Ensenada, Baja California, 18 de abril de 2018
Adela Navarro Bello
César René Blanco Villalón
Directores Generales del Semanario ZETA
Mario Alberto Cabrera Mendoza, personalidad que acredito con identificación oficial con fotografía, con folio número 0209057698125, expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que adjunto al presente; con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Carretera Transpeninsular, número 6500-A, ex ejido Chapultepec, Ensenada, BC, C.P. 22785.
Utilizo el presente para enviarles un cordial saludo, igualmente abordar un asunto de importancia para su servidor, relativo a la nota publicada en el Semanario ZETA, en su edición número 2298, semana del 13 al 19 de abril de 2018, titulada “Fraude al Ayuntamiento de Ensenada”, página 29-A, presumiblemente suscrita por la C. Carla Lorena Lamas Contreras.
Teniendo la certeza que el Semanario que tienen a bien codirigir, ha sido un reconocido defensor de la verdad y los derechos ciudadanos, entiendo que se vuelva innecesario referirme a la posibilidad de ejercer mi derecho de réplica, previsto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, fracciones II y III, 3, 4, 5, 9, 10, de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, con motivo de los agravios causados en mi honor y en mi imagen con la publicación citada con antelación, pues tengo certeza que ustedes defienden y me favorecen en ese reconocimiento.
No es propósito de su servidor judicializar en este medio, un proceso administrativo, motivo de la publicación referida, pues entiendo que existen instancias competentes para tal fin, sino única y exclusivamente me permito hacer algunas aclaraciones y precisiones, que al referirse a mi persona, se emiten aseveraciones que no se apegan a los hechos y al derecho.
La aseveración referida en la nota, respecto a mi persona, al señalar de manera infundada que en mi carácter de Coordinador General de Seguimiento Gubernamental, “exigí” a la Tesorería Municipal, una transferencia por $750,000 para depositarlo a una entidad fantasma que presuntamente haría una donación, es FALSA. La Coordinación General de Seguimiento Gubernamental tiene atribuciones específicas, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 51 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada y son relativas a coordinar y dar seguimiento a los planes y programas de las diversas dependencias y entidades, de manera general y ninguna de sus fracciones establece la atribución de ordenar y mucho menos “exigir” a otras instancias o dependencias, el manejo discrecional de recursos públicos.
El organigrama funcional de la Administración Pública del Municipio de Ensenada, establece a la Coordinación General de Seguimiento Gubernamental, como parte del gobierno central, la misma jerarquía dentro de la estructura municipal con otras direcciones, teniendo como superior jerárquico al Presidente Municipal; por lo cual resulta inadmisible y contrario a la realidad reglamentaria e institucional y por lo tanto a la VERDAD, la insubordinación de facultades y atribuciones entre ambos puestos, definidas claramente en el Reglamento citado.
En estricto apego al ejercicio periodístico, la nota carece de rigor documental y análisis jurídico, y dado que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Ensenada es un documento que puede accederse a través del Portal de Transparencia del Gobierno Municipal, considero la aseveración descrita, fundada en un rumor o fuente, sin ninguna evidencia documental; no se apega al estricto código de ética y profesionalismo periodístico que caracteriza a su Semanario.
Por lo anterior expuesto, resulta inverosímil la aseveración contenida en el párrafo sexto de la nota, al indicar que su servidor “USÓ” el recurso público sin posesión de una factura; dado que las atribuciones y facultadas descritas con antelación a su servidor, en ningún momento establecen el manejo arbitrario del recurso público.
Las conductas asociadas a mi persona, indicadas en el párrafo octavo de recriminación a mi superior jerárquico, no solo falta a la verdad, sino que es un proceder totalmente contrario a mis convicciones y principios profesionales. Entiendo que es demasiado esperar, aunque necesario en el rigor periodístico, a la falta de documento y evidencia real de la aseveración o dicho de una fuente, se proceda por parte del reportero a investigar y documentar los antecedentes profesionales de quien se escribe, para encontrar un comportamiento que avale o se asocie al dicho, pues de lo contrario, como es el caso, se incurre en falsedad y agravio.
En el párrafo noveno, la reportera cita que buscó el posicionamiento por parte del Gobierno Municipal, pero su servidor “RESPONSABLE” prefirió no hablar; debo aclarar que su servidor no tiene como facultad ni atribución, el de emitir posicionamientos oficiales.
Por todo lo expuesto, he de insistir que en ningún momento “exigí” transferencia alguna; en consecuencia, el medio de comunicación, al aseverar en su nota tal situación, sin contar con evidencia documental suficiente, sino solo al dicho o rumor; queda de manifiesto que la nota que hoy impugno, en lo que respecta a los hechos que aluden a mi persona, me causa agravio en mi honor y en mi imagen, afectando con ello mis derechos humanos fundamentales, ocasionando que se judicialice por la sociedad, un tema que ni siquiera se encuentra ventilado ante las autoridades competentes, quienes serían los únicos facultados para juzgar y hacer un pronunciamiento que me sea reprochable, insistiendo como lo he venido reiterando en el cuerpo del presente escrito, que no soy responsable de la conducta que públicamente se me imputó.
Por lo tanto, en atención a mi derecho de réplica, solicito que el presente escrito sea publicado íntegramente en los términos del artículo 15 de la Ley de la materia, y de la misma manera que se publicó la nota referida: en edición impresa y en su portal de internet.
Mario Alberto Cabrera Mendoza
El peticionario
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Respuesta de la reportera:
Atendiendo a su derecho a réplica, le respondo que Semanario ZETA tiene en su poder, documentos y correos electrónicos que dan cuenta del presunto fraude cometido en contra del XXII Ayuntamiento de Ensenada. Esta reportera hizo el trabajo de investigación y como es mi deber, cuestioné a las autoridades correspondientes.
Tanto Sindicatura Municipal, Cabildo y Tesorería, coincidieron en que sí existió tal transferencia y que la responsabilidad recayó en su persona.
A través de la directora de Comunicación Social del Municipio, Martha Eugenia Dávila García, gestionó dos solicitudes de entrevistas personales que no se me concedieron.
Finalmente, los medios no emitimos juicios, se exponen hechos y documentos, no sin antes dar la oportunidad, en este caso al servidor público, de defenderse.
Ya será Sindicatura Municipal, a la que usted fue citado a declarar el pasado viernes 4 de abril, la que determine quién o quiénes son los responsables por haber omitido el procedimiento; al igual que la Auditoría Superior de Fiscalización, el justificar el destino del dinero.
La pregunta sigue abierta para usted, ¿dónde está la factura?, ¿dónde están los 752 mil pesos y los contenedores con donativos en especie que debieron estar en Ensenada desde el 2017?, y que hasta hoy, ninguna autoridad sabe cuál es el paradero de dichos bienes.
Lorena Lamas
Corresponsal en Ensenada
Semanario ZETA
