Cuando la constructora brasileña Odebrecht canalizó recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, a cambio de obtener contratos para desarrollar obras en la industria petrolera (según información difundida por la organización Quinto Elemento Lab), José Antonio Meade Kuribreña estaba fuera del sector energético y se hacía cargo de la Secretaría de Hacienda; pero un año antes, como secretario de Energía, permitió que un proyecto impulsado por Braskem-Idesa (filial de la compañía extranjera), se mantuviera en marcha, con todo y haber sido objeto de observaciones; lo cual le generaría pérdidas a Petróleos Mexicanos por mil 900 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación del movimiento en pro de la transparencia, conocido como Poder, el 29 de abril de 2011, el hoy candidato del PRI a la presidencia de la República, tras unos meses de haber asumido la titularidad de la SE, encabezó una reunión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en la que se sometió a revisión, un contrato celebrado entre la paraestatal y Braskem-Idesa, relativo al servicio de suministro de etano por 20 años, así como a la construcción de una planta privada para producir polietileno.
Una de las principales críticas al proyecto fue que tendía a “incrementar la producción de petroquímicos en el sector privado, a costa de Petróleos Mexicanos”, lo cual no conllevaba beneficios tangibles “para el consumo nacional”; observación realizada por el consejero administrativo, Héctor Moreira Rodríguez, quien se pronunció en nombre de otro miembro del Consejo, Rogelio Gasca Neri, quien no acudió a la sesión y en su momento había criticado que Pemex vendería gas y crudo “con un 20% o un 30% de descuento respectivamente”, sin “cobrar los costos de importación, transporte ni separación del etano”.
En el marco del convenio entre Petróleos Mexicanos y Braskem-Idesa, la filial de Odebrecht solicitó a Pemex elevar las tarifas de importación de polietileno y que no ampliara sus plantas de producción de ese compuesto químico (utilizado para fabricar tuberías, recubrimientos, entre otros materiales).
En la misma sesión, Meade Kuribreña rehusó dar respuesta “a las preguntas estructurales del Proyecto Etileno XXI” y simplemente propuso votar por su continuidad, sin haber atendido a cabalidad, los reclamos sobre la falta de estrategia para la paraestatal mexicana. A propósito del contrato respectivo, indicaría que “ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”, y sobre su firma, funcionarios encabezados por el entonces secretario de Estado, arguyeron que se dio bajo los términos de la Ley.
Finalmente, a 10 meses de haberse puesto en marcha el consabido proyecto, Petróleos Mexicanos registró pérdidas por mil 900 millones de pesos, “pues vendió el etano a un precio más bajo de lo que cuesta entregarlo”, según reveló la investigación de la iniciativa Poder, con base en datos de Auditoría Superior de la Federación.
