Durante el año, delincuentes han asesinado a por lo menos 62 policías de distintos niveles de gobierno en el país. Estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad se contradicen en cuanto al número oficial de agentes caídos en cumplimiento del deber. Para el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba Álvarez, las autoridades no le dan el real valor que tienen los elementos operativos y encuestas como Envipe los ponen en el último lugar de confiabilidad
La escena, además de grotesca, resultaba dolorosa. Seis policías estatales fueron masacrados por sicarios de la dupla criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagra en la Sierra de Guerrero.
Uno de los asesinos grabó con su celular los cuerpos inertes, desangrados, mutilados, de los agentes guerrerenses. A todos dieron el tiro de gracia. El criminal se jactó en la videograbación: “Aquí con ‘El 40’ y ‘El Chivo Loco’ nadie se mete”. Minutos antes, los agentes del Estado habían tenido un enfrentamiento con delincuentes, y presuntamente habían matado -en un fuego cruzado- a diez de ellos. Por eso los asesinaron, de acuerdo a la grabación que fue puesta en redes sociales por los delincuentes y compartida en miles de ocasiones.
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Los policías son la primera “cara” del gobierno ante la ciudadanía. Y también, son el primer frente de batalla contra la delincuencia, la convencional y la organizada. Son carne de cañón. Uniformados o con otra indumentaria, cuando mueren de manera violenta se convierten en una fragmentada y confusa estadística que no permite dimensionar la magnitud de la tragedia.
Tan solo en lo que va de 2018 han sido asesinados 62 policías de diversos cuerpos de seguridad en diferentes entidades federativas. Desde policías municipales, estatales y federales en tareas preventivas, hasta ministeriales, de vialidad o los llamados comunitarios.
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Así se advierte del recuento realizado por ZETA ante la falta de una fuente confiable de información, pues en la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, los indicadores sobre el tema son contradictorios, aunque coincidentes en la gravedad del problema.
En el transcurso del año se reportan los homicidios de al menos 62 policías en la República Mexicana, así las fatalidades por corporación:
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Los estados donde más han asesinado agentes:
* Guanajuato lidera la fatal lista, con 16 crímenes
* Guerrero, 11
* Veracruz, 7
* Chihuahua y Estado de México, 6, respectivamente
* San Luis Potosí, 4
* Ciudad de México, 3.
* Jalisco, Nayarit y Sinaloa, 2 cada uno.
* Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, uno en cada entidad.
Uno de los casos más graves fue el multihomicidio de los policías de Guerrero el 17 de abril reciente, cuando en la comunidad El Camalote, en Zihuatanejo, seis elementos fueron emboscados por un comando armado integrado por unos 15 civiles. Los uniformados regresaban en su patrulla hacia su base, al concluir su labor de custodiar a víctimas del delito.
Horas antes de esos crímenes, se habían registrado dos enfrentamientos en Guerrero, en los que diez presuntos delincuentes fueron abatidos y un policía resultó herido. Un día antes, dos elementos de la Gendarmería Nacional fueron heridos por un grupo de sujetos armados en la comunidad de Las Tinajas, del Municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Cuatro sospechosos fueron detenidos.
Sin embargo, algunos mandos también han caído en su trabajo, como el director de la Policía Municipal de Irapuato, Javier Castañeda, quien perdió la vida el 19 de enero, cerca de la comunidad de Trinidad. Ese mismo día, otros dos policías de San José Iturbide fueron perseguidos y asesinados a tiros cuando realizaban su recorrido de rutina.
El 24 de febrero, en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Los Mochis, fue asesinado el subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Ahome, Joel “N”, quien era estudiante de la Facultad de Derecho. Dos sujetos le dispararon dentro de su camioneta.
Y qué decir de los homicidios de los dos agentes federales adscritos a la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que aparecieron torturados y muertos el 17 de febrero en Nayarit, tras cuatro semanas desaparecidos cuando fueron privados de la libertad por una célula del CJNG.
El caso de los federales fue muy difundido, debido a que sus verdugos los obligaron a aparecer hincados -frente a una cámara de video- reconociendo que detenían, extorsionaban o desaparecían personas para resolver carpetas de investigación por órdenes de sus superiores.
INDICADORES CONFUSOS
El problema de estadísticas diferentes, reveladas por una misma fuente, resta credibilidad a las autoridades y hacen presumir que no le toma la importancia debida a la muerte de sus servidores públicos. En 2017, datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) establecían los homicidios de policías en tres periodos.
Según los indicadores revelados en una nota del diario La Jornada, fechada el 30 de abril del año próximo pasado, de 1998 a 2006, se contaron 671 homicidios de policías caídos en cumplimiento de sus labores; de 2007 a 2012, mil 264 policías asesinados en ese sexenio; y en la actual administración, de 2013 a 2016 iban 285 fallecimientos de agentes policiales de todos los niveles en el país. Es decir, 2 mil 220 gendarmes e investigadores muertos a lo largo de 20 años.
Sin embargo, otra nota que cita como fuente a la CNS, publicada en El Universal el 28 de diciembre último, refiere que tan solo en 2017 se tenía el recuento de 530 muertes de policías y el año habría de cerrar con 547 agentes caídos. Más que todos los que la dependencia informó habían fallecido durante los primeros cuatro años de la actual administración.
Foto: Tomada de Internet
El dato atribuido a la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS, desglosó a las víctimas: 244 policías municipales, 203 estatales, 37 ministeriales de la Procuraduría General de la República, 18 federales de la CNS, 13 custodios penitenciarios y nueve elementos de seguridad privada, así como seis de quienes se desconoce la corporación.
POLICÍAS “A LA DERIVA”
Para el doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, la falta de respeto hacia los representantes de la autoridad, así como de garantías en su desempeño, es una situación que agrava la inseguridad pública en el país y abona a la violencia.
“Los policías son los que están en la línea frontal en contra de la delincuencia convencional y no convencional. Entonces, pues ellos son los que están a la orden del día. Este tipo de homicidios que se han llevado a cabo, por ejemplo, los que tuvimos en Guerrero, las innumerables emboscadas y lo que hemos visto, preocupa a las instituciones públicas sobre el ataque frontal contra la delincuencia”, señaló el especialista.
Encargado de coordinar la carrera de Criminología en la universidad pública de Jalisco, Barba destacó que “muchos otros -policías- son victimados porque han tenido algún vínculo con la delincuencia, según han demostrado las autoridades y se ha informado a través de los medios de comunicación. Eso es otra cosa, ¿no?, pero estoy seguro que hay más policías que hacen bien su trabajo y viven una incertidumbre cada vez que salen de su casa a trabajar y que están allí, para dar servicio a la sociedad resguardando la seguridad y la paz pública”.
— ¿Quiénes son nuestros policías? Es decir, ¿cómo viven, qué seguridad laboral y condiciones tienen, a qué aspiran y qué nivel de confianza despiertan a la sociedad?
“Bueno, mira, en un primer término, si tú ves los resultados de la Envipe (Encueta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), la Policía de México, como institución, es la menos valorada, porque hay mucha desconfianza en los cuerpos policiales. Los policías verdaderamente no tienen una garantía de una estabilidad económica porque el Estado, los municipios y la Federación no se hacen cargo de profesionalizar la función. No se ha podido conseguir que la gente que labora en las tareas de seguridad se aboque al cien por ciento a esas funciones, tiene que trabajar en otras cuestiones para completar la quincena.
“Yo recuerdo que cuando era policía, muchos compañeros trabajaban los fines de semana como guardias de algunas reuniones o fiestas particulares donde eran contratados. Es decir, los salarios siempre han sido paupérrimos, aunque se ha trabajado para la estandarización, aún no llega esa anhelada homologación económica de los sueldos. Desgraciadamente muchos policías caen en la tentación de la delincuencia y después se cambian de filas, lo hemos visto en la experiencia”.
— ¿El gobierno le estará dando la importancia a esta problemática de tener al policía como “primera cara” ante la ciudadanía y la delincuencia?
“Yo creo que no, a los gobiernos les interesa tener ahí a los policías, en las calles, que resguarden la seguridad, pero hay muy poca preocupación en la formación del policía y mejorarles sus condiciones para que vivan mejor, toda vez que no se preocupan en los aspectos salariales, ni en su formación; y muchas veces hay carencias hasta en los uniformes.
“Yo sé de la Policía de Nuevo León, la Fuerza Civil, es la corporación policial que está poniendo el ejemplo con buenos salarios, con una buena formación de tres o cuatro meses reclutados en la Universidad de Ciencias de la Seguridad y que están dando resultados poco a poco. Entonces, hace falta un servicio civil de carrera como existe con los Carabineros de Chile, en Italia con los Carabineri, o la Guardia Civil Española. Debemos aprender de estas policías que garantizan a los elementos una estabilidad económica, y sobre todo una formación profesional de élite”.
— ¿Qué pasa con el filtro del Control de Confianza?
“Hay muchos policías que tienen una carrera de más de 25 años en la seguridad pública, los mandan a realizarse los Exámenes de Control de Confianza, los reprueban y luego los corren de una manera incomprensible por parte de las autoridades. Al rato algunos de ellos se le revierten a la sociedad ante la falta de oportunidades para laborar”.
— ¿Se le vinieron a complicar las cosas a los policías con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal?
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que hizo fue meterles una camisa de fuerza a los policías para que den los mejores resultados con una formación paupérrima, muy pequeña y muy básica sobre el nuevo sistema de justicia. Si los que somos abogados y los que se van a dedicar a este nuevo sistema, tienen que estudiar por lo menos dos años para desaprender el viejo sistema procesal y especializarse en las nuevas formas y técnicas, imagínate un policía que tiene de nivel de educación preparatoria hacia la básica.
“Un policía que no conoce el Código Penal sustantivo, pues menos va a comprender el Código Penal adjetivo, que es el proceso penal. Entonces, hay muchos códigos penales en México, en las entidades federativas, que ni siquiera tienen el concepto de delito. Por ejemplo, tenemos algunos códigos penales en Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, que aún mantienen el concepto unitario de autor. Otros códigos penales en los que los bienes jurídicos más importantes se encuentran en la parte especial, en los primeros artículos. Y en otros códigos penales, esos bienes jurídicos están a la mitad.
“Estoy hablando de la vida, de la integridad de la persona, de la intimidad, entonces, hace falta hacer un análisis también sistemático, técnico, del Código Penal, para ofrecer al policía una formación más sencilla, más acorde al Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
— ¿Qué mensaje recibe la ciudadanía, sí a un policía que tiene armas y representa al Estado lo matan? ¿Qué le puede pasar a un ciudadano común y corriente?
“En muchas de las ocasiones, las armas que utilizan los policías mexicanos, son rebasadas por las armas de la delincuencia organizada. Las ejecuciones que vemos y que se encuentran exhibidas en los canales de videos de las redes sociales en internet, dan una muestra clara de la organización criminal frente a la desorganización institucional representada por las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía Federal, de los estados y de los municipios.
“Imagínate tú si a un policía, poniendo el ejemplo de estos seis policías de Guerrero asesinados, si a ellos los pudieron emboscar, gente que sale a trabajar con esa incertidumbre, ya no regresa, pues imagínate un ciudadano de a pie, que nunca ha visto un arma en su casa, qué va a pensar de los riesgos que corre al salir a la calle, del temor de los propios policías y sobre todo lo que se genera en desconfianza hacia las instituciones públicas para denunciar, para colaborar y para poder ayudar a la prevención del delito”.
“Cholo Iván”, enjuiciado por emboscada a militares
El ex líder de la Zona Norte del Cártel de Sinaloa, Orso Iván Gastélum Ávila “El Cholo”, desistió de un juicio de amparo promovido contra el auto de formal prisión que le mantiene procesado al menos por la presunta comisión de siete delitos derivados de una emboscada a un convoy del Ejército, ocurrida hace cinco años en Mocorito, Sinaloa.
“El Cholo Iván”, detenido al lado del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán el 8 de enero de 2016,en Los Mochis, Sinaloa, presentó un escrito ante el Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito para que se le tuviera desistiéndose de la acción constitucional.
Originalmente Orso Iván y/o Jorge Iván pretendía combatir el auto de bien preso que le dictó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa el 14 de enero de 2016, dentro de la causa penal 135/2013 y que fue confirmado en segunda instancia en el toca penal 40/2017 por el Segundo Tribunal Unitario el 30 de junio de 2017.
En dichas resoluciones se le considera presunto responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado en agravio del Capitán Segundo del Ejército, Víctor “N”; lesiones en perjuicio de los diversos elementos militares Marcelo “N”, José “N” y Gadiel “N”; contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina; portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravada.
También se le procesa por delitos contra la salud en la variante de posesión de marihuana con fines de comercio; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso reservado para la milicia; y portación de arma de fuego sin licencia.
Al desistirse voluntariamente, el juicio de garantías causó sobreseimiento fuera de audiencia y la causa penal contra Gastélum Ávila continúa su curso hacia sentencia definitiva, la cual podría dictarse dentro de los próximos meses.
Los hechos por los que “El Cholo Iván” habrá de responder judicialmente ocurrieron la tarde del 21 de mayo de 2013, cuando la célula criminal que dirigía, emboscó a una patrulla militar sobre un camino de terracería cerca del Ejido Bacamacari, en las inmediaciones de la sindicatura de Pericos, en Mocorito.
El Capitán Segundo de Infantería Víctor “N” perdió la vida y los otros tres soldados sobrevivieron, siendo trasladados vía aérea al Hospital Militar de Mazatlán, Sinaloa.
La desgracia no ha dejado a la familia del mando castrense caído en cumplimiento del deber, pues durante el proceso penal contra sus asesinos, personal judicial ha pretendido notificarle los avances vía exhorto hasta Juchitán, Oaxaca, pero su domicilio ya no existe, al resultar dañado por los sismos ocurridos los días 7 y 23 de septiembre de 2017. Vecinos informaron que la casa de la viuda fue demolida y su familia ahora vive fuera de Oaxaca. Luis Carlos Sáinz
