Las campañas políticas para elegir Presidente de la República están a punto de fenecer. Promesas y dádivas abundaron tratando de convencer a la ciudadanía para que expidiera su voto a favor de tal o cual candidato, pero, en honor a la verdad, pudimos apreciar que de los cuatro candidatos, ninguno expuso un programa factible, como tampoco vimos planes para la instrumentación de propuestas, que en ocasiones fueron fruto de la ocurrencia del momento, porque se carecía de estudios y análisis de algunas propuesta, y mucho menos de políticas públicas coherentes, eficientes y factibles.
En la colaboración anterior decíamos parafraseando a un conocido político, “que la caballada está flaca” y que el electorado mexicano contó, en esta ocasión, con pocas opciones para elegir a quien dirigirá el destino del país.
En ocasiones, el enfrentamiento entre los candidatos parecía más un “vodevil”, que un encuentro ideológico entre abanderados de diversos partidos políticos. Durante los debates, se exhibió la carencia de cultura y valores políticos por parte de la tercia de la que saldrá seleccionado, el primer mandatario de la nación (digo tercia, porque Jaime Rodríguez Calderón, poco hizo por demostrar sus dotes de estadista, aunque abundó en chistes y críticas que hicieron reír al respetable público).
Por parte de los otros tres aspirantes a Presidente, se exhibió la poca honestidad en el manejo de los dineros públicos, que fueron empleados de manera cuestionable y que sirvieron para apuntalar las campañas políticas, dineros que pudieron haberse empleado en educación, salud, deporte, seguridad, etc., etc.
En un país con tantas carencias, es un crimen dilapidar fondos públicos con el fin de crear una imagen de democracia y de participación republicana, cuando lo que se necesita es poner a trabajar a las mentes más brillantes con los que seguramente cuenta la nación, para crear programas de renovación estructural que el país requiere aplicar de manera inmediata.
Temas como un cambio de fondo en el sistema penal, que es urgente reformar si queremos evitar el empoderamiento de la delincuencia organizada y no organizada, que se ha convertido en un cáncer irrebatible, siendo hoy un problema de seguridad nacional; si tomamos en cuenta que muchas poblaciones del país viven en la anomia gracias al poder ilimitado de los grupos de narcotráfico, secuestro, robo de petróleo, blanqueo de dinero, cobro de piso, tráfico de armas, asaltos, robo calificado, etc.
I. Es preocupante que aún no tengamos un Código Penal Nacional que empate con el Código Procesal que establece el sistema acusatorio oral, público y adversarial.
II. Es necesario fortalecer, reestablecer y renovar los controles sociales informales y formales. La familia, la escuela, las iglesias, deben ser llamadas a esta tarea, reformando el sistema de procuración e impartición de justicia, estableciendo un ministerio público independiente y autónomo, ésta es la única manera de perseguir y castigar la corrupción y la impunidad que de ella deriva y que es un cáncer que azota al Estado Mexicano.
El ministerio público no debe, por salud nacional, depender y por tanto servir a los intereses políticos del Estado y de los grupos del poder económico, al igual que los organismos anticorrupción, de derechos humanos, protectores de la sociedad, porque al servir a intereses ajenos a su función, se desvirtúa el objetivo de su creación, dejando inerme a los grupos vulnerables de sociedad. Por tanto, debe impulsarse el ejercicio de figuras como el plebiscito, la consulta pública, revocación de mandato y el referéndum.
En síntesis podemos decir que el país está temeroso de lo que pueda acontecer en el futuro, la disyuntiva consiste en elegir entre cuatro personas que no se han caracterizado por su cultura y conocimiento de la realidad nacional, como tampoco han aportado esfuerzos importantes para el desarrollo socio-económico, político o jurídico; o tengan un liderazgo que los distinga a nivel nacional e incluso internacional. El país requiere un liderazgo auténtico, una unión de voluntades y de esfuerzos; en fin, un pacto que permita que las decisiones políticas fundamentales sean tomadas con el consenso nacional y no por un grupo o varios grupos actuando a nombre y por intereses de los partidos políticos, para obtener como resultado, un Estado social, democrático y de derecho, ajeno a las poses demagógicas, populistas y autoritarias.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
