudieran mantenerse con operación con total impunidad, ya que la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas no es un delito grave y alcanza fianza; cuando los exámenes IBIS practicados al armamento asegurado llegaban, los delincuentes ya estaban “del otro lado del charco”.
Bandas criminales eran desarticuladas por agentes de seguridad pública, Policía Ministerial, estatales y municipales, incluso “criminales peligrosos con armas escondidas en compartimentos de los vehículos”, celebró en su momento el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
El 1 de agosto de 2016 fue denunciada la ejecución de un joven en la colonia La Fuente de La Paz, posterior a ello y minutos después, fueron detenidos tres presuntos sicarios muy cerca del fraccionamiento Camino Real, los cuales tenían armas de grueso calibre “escondidas en un doble fondo de la camioneta”, dio a conocer en su momento el vocero del Grupo de Coordinación y secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.
“El Chichi Tereso” controló El Pedregal del Cortés, La Ladrillera, Ciudad del Cielo, Agustín Olachea y Esterito, se refugiaron en una de las colonias más peligrosas de la capital, una zona donde no hay policías.
Pero no tardó mucho para que los delincuentes siguieran en las calles. Cristóbal “N”, Joan Alejandro y Rigoberto “N” regresaron a las calles y de ahí partieron hacia otra entidad federativa.
“En cuanto a la estadística que publica el Poder Judicial de la Federación, todas las armas de alto calibre que se ponen a disposición con alguna relación en alguna carpeta de investigación con detenido, han aparecido vinculadas con hechos delictivos que invariablemente han perdido la vida personas, y eso ha generado una enorme impunidad; pareciera que las armas se quedan aquí, vienen los sujetos, realizan el acto delictivo se van y aquí quedan las armas, se ha encontrado el mecanismo para vincular al autor y con el arma”, informó Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias afines del Estado.
Las armas siguen siendo las mismas, y los delincuentes, como si fueran sicarios intercambiables, entran y salen, y las operaciones siguen en aumento.
“El sellamiento del acceso de las armas a la entidad es muy importante, pero también hay una tradición o costumbre muy arraigada de tener armas en las casas, los particulares no tenemos ninguna razón que justifique que se tengan armas, y más que sean armas de alto calibre, creo que debería haber una campaña más agresiva por parte de las autoridades como se ha hecho en otras partes de la República, donde se cambian armas por aparatos eléctricos, o se recompensa (entregar) armas de ese tipo”, reiteró Rubio Ruiz.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha realizado campañas de desarme, sin embargo, pagan más los delincuentes en el mercado negro por un rifle de asalto que las autoridades.
Además, al interponer una denuncia anónima ante las instituciones para localizar armas, los propios oficiales amedrentan a los denunciantes que supuestamente denunciaron “anónimamente”, entonces el Estado de Derecho no ayuda.
Por ello el Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines del Estado, recomienda reforzar los puntos de acceso a la entidad., sacar de las calles y de las casas las armas en circulación, y dar recompensas más atractivas para quien entregue armas de grueso calibre.
“Si en el mercado un ‘cuerno de chivo’ vale 20 mil pesos y entregas electrodomésticos de poco valor, es más atractivo el mercado negro para venderlo que la oferta de las autoridades, sale mejor venderlo que entregarlo”, lanzó el presidente del Colegio.
LEGISLACIÓN E IMPUNIDAD
“La portación de arma de fuego es un delito federal, compete al Congreso de la Unión hacer esa modificación, ya hay una iniciativa para que las armas que se consideran de alto poder se les imponga prisión preventiva oficiosa, es decir, se está trabajando en una reforma constitucional, para que en el texto constitucional el arma de fuego, de las llamadas letales o de alto calibre, sean de prisión preventiva oficiosa”, informó un experto en delincuencia organizada consultado por ZETA.
El propio Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, ha arrojado la petición a senadores y diputados para “buscar la prisión preventiva de oficio a quien porte un arma de fuego”, de esta manera se podría vincular a delincuentes con homicidios registrados.
En la entidad se han asegurado armas de fuego, tanto cortas como largas y, cuando la persona paga una fianza, queda libre bajo reserva, y para que la autoridad vuelva a ver a esa persona tendría que analizar el arma y determinar que ha participado hasta en siete eventos distintos, lo que complica la acción penal en el Estado.
Baja California Sur resintió estas complicaciones cuando se aplicó la nueva Ley de Procedimientos Penales, un proceso garantista que “tiene fallas”, como han reconocido expertos en la materia.
“Es distinguir entre una 9 milímetros, que dentro de las reservadas, no es tan peligrosa como un AK-47 o un AR-15 o un M16, un M4, las de muy alto calibre son en las que se busca prisión preventiva”, refirió el experto en delincuencia organizada.
Para el Colegio de Posgraduados, la mala práctica de esta implementación ha generado impunidad, fiscales favorecen a delincuentes y establecen rápidamente fianzas en lugar de colaborar con los cuerpos de investigación y alargar al máximo la detención preventiva para que la investigación arroje resultados.
Pero ahora ha quedado claro que lo que se requiere es una reforma al Código para que haya prisión preventiva, pues como bien señalan, un rifle de asalto no es un simple instrumento de protección en el hogar, “tenemos varios casos, de hecho al inicio de la implementación del sistema, era el caso más recurrente, la puesta a disposición más común para las autoridades federales, es la portación de esas armas, en la cuestión de las portaciones son las que han llevado a que se inicien carpetas de investigación y que se busque vincular a proceso a personas que fueron sorprendidas en flagrancia, portando armas de grueso calibre, y como no es un delito grave, obtienen la libertad provisional”, argumentó Arturo Rubio.
Y es precisamente lo que aclara el Colegio de Posgraduados, la definición de parte de la autoridad entre un rifle de alto poder y un arma corta, que podría reducir considerablemente la presencia de sicarios que al amparo de la Ley, prevalecen en impunidad y por consiguiente, siguen delinquiendo.
“Ha habido un enorme reproche social a esa facilidad con que las personas que portan esas armas están en libertad; este es un paso, yo puedo creer que una persona que trae una 9 milímetros para su defensa, que traiga una 380, puede que sea una persona que se pueda considerar como inocente, la presunción de inocencia no debe ser absoluta; si portas un arma que es tan letal, si es tan lesiva que sus balas pueden atravesar un chaleco, es obvio que tu objetivo es dañar, lesionar y atentar contra la vida. Por eso creemos que la presunción de inocencia debe limitarse”, lanzó Rubio.
El cambio vino a descomponer la forma de aplicar la Ley, y pareciera que los diputados pasaron de noche, pues no solo cambió la legislación a nivel nacional, sino que a nivel local se vinieron cambios que los legisladores locales siguen ignorando.
“Cuando nos regía el Código Penal para el Distrito Federal existía el ataque peligroso, que era cuando alguien realizaba una conducta que ponía en peligro la vida, la integridad de otra persona cometía el delito de ‘ataque peligroso’, al considerarlo los integrantes de la Primera Sala en aquel tiempo de manera subjetiva. El ataque peligroso desapareció del tipo penal, y respecto de ese criterio desaparecieron los tipos penales vinculados con los que se conocen como delitos de peligro, como realizar un disparo de arma de fuego”, planteó Rubio ante la nula labor legislativa.
En cierta manera, si una persona es detenida por portar un arma y hacer disparos fuera de los sitios indicados o permitidos, anteriormente se consideraba un riesgo de agresión, lo cual permitía disminuir la presencia de armamento; hoy eso ya no existe en el Código Penal de Baja California Sur, “el disparo así se haga al cielo o al suelo, no deja de ser una conducta que puede agredir la integridad física de las personas, la vida misma, porque los proyectiles pueden fraccionarse, tener un rumbo impreciso e incierto; consideramos que accionar un arma de fuego como tal, pone en peligro la integridad corporal a la vida de las personas, las balas perdidas, sobre todo en festejos como fin de año y Navidad, que en algunas comunidades se acostumbra disparar al aire. Es una conducta que pone en peligro”, remató el también maestro en Derecho Penal.
DIPUTADOS PARA PROTEGER A SUDCALIFORNIANOS
“Nuestros códigos penales deben proteger no solo a los bienes jurídicos, como es la vida y la integridad corporal, no solo de ataques directos, sino de la puesta en peligro, sí creemos que debiera volverse a considerar como una conducta penalmente sancionable el accionar un arma de fuego”, explicó el experto en delincuencia organizada consultado por ZETA.
El Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines del Estado coincide con que faltó ver por las necesidades de la entidad y armonizar las leyes.
Algunos diputados de la actual Legislatura han tenido el descaro de nuevamente buscar el cargo, cuando no tienen el mínimo interés en coadyuvar a proteger a la comunidad. Aquí los que quieren repetir y sus suplentes, quienes fungen como meros observadores:
Norma Alicia Peña Rodríguez. Representante del I Distrito Electoral, solicitó licencia para buscar el Distrito II local; Teresita del Nino Jesús Quiroz Pérez, es su suplente.
Alfredo Zamora García. Por el II Distrito Local, con licencia y busca el Distrito III. Metió la iniciativa para despenalizar el exceso en la legítima defensa, única que abordaba la seguridad, pero fue vetada por el gobernador; su actual suplente es Antonio Lucero Lucero.
Sergio Ulises García Covarrubias. Representó al VII Distrito electoral, actualmente cuenta con licencia y le suple José Alberto Robles.
María Guadalupe Saldaña. Representante del VIII Distrito electoral, solicitó licencia y fue más arriba en busca de una senaduría. Su suplente es Laura Herrera Rendón.
Edson Jonathan Gallo Zavala. Del IX Distrito, ahora con licencia y quizá a quien más se le pueda reclamar. Ocupó la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública y poco hizo por apoyar, simplemente pasó “nadando de muertito”. Suplente en funciones: Marcial Flores Castro.
Venustiano Pérez Sánchez. Representó al XI Distrito y actualmente busca una diputación federal del Distrito 02; su suplente es Celestino Rangel Moreno.
Joel Vargas Aguiar. Del XIV Distrito, también busca reelegirse y su suplente es Onésimo Mendoza Ramírez.
Eda María Palacios Márquez. XVI Distrito, busca ser diputada federal por el Distrito 01. Suplente: Rebeca Espinoza Aguilar.
Anteriormente la Comisión de Seguridad Pública fue encabezada por Edson Gallo Zavala (presidente), Araceli Niño López (secretaria, quien también busca otro puesto) y Camilo Torres Mejía (secretario), diputado por representación proporcional.
Ahora, Alejandro Blanco Hernández encabeza la comisión, le apoyan Camilo Torres Mejía y José Alberto Robles.
“Nuestro Código Penal se encarga a especialistas del exterior, que no conocen la realidad y la idiosincrasia particular del habitante de Sudcalifornia, y nuestros diputados no leen lo que publican, no revisan el trabajo legislativo que realizan, se concretan a votar en paquete, en bloque, a defender intereses de grupo, y eso es parte de nuestro problema: necesitamos hacer de nuestra exigencia con los diputados una costumbre, hay que llamarlos a cuentas porque no están haciendo su trabajo adecuadamente”, es la denuncia desde el Colegio de Posgraduados en Derecho.
En este tema, es necesario cualquier acción relacionada a un arma de fuego, que ponga en peligro o atente contra la integridad o la vida humana, se considere un delito.
Esto cambió y los diputados ni cuenta se dieron, incluso podría ser oportunidad para que hagan algo para sancionar conductas que pudieran significar un daño a los pobladores y hacer señalamientos o peticiones al Congreso de la Unión para dictar prisión preventiva a quien porte arma de fuego, pero prefieren pasarla sin preocupaciones en el Congreso local.
“Los diputados pueden ser tan ignorantes como ellos sean, finalmente no se requiere preparación o capacitación para representar a un grupo en particular, pueden ser los más ignorantes del planeta, lo que no podemos permitir es que los asesores sean igual de ignorantes que ellos, la exigencia que venimos planteando es que los asesores parlamentarios no sean nombrado por los diputados de manera directa, porque lo que hacen es que nombran a la novia, querida, a la prima, a la amiga como asesores, no a quien verdaderamente conoce la materia”, lamentó el colegiado y experto en Derecho.
Quienes hacen posible que las leyes se hagan, no son los diputados; los verdaderos encargados de la Comisión de Seguridad Pública son Roberto Cervantes de La Peña y Luis Javier Soto Vega, asesores de Edson Gallo en su turno como diputado, y ahora con Alejandro Blanco.
“Necesitamos reglamentar, incluso llevarlo al texto constitucional del Estado e implementar la carrera del asesor parlamentario, quien quiera ser asesor del Congreso, debe ser certificado, calificado y actualizado en materia legislativa”, consideró el consultado.
La última reforma en el anterior Código Penal de BCS data del 28 de junio de 2014, TÍTULO DECIMOPRIMERO. DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL, CAPÍTULO 1. DISPARO DE ARMA DE FUEGO, que en su Artículo 243, establecía aplicar prisión de tres meses a dos años y multa de hasta cien días de salario, al que dispare un arma de fuego, sin ánimo lesivo pero poniendo en peligro la vida o la integridad corporal de alguna persona.
En el Código que rige al Estado, última reforma el 31 de diciembre de 2017, en TÍTULO DECIMOPRIMERO, DELITOS CONTRA LA PAZ DE LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, no hay un artículo que contemple los disparos de arma de fuego.
