El primero de julio próximo habrá en México, elección para Presidente de la República, senadores, gobernadores y otros funcionarios de elección popular. La ciudadanía se encuentra esperanzada con la posibilidad no solo de un cambio en la persona del ejecutivo federal, sino de una transformación estructural que impulse el desarrollo económico, la seguridad pública, un combate efectivo a la corrupción generadora de impunidad, más educación, mejor salud; en fin, un México diferente del que ya existe, con una ciudadanía que ha llegado al hartazgo.
Al par se dice que para retener el poder, quienes hoy lo detentan, son capaces de todo, entre otras cosas, de dar muerte al candidato que, según las encuestas, hoy encabeza las preferencias ciudadanas para ocupar el cargo de primer magistrado de la nación. Otros, como Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, afirman que ya se está instrumentando un fraude a partir del debilitamiento de las instituciones electorales, y propone crear un blindaje contra esas maniobras ilícitas para evitar que sea vulnerada la voluntad ciudadana que deberá expresarse en el voto.
Las declaraciones del ex funcionario de la Procuraduría General de la República a mi juicio, resultan peligrosas por los siguientes motivos:
I. Anuncia el ex funcionario federal, la inminencia de una conducta fraudulenta por parte del Estado Mexicano, consistente en el mapeo por casillas donde operan programas sociales y la utilización de estructuras institucionales, así como mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales sin dar pruebas de su dicho.
II. Proponiéndoselo o no, el licenciado Santiago Nieto con sus declaraciones, siembra desánimo entre la ciudadanía ante la posible presencia de un operativo encaminado a lograr la imposición de un candidato mediante fraude electoral.
III. Las declaraciones viniendo de quien vienen, generan desconfianza en la autoridad, sobre todo, cuando afirma que la estrategia fraudulenta se basará “en el debilitamiento institucional” de la propia Fepade, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio Instituto Nacional Electoral, operativo igual al que se puso en práctica en las pasadas elecciones en el Estado de México.
Repito, poca labor a favor hace el abogado con sus afirmaciones no probadas para apoyar los esfuerzos que realiza el país por democratizar el proceso electoral.
IV. Las aserciones de don Santiago Nieto, publicadas en la revista Proceso, de quien fuera titular de la Fepade, en el sentido de que se utilizará un modelo ilícito para la compra, coacción o inhibición del voto, debería ser ya objeto de una profunda investigación por presentarse la posibilidad de un delito contra las instituciones electorales, y pretender alterar la voluntad manifestada por medio del sufragio electoral. Lo mismo debe hacerse investigando y persiguiendo cualquier manifestación de compra de votos o de maniobra encaminada a alterar el sentido del resultado electoral, como es el caso de la emisión de spots en los que se altera el mensaje dirigido a la ciudadanía por los candidatos a diversos cargos de elección popular.
Somos un país que aspira a depurar los procesos mediante los cuales se elige a quienes habrán de ocupar los cargos de elección popular; hace mucho daño desplegar conductas alarmistas, mientras no se denuncie y pruebe la existencia de maniobras fraudulentas por parte de las autoridades electorales. La desconfianza inhibe el crecimiento político del país y el desarrollo económico y social de éste.
Hay quienes dicen que estamos en amplitud de asumir un modelo parlamentarista, donde hasta los secretarios de Estado requerirán aprobación a través del voto, pero esto será difícil de lograr sino evitamos limpiar el proceso electoral de maniobras de dudosa licitud y de declaraciones alarmistas que puedan inhibir el ejercicio del derecho al voto.
P.D. El Estado Mexicano debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para evitar deficiencias en la implementación del proceso electoral y se siembre la duda sobre los resultados de esta elección, y así el país pueda seguir sin tropiezo el camino hacia la integración social, democrática y de derecho, sin la sombra que genera un proceso trucado en este momento difícil en que México se encuentra amenazado por fuerzas extranjeras y nacionales; dos enemigos a los que hay que enfrentar sin salir de los cánones que marca el orden jurídico nacional y con respeto al catálogo de derechos humanos contenido en la Constitución Política Federal.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
