Con 121 votos a favor y 301 en contra, el Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles la propuesta de ley migratoria impulsada por los republicanos, que fueron incapaces de proponer un texto legislativo que convenciera tanto a sus correligionarios, como a los demócratas, para solucionar el problema de los jóvenes indocumentados, finalizar con la separación familiar y, además. fortalecer la seguridad en la frontera.
La propuesta republicana planteaba la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes sin papeles, conocidos como “dreamers” (“soñadores”, en inglés), que prohibía la separación familiar en la frontera, y concedía 25 mil millones de dólares para la construcción del muro con México.
A pesar de que el presidente Donald Trump dio su apoyo “in extremis” al proyecto legislativo durante la mañana de este día, el liderazgo republicano fracasó, liderado por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
El proyecto legislativo también incluía una propuesta para poner fin a la separación familiar en la frontera, después de que el Gobierno de Trump impuso una política de “tolerancia cero” en la frontera, misma que ha provocado la separación de más de 2 mil 500 niños de sus padres al llegar a territorio estadounidense.
Ayer, la juez federal Dana Sabraw, en San Diego, California, ordenó al Gobierno de Trump que reuna a las familias de migrantes que han sido separadas, en un plazo no mayor a 30 días, mientras que los niños menores de 5 años de edad, tendrán que ser devueltos a sus padres en 14 días.
La orden de la juez federal se da luego que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump derogando la política de separación familiar desató un incertidumbre, ya que el Gobierno estadounidense no aclaró cuándo podrán los padres volver a reunirse con sus hijos. “Esta situación ha alcanzado niveles de crisis”, afirmó Sabraw.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), que está a cargo de los menores, indicó que cualquier pregunta que se le desee formular, se le haga al Departamento de Justicia, que, a su vez, dijo que el fallo “hace más imperativo que nunca que el Congreso finalmente actúe para darle a las agencias federales del orden la habilidad de hacer cumplir las leyes y de mantener unidas a las familias […] Sin esta acción por parte del Congreso, el caos en la frontera continuará”.
Sabraw también decretó una prohibición nacional contra toda separación de familias en el futuro, a menos que se determine que el padre no esté en condiciones de ejercer sus responsabilidades o no desea quedarse con el menor, por lo que le ordenó al Gobierno facilitar el contacto telefónico entre todo hijo y sus padres dentro de máximo 10 días.
El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que demandó en marzo pasado, en nombre de una niña de 7 años de edad, que había sido separada de una madre congolesa y en nombre de un joven de 14 años, que había sido separado de su madre brasileña.
Más de 2 mil menores de edad han sido separados de sus padres en semanas recientes y colocados en albergues administrados por el Gobierno, bajo la política de separar a familiares detenidos, luego de entrar ilegalmente a territorio estadounidense.
