Al asesinato en una hamburguesería, acudieron 14 elementos para procesar la escena del crimen. Ellos son los que inician la investigación y aportan pruebas al Ministerio Público para solicitar órdenes de aprehensión. Trabajan más de 12 horas al día, a veces sin el material necesario. Sube la inseguridad y aumenta su trabajo. Hasta el 21 de junio, en Tijuana habían sucedido mil 125 ejecuciones que ellos debieron investigar
El histórico incremento de asesinatos en Tijuana, que alcanza los mil 125 hasta el 21 de junio, ha impactado en el trabajo de agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los cuales procesan las escenas del crimen. Se enfrentan a jornadas laborales de más de 12 horas, material de trabajo insuficiente y la intensa búsqueda de indicios en el lugar de los hechos que perfilen probables responsables.
En abril, la Unidad de Homicidios Dolosos pasó de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales a la Subprocuraduría de Zona; y con ello, la responsabilidad de procesar las escenas donde se cometieron homicidios, recayó en el Grupo de Apoyo a la Comandancia de la Policía Ministerial, que de 2016 a esa fecha, solo atendía asesinatos culposos, heridos por armas de fuego, hechos de tránsito con fallecidos y algunos robos.
“Sí, nos ha generado más carga de trabajo. Procesamos en promedio, cinco o seis escenas del crimen al día, unas 180 al mes porque se procesan todos los homicidios, más las de otros delitos”; explicó el agente ministerial y jefe del turno diurno del Grupo de Apoyo de la Comandancia, Arturo Vargas Zermeño. “Procuramos no cargarle la mano a los muchachos y que cada uno solo atienda un homicidio por día, por la cantidad de trabajo administrativo y el desgaste mental que conlleva”, apunta.
El equipo está formado por 22 agentes con estudios de licenciatura en Seguridad Pública, Ciencias Políticas, Derecho e Ingeniería Electromecánica, detalló Vargas; asimismo, él cuenta con más de 15 años de experiencia y es egresado de la primera generación de la Policía Ministerial de la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE).
Para el tratamiento técnico de los indicios en la escena, los policías se apoyan en el Grupo de Criminalística de Campo del Departamento de Servicios Periciales, que cuenta con 23 peritos en química, genética, dactilografía, balística y otras disciplinas; capacitados y evaluados con estándares internacionales, incluso cuentan con la acreditación ISO 17020 del Programa Internacional de Asistencia al Entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés). Entre el 60 y 70 por ciento de ambos grupos, son mujeres.
A la fecha, la unidad ha procesado más de 500 escenas del crimen, lo que se ha proyectado en la misma cantidad de carpetas de investigación, de las que hasta la fecha, 69 habían sido judicializadas, las cuales tenían una orden de aprehensión contra uno o varios presuntos responsables, o estos ya habían sido detenidos, o en proceso judicial para ser sentenciados.
— ¿Qué es lo que se necesita para judicializar una carpeta de investigación?
“Tener suficientes elementos de prueba. Por eso es importantísima la preservación y procesamiento de las escenas del crimen, porque de ahí parte la investigación”, asevera el subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez.
Acordonamiento de la escena
El Grupo de Apoyo a la Comandancia fue creado en octubre de 2016 para responder a las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que, desde su implementación en el país en 2008, responsabiliza al Ministerio Público de investigar y reunir las pruebas suficientes para probar ante un juez, la culpabilidad del imputado de un delito; las cuales deberán ser obtenidas de manera técnica, presentadas y debatidas en las audiencias del proceso. Previamente, las sentencias condenatorias se obtenían solamente por confesión del delincuente o señalamientos de testigos.
Ante esta nueva responsabilidad, el procesamiento de las escenas se configura como una de las principales vías para generar líneas de investigación que señalen a probables responsables para que sean sometidos a un proceso judicial. “Ahora, peritos y agentes ministeriales somos los ojos del Ministerio Público”, complementó el coordinador de Criminalística de Campo, Carlos Ruelas.
Para conocer cómo se trabaja dentro de una escena del crimen, ZETA acompañó a la unidad de procesamiento de escenas del crimen. Se trató de un evento delictivo atípico, por ejecutarse en un restaurante y ante la presencia de decenas de personas.
El asesinato del Carl’s Jr.
El viernes 8 de junio, un sujeto con la cara semicubierta, entró al restaurante de hamburguesas Carl’s Jr., frente a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que -siendo la hora de comida- estaba repleto de estudiantes, empleados de empresas maquiladoras aledañas y familias. El hombre disparó contra otro que acababa de ingresar, lo hirió de muerte ante los alarmados comensales.
El hecho fue reportado a las 13:40 horas a la línea de Emergencias en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) y, como a todos los delitos, se le otorgó un número de incidente para identificarlo. El C4 notificó a las unidades y envió a la más cercana, cuyos agentes se convirtieron en el primer respondiente, que es cualquier persona con funciones de seguridad pública que llega a una escena donde se cometió un delito, casi siempre es un policía municipal.
“Su función es verificar que el área sea segura, ubicar a la persona sin vida, llamar a la ambulancia para que confirme la muerte; entrevistar a algunos testigos o mantenerlos ahí hasta que lleguen los ministeriales. Reportar al Ministerio Público, el hecho, y la presencia del o los muertos y acordonar el área”, detalla Vargas Zermeño.
El acordonamiento de la escena del crimen se realiza para preservar el lugar tal como lo encontró y para que los indicios no pierdan la validez de dar pistas de cómo se cometió el acto y quién lo llevó a cabo. Se acordona con cintas amarillas y rojas; asimismo, las patrullas se colocan de tal manera que se evite el paso al área e incluso, asignando a un ciudadano para cuidar que otros no ingresen a la zona, en tanto arriban más policías.
La cinta amarilla delimita el área de incidencia, en este caso, el estacionamiento del Carl’s Jr., donde se ubicó el puesto de control de la unidad de procesamiento y al que solo tenían acceso las corporaciones. Mientras que la línea roja demarca el área crítica, el interior del restaurante en el que se efectúo el homicidio y donde estaban los agentes procesadores, peritos y paramédicos, siempre y cuando hayan heridos.
Por ignorancia de las personas o mala actuación de los primeros respondientes, algunos lugares de intervención se contaminan, perdiendo datos de prueba en dichas escenas. “¡Un día, un señor levantó los casquillos de una escena del crimen, que para el cobre! Los ciudadanos ven la cinta amarilla y la levantan y pasan, y dicen: `Que al cabo aquí está mi casa, luego, luego’, o ‘nomás voy aquí a las tortillas’. Yo espero que eso sea generacional y que cuando las personas se vayan acostumbrando a verlas, van a ir aprendiendo que es importante respetarlas”, afirmó el jefe del grupo diurno.
El procesamiento
Luego de recibir la noticia criminal, el Ministerio Público notificó al Grupo de Apoyo del asesinato en Carl’s Jr., Plaza Universidad, y éste a su vez, solicitó un equipo de Criminalística de Campo del área de peritos. Al lugar arribaron tres patrullas municipales, tres de ministeriales y dos de peritos; en total, 14 elementos cuyas actividades registraron en actas que formaron parte de una carpeta de investigación.
En la zona amarilla, agentes ministeriales entrevistaron a testigos, inspeccionaron las inmediaciones para localizar cámaras de seguridad y tomaron fotografías panorámicas.
Dentro del área crítica, los ministeriales, Paloma Villar y Luis Sierra, administrador y auxiliar, tuvieron la tarea de darle formalidad de indicio a cada objeto o sustancia en el lugar, y documentarlo mediante fotografías y formatos. Mientras que los peritos, Pablo Rodríguez y Jorge Razo, recolectaron cada indicio que fuera susceptible de ser analizado en los distintos laboratorios con personal y técnicas especializadas.
Para ingresar a la zona roja, debieron portar el traje blanco de bioseguridad y guantes de nitrilo, “además de evitar que se contamine la escena, protegen a los presentes de posibles infecciones por el estado del lugar o del cuerpo”, explicó Carlos Ruelas.
Realizan jornadas de 12 horas por aumento en inseguridad
Las etapas del procesamiento son recolección, embalaje, etiquetado y sellado, y registro de cadena de custodia, así como tomar en promedio, de tres a cinco horas, según la extensión de la escena, el lugar, la hora e incluso del clima. “El Carl’s Jr., es fácil para la búsqueda de indicios, en comparación con zonas despobladas o casos con occisos que tienen días de fallecidos, o días con climas lluviosos”, comentó el jefe de peritos.
Aunque el trabajo y las jornadas han aumentado, Vargas Zermeño aseguró que nunca han dejado de procesar una escena por falta de personal o equipo. Sin embargo, los peritos opinaron lo contrario. “Pasamos mucho tiempo fuera de casa y a veces nos quedamos sin algunas cosas”, expresan.
Al centro del restaurante yacía boca abajo la víctima, con pantalón de mezclilla, camiseta tipo polo color rosa, zapatos formales. Peritos y ministeriales tomaron fotos del lugar, identificaron uno a uno los indicios y les colocaron un cono amarillo para señalarlos. Midieron la longitud entre cada objeto para elaborar un croquis, en caso de que se requiera hacer una reconstrucción de los hechos.
De la cartera extrajeron tarjetas, unos diez billetes de 500 pesos, dólares y una credencial con la que, tras hora y media de su muerte, pudieron identificar a Ramón Alonso Favela, de 58 años, la víctima mil 025 del año y la tercera del día en la ciudad. De su pantalón sacaron un encendedor, una caja de cigarrillos y un rímel. Cada objeto fue colocado en papel traza, fotografiado, embalado en un sobre café, cerrado y etiquetado.
Retiraron la camiseta al cadáver y la colocaron en una bolsa de Residuos Peligrosos Biológicos e Infecciosos (RPBI) para, posteriormente, determinar con la pólvora, la distancia del disparo.
Cada uno de los indicios se registró con número, hora y modo de recolección; procesador que intervino, vía de traslado y se remitió al Almacén Temporal de Indicios, a donde personal de las áreas especializadas recurrirá para estudiarlos y finalmente entregarlos al Ministerio Público como datos de prueba, mediante una cadena de custodia.
Al terminar la recolección, confirmaron las lesiones: dos heridas por disparo de arma de fuego en el brazo, una de entrada y otra de salida de bala, y otra herida en la cabeza, lo que coincide con los dos disparos reportados al C4. Sin embargo, no encontraron los casquillos. Todos los agentes y peritos presentes, recurrieron detenidamente el interior y exterior del lugar en su búsqueda, sin éxito.
“La víctima tiene un ojo inflamado, probablemente una bala se alojó ahí y la otra salió del edificio”, justifica Ruelas. Aunque de acuerdo con el agente Sierra, pudo ser también que el mismo homicida o un testigo las hayan recogido.
Antes de las 16:00 horas arribó personal administrativo de la Subprocuraduría para levantar el cuerpo en un saco blanco y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo). 15 minutos después, los peritos y agentes tomaron sus respectivos indicios, se quitaron su vestuario de protección, lo depositaron en otra bolsa de RPBI y se retiraron, satisfechos de aportar a que otra muerte no quede impune.
Algunos homicidios en la ciudad muestran la rapidez con que se reanuda la regularidad de las actividades en los lugares. “Es muy triste, pero se normaliza la violencia”, expresa Vargas Zermeño. Y así, mientras que en el interior del restaurante, la sangre seguía fresca frente al agujero que dejó el disparo en la ventana, tres estudiantes pretendieron entrar a consumir en el establecimiento. “¡Está cerrado muchachos!”, alcanzó a advertirles un perito.
