Ante la avanzada del sector empresarial contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, considerado por algunos inversionistas como una opción por la que no conviene votar, la Presidencia de la República hizo un llamado para que se respete el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto en libertad.
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, mencionó en declaraciones al periódico Reforma, que el sufragio constituye una garantía consagrada en la Constitución, a propósito de la cual, las autoridades tienen la obligación de vigilar que no se quebrante, sobre todo, aquellas que se erigen como instituciones electorales.
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El caso tiene que ver con el exhorto que empresarios como Germán Larrea y Alberto Baillères, han hecho a sus empleados, relativo a sufragar por una propuesta ajena a la del candidato de Morena que ha sido tachada de “populista”. En el caso de Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, según versiones periodísticas, hizo circular un documento entre personal a su cargo, en el que se indica sobre lo riesgoso que sería abrirle la puerta electoral al populismo. Tratándose de Baillères, accionista de las tiendas departamentales Palacio de Hierro, la sugerencia habría sido sufragar por quien pueda derrotar a López Obrador.
El portavoz de la administración priista de Enrique Peña Nieto, declaró que “nadie, bajo ninguna circunstancia”, puede “inducir o no inducir absolutamente nada que afecte la libertad de un votante”.
Postura oficial que se contrapone a la del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Más que el libre ejercicio del elector, el funcionario del INE defendió la libertad de los empresarios de expresarse.
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A propósito de la recomendación emitida por la iniciativa privada, referente a razonar el voto o no sufragar por alguna opción en específico, sostuvo que en ese sentido, tiene prioridad el “régimen de libertades de expresión”; de acuerdo con información de El Financiero.
En todo caso, según refirió Córdova Vianello, la prohibición aplicaría siempre y cuando se adquiriera publicidad para radio y televisión en un afán de difundir esa índole de mensajes (tal como sucedió en 2006). Indicó que si llega a haber ilícitos, el Instituto procederá en consecuencia, “si no hay ilícitos, pues no”, remarcó.
Aprovechó para conminar “a los gobiernos, a los propios medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos y a los candidatos y por supuesto a los empresarios, de actuar con responsabilidad”.
Por otro lado, el consejero electoral Marco Baños refrendó que “el voto corporativo está prohibido”, pero la libertad de expresión se debe salvaguardar.
