El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, acudió ayer miércoles al Juzgado de Control con sede en el penal de Pacho Viejo, para recibir de la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, Alma Aleida Sosa Jiménez, la orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por su probable participación como autor intelectual de la desaparición forzada de 13 personas.
Durante una audiencia privada, Winckler Ortiz y fiscales especializados en desaparición forzada de personas de la entidad, presentaron datos probatorios para que la juez concediera la orden de arresto, la cual será notificada al ex mandatario estatal en su celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra preso, tras su extradición desde Guatemala.
Esta es la tercera orden de aprehensión que obtiene la Fiscalía veracruzna en contra del ex mandatario, sin embargo, es la primera por un delito tipificado como grave. Según el medio electrónico Animal Político, este caso la orden de aprehensión no puede ser ejecutada de forma inmediata.
Ello debido a que Duarte de Ochoa fue detenido y extraditado desde Guatemala, en julio del 2017, y las clausulas del Tratado de Extradición con dicho país establecen que solo se le puede procesar por los delitos por los cuales se concedió la extradición, y que en ese momento eran solo hechos de corrupción.
Sin embargo, tal como lo informó ese mismo portal el pasado 21 de mayo, la Fiscalía de Veracruz tiene la posibilidad de solicitar al Gobierno de Guatemala que se haga una excepción al tratado, para procesar a Javier Duarte por el ilícito de desaparición forzada de personas, considerado de lesa humanidad, trámite que tiene que realizarse a través de la Prcuraduría General de la República (PGR).
Según las acusaciones en su contra -que constan dentro del expediente 459/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la Ciudad de México-, en el año 2016, el ex gobernador habría ordenado a Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado, alterar las cifras del descubrimiento de los cadáveres de 19 personas, halladas en la localidad de La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
A su vez, a Bravo Contreras se le atribuye ordenar a mandos medios, tres de ellos presos en Pacho Viejo, no reportar la totalidad de los cuerpos, sino presentar solo seis. Uno de los 13 restantes, el cadáver de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el policía David Lara Cruz, quien fue abandonado en el municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado, luego de ser secuestrado por sus mismos compañeros.
Bravo Contreras se encuentra prófugo de la justicia desde el mes pasado, y hay una recompensa de cinco millones de pesos por información que propicie su captura. Por el delito de desaparición forzada de personas, según ley aplicable desde el pasado 16 de enero, Duarte de Ochoa podría alcanzar una pena de hasta 60 años de cárcel.
Sin embargo, los abogados del ex mandatario solicitaron la protección de la justicia federal, ante los señalamientos de la Fiscalía de Veracruz por la posible comisión del delito de desaparición forzada, por lo que tramitaron un amparo, reclamando actos fuera de juicio, tratando de evitar que Javier Duarte sea investigado y llamado a declarar.
En febrero pasado, el ex gobernador comunicó al responsable de la Procuraduría General de la República, estar “a su disposición”, para declarar sobre el caso de las supuestas desapariciones forzadas, mismas que asegura, le trata de imputar “injustificadamente” la Fiscalía de Veracruz.
Por su parte, Alma Aleida Sosa Jiménez, es la misma juez, que en otra causa penal, ordenó la detención y vinculó a proceso a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de seguridad pública estatal, además de 18 ex mandos policíacos más, a quienes se les procesó como presuntos responsables del delito de desaparición forzada.
