Altos índices de violencia político-electoral es resultado de la presión de organizaciones delictivas por financiar o acosar a candidatos, asegura el investigador del Iteso, David Velasco Yáñez. Más de 400 agresiones y 113 homicidios de precandidatos, candidatos, alcaldes, exalcaldes y diputados, de septiembre de 2017 a la fecha. Los asesinatos del candidato del PRI a diputado federal, en Coahuila, y regidora de Isla Mujeres, son la “puntilla”
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Los discursos de odio, sobre todo, la sombra del crimen organizado que se encuentra detrás de la violencia política, la cual a la fecha ha ocasionado más de 400 agresiones y -de entre ellas- el asesinato de por lo menos, 113 personajes vinculados a procesos electorales en los últimos 10 meses en México.
Una importante cuota de sangre la ha pagado el sector femenino con la llamada violencia política de género, donde candidatas a presidentas municipales, diputadas o integrantes de planillas para una regiduría, fueron amenazadas, secuestradas o privadas de la vida en diversas entidades del país.
Producto de lo anterior ha sido que más de mil aspirantes desistieron “voluntariamente” de competir por un puesto de elección popular, siendo que ya eran los candidatos o candidatas oficiales y tuvieron que ser sustituidos por otros protagonistas que presuntamente no tienen miedo a la llamada “limpia electoral” que realizan personas armadas en al menos 22 entidades federativas.
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La línea del crimen organizado es la más visible en la mayoría de los atentados, no únicamente contra aspirantes, sino hacia alcaldes en funciones o expresidentes municipales que terminaron su gestión o solicitaron licencia para buscar un nuevo cargo en el proceso electoral; así lo considera el investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), el doctor David Velasco Yáñez.
El coordinador del Programa Formal de Investigación, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad jesuita, compartió con ZETA: “Aquí vale la pena mencionar algo que pocas veces se señala con toda claridad, la intervención de la delincuencia organizada en general y no solo del narcotráfico, por el control de ciertos ayuntamientos en los que no solamente financian las campañas o eliminan a candidatos o candidatas que no se sometan a sus reglas, a sus intereses”.
Este clima de violencia durante el proceso electoral, es probable que se agudice en la recta final de las campañas, especialmente después del último debate entre candidatos a la presidencia de la República, “que más que debates, son diatribas y acusaciones mutuas”, las cuales exacerban el ambiente político, revela el entrevistado.
Uno de los graves problemas es que el Gobierno Federal minimizó, hasta hace poco, los hechos sangrientos, y no es fecha que, a pesar de que ya existe un supuesto protocolo de seguridad, los atentados y crímenes continúan arreciando a partir de los meses de mayo y lo que va de junio. Ahora sí se advierten los focos rojos que el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, desestimaban.
Foto: Tomada de Internet.- Juana Iraís Maldonado – Pamela Terán
La Consultora privada Etellekt es la que puso en claro, las cifras de los números de agresiones y homicidios ocurridos durante el actual proceso; mientras que la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, Yolanda Tellería, es quien calcula que el 72 por ciento de estas incidencias, se concentra principalmente en los cargos municipales; es decir, alcaldes, exalcaldes y candidatos a las presidencias locales.
Detonantes
Después de 111 asesinatos de políticos, tuvo que ocurrir la muerte a mansalva, de un candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Piedras Negras, Coahuila, para que se pronunciaran políticos de todos los partidos a nivel nacional, en contra de la atroz vorágine de crímenes.
El homicidio de Fernando Purón Johnston, quien fue presidente municipal y fuera reconocido en algunos sectores por combatir la delincuencia organizada, cimbró a los coahuilenses, al Congreso de la Unión y hasta la Presidencia de la República. El ataque se registró en la noche del 8 de junio, después de que el candidato salió del Auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila, tras participar en un debate con otros candidatos al Distrito 1.
Un solitario individuo se aproximó al político para darle un balazo en el cráneo, al momento en que éste se tomaba una foto con una simpatizante. Un video captó el instante en que el asesino, que cubre su cabeza con una gorra blanca, comete el homicidio y después escapa. Además de su complexión corporal, se advierte que el sujeto usaba barba.
Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la víctima recibió un solo impacto de bala, efectuado por un arma calibre .40. El fiscal Gerardo Márquez reveló que Purón Johnston ya había recibido amenazas meses atrás, al parecer por su lucha contra el crimen organizado.
La línea de investigación ha llevado a la Fiscalía, a establecer la presunta identidad del probable asesino, sin que se haya revelado su identidad. Como en muchos casos, el Estado y la Federación se comprometieron a esclarecer el crimen del candidato a diputado federal por la coalición “Todos por México” y a atrapar al culpable en el menor tiempo posible. Las horas ya están contando y todavía no se tienen resultados.
En esa misma fecha, pero al extremo sur del país, la candidata del PRI a regidora del Ayuntamiento de Isla Mujeres, en Quintana Roo, Rosely Magaña Martínez y una de sus seguidoras, fueron baleadas cuando participaban en una reunión política en la colonia San Antonio, en la zona continental del municipio. Sujetos armados que arribaron en motocicleta, les dispararon.
Heridas de muerte, ambas féminas fueron trasladadas a un hospital privado de Cancún, donde dos días después, se comunicó la defunción de la aspirante priista; mientras que el estado de salud de la lesionada Lizbeth N., simpatizante de la fallecida, se reporta como estable.
Mujeres
Así como perdió la vida Rosely, otras tantas mujeres que se dedican a la política, han pagado el precio de insertarse en este sector, hoy considerado como de alto riesgo en México, como lo son el activismo o defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo. Tan solo en este 2018, algunas han muerto violentamente, otras fueron lesionadas, otras privadas de la libertad y otras más han sido amedrentadas para dejar sus candidaturas.
El primero de los casos que no tuvo comprobación fue el presunto atentado que denunció el equipo de campaña de la entonces precandidata a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”. El 21 de enero se aseguró que la caravana de la mujer de origen indígena, militante del Ejercito Zapatista, fue atacado por un grupo armado en Tierra Caliente, Michoacán. La versión fue negada por el gobierno estatal.
El 21 de febrero, en Chilapa, Guerrero, fue asesinada la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma, quien fuera regidora de ese municipio. Sujetos le dispararon al interior de un restaurante de su propiedad. Cuatro días después, en la misma localidad fue ultimada la precandidata del PRI a diputada local, Dulce Anayely Rebaja Pedro. Su cadáver fue encontrado junto con el de otro familiar.
En el Rancho Las Flores, en Múgica, Michoacán, el 11 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de la candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Maribel Barajas Cortés. Presentaba heridas producidas con objeto punzocortante. Los asesinos dejaron todas las pertenencias de su víctima, excepto el teléfono celular.
Tres días más tarde, la Procuraduría anunció la captura de una sospechosa, Aurora N., quien confesó que el móvil del crimen fue por diferencias personales, ajenas al proceso electoral y la posición política de Maribel. Supuestamente, la hoy occisa la había contratado, junto con otra mujer, para matar a la exnovia de su pareja sentimental, sin que se conozcan detalles del porqué decidió asesinarla.
Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal del PRI en Coahuila
“Tava”, como se conoce a Octavia Ortega, candidata a diputada local de la coalición “Por un Veracruz Mejor”, vivió una horrible experiencia el domingo 13 de mayo. A las puertas de su casa encontró una mano amputada. La pretendiente aseguró que ha recibido amenazas y que es víctima de violencia política de género; por lo que denunció los hechos ante el Ministerio Público. Negó que fuese a claudicar a su aspiración.
Nuevamente en Michoacán se registraron hechos violentos el 17 de mayo, cuando fue privada de la libertad, la candidata del Partido del Trabajo (PT)-Morena o coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia Municipal de Álvaro Obregón, María Lourdes Torres Díaz. Sujetos armados se la llevaron de las oficinas del Comité Municipal del partido. Lourdes, esposa del exalcalde Juan Carlos Arreygue -detenido desde agosto de 2016 por el homicidio de diez jóvenes que fueron calcinados- fue rescata un día después, sana y salva, en un operativo policial en la ciudad de Morelia, donde uno de sus presuntos fue abatido.
En Zacatecas, el 18 de mayo, la candidata a la presidencia municipal de Chalchihuites, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Claudia Olivas, presentó su renuncia luego de que una de sus sobrinas fue agredida a golpes y abusada sexualmente en represalia para que no contendiera políticamente.
La madrugada del 2 de junio, la regidora con licencia de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Pamela Terán Pineda, fue victimada a tiros junto a dos acompañantes en la región del Istmo. La mujer buscaba su reelección en la planilla del candidato a la Alcaldía por el PRI. Los pretendientes de diversos partidos políticos se solidarizaron y suspendieron temporalmente sus campañas hasta que se esclarezca el triple crimen.
Ese mismo día, en el municipio de Jopala, en Puebla, también fue asesinada Juana Iraís Maldonado, candidata del PVEM a diputada local por el distrito de Huauchinango. Junto a ella fue hallado el cadáver de Erika Cázares, regidora del municipio de Juan Galindo. Se conoció que las damas regresaban de un acto de campaña en Cacahuatlán, cuando sus homicidas las interceptaron de madrugada y les dispararon.
Reacciones
Mientras que en México, las autoridades han tardado en reaccionar y los diversos sectores en indignarse, organizaciones y personajes de talla internacional han manifestado su preocupación por el nivel de violencia e intimidación registrado en el proceso electoral que vive México. Tal y como lo manifestó este 13 de junio, la Unión Europea (UE), que en un comunicado condenó la pérdida de vidas de políticos y familiares de los mismos, y llamó a las autoridades mexicanas a que realicen las investigaciones pertinentes de manera transparente e integral.
Antecedieron a la UE, la Organización de Estados Americanos (OEA), que el 16 de marzo, a través de su secretario general, Luis Almagro, expresó su preocupación por la violencia electoral en México. Durante una conferencia dictada en Madrid, el secretario de la OEA dijo que “se ha asesinado a un candidato cada cuatro o cinco días, en promedio; un margen de violencia inaceptable cuando hay un proceso electoral”.
A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en voz de su presidente Luis Raúl González Pérez, el 8 de mayo advirtió que los actuales comicios generan polarización, incertidumbre e incluso violencia política. El ombudsman lamentó que el proceso electoral esté alejado del verdadero debate, la reflexión y el planteamiento de ideas y propuestas para lograr un mejor futuro.
Por su parte, el 11 de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió que en México existen riesgos contra los actores políticos en estas elecciones y que por este motivo, mantiene una observación especial hacia los candidatos. Sin embargo, el organismo confía en que la nación siga garantizando la seguridad en el proceso.
También opinó sobre el tema, en su reciente visita a México para dictar una conferencia en el INE, el 23 de mayo, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien señala que entre los retos que tienen que enfrentar las instituciones democráticas en México, está la inseguridad que rebasa la competencia de la autoridad. Y aseguró que “sin control, la violencia criminal plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas y, sin duda, a la democracia”.
El presidente de la fundación Kofi Annan destacó que unas elecciones ordenadas son una mejor respuesta a la violencia que busca privar a los ciudadanos de sus derechos a elegir a sus líderes, tanto nacionales como locales, libres de intimidación.
“Plata o plomo”
El doctor David Velasco Yáñez, coordinador del Campo Estratégico de Acción Contra la Pobreza y Exclusión del Sistema Universitario Jesuita, con muchos años de experiencia en la investigación de temas sociales y derechos fundamentales, no recuerda un episodio tan trágico en la historia nacional electoral.
“Pocas veces se había visto en México el alto nivel de violencia al que estamos asistiendo. Me parece que es una llamada de atención. Es cierto lo que muchos analistas señalan que esta violencia se da sobre todo a nivel de gobiernos locales, de gobiernos municipales. Difícilmente llegan a influir en candidaturas de gobiernos estatales, pero no se deja de lado la posibilidad de que haya infiltración de algo, de financiamiento del crimen organizado en campañas a gobernador”, destacó el ordenado sacerdote.
Velasco Yáñez asegura que de los 113 políticos ultimados en el país, de septiembre a la fecha, casi todos son a nivel local y algún candidato de diputado federal, “pero aún no llegamos al nivel de violencia que se dio cuando ocurrió el homicidio del candidato Luis Donaldo Colosio. Ese me parece un referente que vale la pena tomar en cuenta”.
“¿Por qué matar a un candidato? Bueno, ya lo señalé yo; de alguna manera, por no apegarse a las reglas que impone el crimen organizado. Como el crimen organizado tiene control local de algunos espacios fundamentales donde desarrollan sus actividades, los eliminan simplemente porque no se apegan a sus intereses. Entonces, no es difícil que haya llegado a esa disyuntiva de ‘plata o plomo’, por la que someten a muchos servidores públicos. Entonces, yo creo que para eso es. Para tener control de un territorio determinado”, dijo el entrevistado.
El profesor del Iteso lamentó que no haya un solo candidato, ya sea a la presidencia de la República, la Gubernatura, Cámaras de Legisladores o Presidencias Municipales, que tenga una agenda clara y definida de defender y proteger los derechos humanos. “Pareciera que no les interesa, no le dan la importancia o francamente hay una gran ignorancia de todos ellos de lo que implica este tema tan relevante, en un contexto tan violento y de verdadera crisis humanitaria que vive el país. Como que no les importa”.
El experto concluyó que, en la fase actual de las campañas políticas, en todos los niveles, “se oculta y silencia de alguna manera el esfuerzo del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de participar en esta contienda. Al no reunir los requisitos que fueron impuestos por el Instituto Nacional Electoral, pareciera que ahí terminó todo el esfuerzo; sin embargo, hay que insistir en que las luchas de los pueblos indígenas, campesinos y muchos urbanos, se mantienen a pesar de, o en medio de, las luchas electorales”.
