Transformemos -antes PES- presentó una denuncia en la PGR contra el gobernador por el presunto “manejo indebido de recursos públicos y peculado”, basados en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación del 2016. Aunado a esto, el Estado intenta subsanar el gasto de tres mil millones de pesos que le está requiriendo la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, de años anteriores
A partir del viernes 15 de junio, día en que ZETA reveló que la deuda y los financiamientos en el gobierno del Estado de Baja California, incluyendo los contratos por miles de millones de pesos, otorgados por medio de Asociaciones Público Privadas (APP), se encuentran bajo investigación; el gobernador Francisco Vega de Lamadrid convocó a reuniones importantes para analizar los efectos de las auditorías que enfrenta su administración.
A decir de funcionarios estatales, el gabinete de Vega de Lamadrid, principalmente de la oficina del gobernador y del área de finanzas, se congregó ese mismo día. Una reunión cerrada en la que pudieron abordar y entregar razones sobre las auditorías federales.
A raíz de esa y otros encuentros entre Vega de Lamadrid, se pudo saber que el gobierno del Estado tiene 30 días (a partir de esas reuniones) para comprobar al menos tres mil millones de pesos, ejercidos de manera irregular, detectados y requeridos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Por otro lado, Transformemos -antes Partido Encuentro Social-, encabezado por el diputado local Luis Moreno Hernández, presentó una denuncia contra el gobernador para que se investiguen los delitos de “manejo indebido de recursos públicos y peculado”.
La denuncia interpuesta en la PGR se basa prácticamente en los resultados publicados en febrero de este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe del Ejercicio Fiscal 2016, en la cual se observaron mil 432 millones de pesos utilizados de manera irregular en el gobierno de Baja California.
LA DENUNCIA EN LA PGR
En cuanto al Instituto Estatal Electoral de Baja California, se aprobó su constancia de cambio de nombre a “Transformemos” (antes PES). Los integrantes del partido político presentaron en las oficinas de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Mexicali, una denuncia contra el Gobernador del Estado.
El expediente presentado por el grupo, encabezados por Luis Moreno, se basa en la revisión de los recursos federales que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid recibió en 2016 y en los cuales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 432 millones 351 mil 698 pesos desviados o mal ejercidos; además de otros 204 millones 833 mil 839 pesos en recursos sin ejercer.
De 10 auditorías hechas por el máximo órgano fiscalizador en el país, fueron la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces encabezada por Antonio Valladolid, quien hoy se encuentra en la lista de diputados plurinominales del PAN; así como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, las dependencias con mayor número de observaciones.
Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali y su tesorero en reunión con el gober.
En el tiempo que el equipo de auditores se instaló en Baja California para revisar las cuentas públicas, el gobierno estatal no pudo solventar ni explicar el destino de los recursos desviados.
Entre el dinero no ejercido, se encontraban partidas destinadas para seguridad pública, asistencia social, proyectos de desarrollo regional e infraestructura social; mientras que los desvíos se concentraron en los recursos para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social, DIF, Conalep, docentes y obra pública.
En cambio, la ASF determinó que los recursos se gastaron en aviadores, servidores públicos no capacitados para sus puestos, en aumentos no autorizados de salarios, sobrepagos y otros destinos no conocidos.
LA REUNIÓN CON ALCALDES
El mismo viernes 15 de junio, la oficina del gobernador mandó instrucciones a los cinco presidentes municipales de Baja California, para que en menos de 48 horas hábiles, se presentaran en Mexicali junto con sus tesoreros y síndicos en una reunión con él.
La cita quedó para el martes 19 de junio a las 10 de la mañana, en la Sala de Gobernadores en el edificio del Poder Ejecutivo en la capital del Estado.
La reunión la encabezó el propio Vega de Lamadrid, fue el primero en hablar. Del gobierno del Estado estuvieron presentes únicamente cuatro personas más: Miguel Ángel Bujanda Ruiz, coordinador del gabinete; Bladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas; el secretario de la Contraloría y Transparencia; Francisco Postlethwaite Duhagón y Miguel Ángel López Arroyo, ex subsecretario de Finanzas y actual director administrativo de Sidue, durante el periodo de Antonio Valladolid, y quien estuvo presente en calidad de “asesor financiero”.
Por parte de los gobiernos municipales, la única que no se presentó fue Mirna Rincón, presidente municipal del Rosarito, ni la síndico procuradora de Mexicali, Blanca Irene Villaseñor Pimienta.
TRES MIL MILLONES EN 30 DÍAS
En la reunión con los alcaldes, los funcionarios del Estado presentaron números a los ediles. Les notificaron que cada uno de los gobiernos tendrán que solventar millones de pesos observados o ejercidos de manera irregular por dos dependencias: La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).
Foto: Cortesía.- Luis Moreno y Mayra Flores.
Se admitió que, por su lado, el gobierno del Estado tenía que hacer lo mismo, comprobar millones de pesos manejados con irregularidades, al igual que las paramunicipales y órganos autónomos como la Universidad Autónoma de Baja California.
Ahí mismo, el secretario de Finanzas reconoció que desde ejercicios fiscales anteriores, el gobierno del Estado había acumulado ocho mil millones de pesos en observaciones de las revisiones federales y las cuales se intentan subsanar mediante documentación.
A decir de informantes de ZETA, el funcionario estatal aseguró que de los ocho mil millones de pesos que le están requirieron las dependencias federales, ya han quedado solventados cinco mil millones de pesos y que del resto (tres mil millones) se tienen 30 días para poder comprobarlas.
MUNICIPIOS DEBEN COMPROBAR DOS MIL MILLONES
A los gobiernos municipales se les entregaron documentos de las irregularidades encontradas en el manejo de sus finanzas, siendo Tijuana el municipio con la cantidad más alta por comprobar, con más de mil 200 millones de pesos. En segundo lugar se ubica Ensenada, con más de 729 millones de pesos requeridos.
Fuentes de este Semanario confiaron que los recursos señalados fueron ejercidos desde el 2011 hasta 2016, y que el plazo para subsanar los miles de millones de pesos será entre el próximo 10 y 20 en julio, tanto para el gobierno estatal como para los municipios.
En total, los ayuntamientos tendrán que recuperar o comprobar más dos mil 67 millones de pesos.
En la reunión, López Arroyo advirtió a los funcionarios municipales que tienen tres formas de solucionar las observaciones:
1.- Recuperando el recurso mal ejercido.
2.- Entregando documentación que subsane las observaciones.
3.- Abriendo procedimientos sancionadores contra los funcionarios que manejaron los recursos públicos.
Foto: Cortesía.- Formalmente denunciado por 1 mil 432 millones.
Durante la reunión, Juan Manuel Gastélum, presidente municipal, intervino no para aclarar o proponer salidas al grave problema de las auditorías, sino que planteó hacer “un frente de contingencia” para reducir el impacto de los medios de comunicación “que manipulan” la información respecto a los trabajos de auditorías. Su propuesta no fue secundada por nadie, pero el gobernador la recibió y le agradeció su intervención.
Finalmente, a cada municipio se le entregó una carpeta y se retiraron con la instrucción de formar una mesa de trabajo junto con el gobierno del Estado, encabezado por personal de Bujanda y la Secretaría de Finanzas.
En realidad, los temas tratados en esa reunión no están relacionados directamente con lo publicado por ZETA, respecto a la investigación que actualmente se realiza por la ASF para revisar el financiamiento, la deuda pública y contratos de las APP del gobierno del Estado de 2016 y 2017.
“KIKO” Y SUS DIPUTADOS, CORRESPONSABLES
Entre las reuniones que el gobernador convocó, sobresale una con la bancada del PAN, diputados que han aprobado cado uno de los financiamientos y créditos, los cuales están bajo investigación y a quienes la ASF les están solicitando cuentas por votar cada uno, los dictámenes que autorizaron el endeudamiento.
La reunión que duró más de dos horas también fue a puerta cerrada en un restaurante de comida china en Mexicali. Se citó de “emergencia”, incluso algunos diputados manifestaron su descontento por la hora y el día en que se realizó el encuentro.
El único ausente en la reunión fue el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, quien desde la votación de la Asociaciones Público Privadas, ha marcado distancia del gobernador Francisco Vega.
Al final del encuentro, el mismo secretario particular de “Kiko” Vega permitió a este Semanario ingresar para tomar una foto de la reunión en la que estuvieron todos los legisladores de Acción Nacional.
Uno de los temas principales con los diputados fue justamente las investigaciones de la Auditoría Superior, pero Francisco Vega dijo ante ZETA que la reunión fue para analizar el tema de la municipalización de San Quintín.
“La municipalización tiene sus tiempos, tiene su curso y tiene sus responsabilidades; ese es un tema muy importante que el Grupo Parlamentario del PAN quería, a su vez, platicar con el Ejecutivo para ver como veíamos este propósito”, indicó el mandatario estatal.
En cuanto a la reunión con alcaldes, “Kiko” Vega dijo que debe atender las recomendaciones que se tienen en materia de comprobación de cuentas. “Cuando se habla de una comprobación de cuentas y se menciona el Estado, vamos los tres poderes y vamos las paraestatales; nosotros hemos estado puntualmente atendiendo lo que a nivel nacional se atiende. Todos los estados están atendiendo las recomendaciones”.
Dijo que se está revisando “absolutamente todo”, debido a que hay una nueva ley de Disciplina Financiera. (Con información de Cristian Torres y Eduardo Villa)
