En audiencia celebrada la tarde del miércoles 30 de mayo, Alberto Castro Aguirre, Alberto Raúl Morales Pérez, Berenice Rodríguez Aguirre, Jairo Morales Martínez, José Luis Calleros Paz, Julio César Gerola Cortés y Leslie Shantal Quijano Díaz fueron vinculados a proceso por su probable participación en el secuestro de Javier Chang Castillo, de 26 años, que fue privado de la libertad el 22 de mayo en Playas de Rosarito y rescatado tres días después en Tijuana por elementos de la Unidad Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La jueza Tania Guadalupe Vega Gordillo determinó que la fiscalía ofreció datos de prueba suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado e información inicial que establece la probable participación de los siete imputados por los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de mayo pasado, por lo que ratificó su prisión preventiva como medida cautelar durante el tiempo que lleve el proceso y dio un plazo de tres meses para que el Ministerio Público realice la investigación complementaria.
De acuerdo con la fiscalía, el pasado 22 de mayo, Chang Castillo, dueño de un comercio ubicado en la avenida Benito Juárez, de la colonia Echeverría en Playas de Rosarito, llegó alrededor de las 17:18 horas a bordo de su automóvil para ayudar a cerrar el establecimiento junto con su hermana, su madre y una empleada.
Un vehículo tipo panel, color azul marino, con placas de Estados Unidos, con tres sujetos a bordo arribó al lugar y de él descendió Alberto Castro Aguirre y pidió comprar algo, a lo que la víctima se negó, pues ya pasaba de la hora del cierre y estaba bajando la cortina metálica. Ante la negativa, el recién llegado sacó un arma, amenazó al joven y lo obligó a subir a la unidad, mientras Julio César Gerola Cortés le quitó el teléfono celular a la víctima y huyeron con rumbo a Tijuana.
La víctima fue trasladada hasta un domicilio en la calle Granito 1833 de la Sección Dorado de Playas de Tijuana. Mientras mantenían cautivo a Chang Castillo, los captores llamaron a la familia para exigirle el pago de 400 mil dólares por la entregarlo con vida.
El arma asegurada a los presuntos plagiarios
La agente del Ministerio Público refirió que previamente, el 19 de mayo, una denuncia anónima los alertó de la presencia de hombres armados, dos de ellos identificados como “El Rulas” y “El Chunky”, quienes entraban y salían de la casa señalada con el domicilio mencionado, donde presumiblemente mantenían a personas secuestradas.
Con ese antecedente, la Unidad de Atención al Delito de Secuestro montó un operativo. Uno de sus elementos se acercó a la casa señalada y fue abordado por dos sujetos armados, por lo que éste levantó las manos y sus compañeros acudieron de inmediato en su apoyo. Al verlos, los dos sujetos huyeron hacia adentro del domicilio, donde se encontraban tres hombres y dos mujeres más, quienes fueron aprehendidos al confirmar que en una de las habitaciones se encontraba Javier Chang privado de su libertad.
En la audiencia, la defensa estuvo dividida entre un abogado particular que representa a José Luis Calleros Paz y el abogado de la Defensoría Pública que representa al resto de los imputados- Este último pidió al tribunal declararse incompetente para atender el proceso debido a que, de acreditarse el delito, el secuestro se registró en el municipio de Playas de Rosarito, pero la jueza Vega Gordillo rechazó la petición y recordó que se trata de un delito que perdura hasta la liberación de la víctima, por lo que el mismo también tuvo lugar en su jurisdicción de Tijuana.
También consideró que la carpeta de investigación no cuenta tiene los elementos que fundamenten que los hechos ocurrieron como señala el Ministerio Público y que este no detalla la participación de sus representados.
Por su parte, la defensa particular alegó falta de credibilidad en las entrevistas a los familiares de la víctima y otras diligencias realizadas por un agente investigador en particular debido a lo que señalaba como inconsistencias, como que las actas solo tengan las huellas y no sus firmas y nombres y la omisión de las cadenas de custodia de la carpeta de investigación.
La jueza desechó las objeciones ante los argumentos de la fiscal, en el sentido de que se solicitó proteger la identidad de las afectadas y testigo y que las cadenas de custodias aparecían enunciadas en un recuadro de la carpeta de investigación y podía disponer de ellas cuando las solicite.
Finalmente, y considerando los datos de pruebas, especialmente lo narrado por la víctima y la presencia confirmada de los siete imputados durante el momento de la liberación de la misma, la jueza determinó otorgar la vinculación a proceso y mantener la prisión preventiva a los probables responsables.
