Diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso de San Luis Potosí han recurrido a empresas “fantasma”, creadas ex profeso para la expedición de facturas, con las que han justificado la disposición de más de 25 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo local.
Según lo han investigado las organizaciones Ciudadanos Observando y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a través de una práctica generalizada en el Congreso potosino, diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear, al menos, 33 millones 635 mil pesos de recursos públicos, mediante el uso de decenas de empresas fantasma, así como el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras.
Las investigaciones publicadas por el diario Reforma y el semanario Proceso, corroboraron que 51 proveedores “fantasma” han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí.
En las operaciones están involucrados diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) y del instituto local Conciencia Popular.
Según las investigaciones, además, está involucrado personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos.
A ello se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores potosinos, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.
“Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses”, acusó el abogado Óscar David Reyes Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas a las que les robaron su identidad.
“Están ligados y coludidos todos los partidos. Ahí sí no hay distingo de colores, de ideologías, ahí los une el abuso, el fraude, la corrupción, el uso de empresas fantasma”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como “El Honorable Gremio del Fraude”.
Según esta organización local, tan sólo 7 empresas fantasma han recibido del Congreso de San Luis Potosí 25 millones 175 mil pesos para facturar supuestas ayudas sociales.
Ciudadanos Observando indicó que desde hace tres años han detectado que algunas de estas empresas cobran una comisión de 8 por ciento por emitir o vender facturas por servicios inexistentes.
Asimismo, en el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.
De los 48 proveedores presuntamente fantasma identificados en esta investigación, la mayoría son de San Luis Potosí, aunque también hay dos empresas de Oaxaca, dos de Aguascalientes, una de Querétaro, una de Guanajuato y otra del Estado de México.
Además de los legisladores, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el órgano responsable de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos y de sancionar actos de corrupción, también recurrieron a la simulación de operaciones con empresas fantasma, afirmó la investigación.
En diciembre de 2016, una persona residente en Aguascalientes, de nombre Benjamín Lozano Canseco, emitió una factura a la Auditoría por 600 mil pesos para servir una cena navideña para 100 personas (50 adultos y 50 niños).
El servicio incluía renta e instalación de mobiliario, equipo de sonido e iluminación, un grupo de música versátil, un mariachi, mesa de regalos para rifar cinco minicomponentes, cinco pantallas planas, 10 tostadores eléctricos, 10 sandwicheras, 10 cafeteras y 10 tabletas. Para la ambientación, a la hora de bailar se repartirían globos, sombreros, corbatas y diademas.
Para los niños habría un show de payasos, un trampolín, un inflable, pintacaritas y mesa de dulces. La fiesta resultó una simulación. Nunca se efectuó, pero sí se pagó por el servicio al falso proveedor.
En la factura que emitió a la ASE, Benjamín Lozano dio como su domicilio fiscal la casa marcada con el número 709 de la calle Los Arcos, en Aguascalientes, pero en ese sitio no lo conocen ni ofrecen ningún tipo de servicios de organización de fiestas. Es un proveedor fantasma.
Además, el 12 de junio de 2017, el diario Pulso difundió un video en el que el diputado panista Enrique Alejandro Flores y el alcalde El Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, hablan de cómo limpiar observaciones por 40 millones de pesos, con el auxilio de funcionarios de la Auditoría.
“Pero ellos sí te van a pedir lana para que no debas ni nada, por dejarte limpio, que no debas nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: que pase por lo menos el 10 por ciento de lo que debe”, se escucha en el video.
En la actualidad la ASE tiene en curso una auditoría sobre los pagos realizados por el Congreso a empresas y comercializadoras, presuntamente fantasma -que según la indagatoria, fueron constituidas entre 2012 y 2014-, y se prevé que los resultados se entreguen en agosto.
La inspección física realizada por Ciudadanos Observando permitió confirmar que los domicilios fiscales proporcionados por las compañías presuntamente prestadoras de servicios, corresponden a casas vacías o abandonadas tiempo atrás; mientras que algunas más están en renta o son utilizadas por personas ajenas.
Varias de ellas comparten en ciertos casos el mismo domicilio fiscal, y algunos de los nombres de quienes figuran como representantes aparecen hasta en dos ocasiones. Pero, además, algunas de estas proveedoras están reportadas en el SAT por “operaciones presuntamente inexistentes”.
El resultado de las investigaciones y revisiones ha derivado en denuncias penales ante la Fiscalía General del estado (FGE) por parte de supuestos beneficiarios de municipios como Ciudad del Maíz y la capital potosina, quienes acusaron a los diputados de usar sus identidades y falsificar sus firmas para cobrar los recursos.
Poco tiempo después de que entró en funciones la actual Legislatura, ciudadanos de diversas organizaciones y portales por la transparencia –como Proyecto Tábano; Frente Ciudadano Anticorrupción, integrado por varias asociaciones sociales, así como el notario Eduardo Martínez Benavente–, además de Ciudadanos Observando, empezaron a detectar anomalías de todo tipo en el ejercicio del presupuesto del Congreso local.
En meses recientes, las denuncias públicas y por la vía penal se han multiplicado por un rubro en particular, “ayudas sociales”, para el que legalmente no existe una partida como tal dentro del presupuesto del poder Legislativo, y es por ello que se ejerce de manera discrecional desde la Junta de Coordinación Política.
Las empresas que han facturado los montos más altos son: Comercializadora Delger (5.1 millones de pesos), Comercializadora Avidro (5.1 millones), A&M Insumos para la Construcción (4.5 millones), Sistema de Comercialización Nava (4.2 millones), Globalizadora Universal de Mercado Nato (3.3 millones), Distribuidora de Alimentos Mafe del Potosí (1.6 millones de pesos) y Grupo Zemet, con poco más de un millón de pesos.
En la lista también figuran: Joef Innovadores, S.A. de C.V.; Angélica Adriana Peredo Gómez; Grupo Gahe de San Luis, S.A. de C.V.; Francisco Benjamín Lozano Canseco; Servicios Integrales Clars, S.A. de C.V.; Servicios Globalizados OGAC, S.A. de C.V.; Consumo de Servicios Básicos, S.A. de C.V.; Construcción y Servicios de Obra Civil, S.A. de C.V.; Dimaconce, S.A. de C.V.; Smart Moon, S.A. de C.V., y León Desarrollo Territorial.
HASTA LOS MUERTOS GESTIONAN RECURSOS
Un caso que cita el diario Reforma es el del campesino José Santos Jiménez Guevara, quien falleció en una humilde casa del ejido 20 de Noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz. Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos.
A los 45 días de haber fallecido, don José Santos “revivió” o lo revivieron para cometer un fraude a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.
El diputado Mariano Niño Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca.
“El difunto agradeció tan generoso obsequio de los diputados, con una carta en la que se falsificó su firma, pues fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido.”, relató el rotativo.
“Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.”, abundó el diario.
