A pesar a los múltiples señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, el presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y que Artículo 19 consideró este mismo viernes “un revés contra la libertad de expresión y la democracia”.
Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui Flores, el encargado del área del Derecho a la Información de la organización no gubernamental que busca proteger la libertad de expresión, Ricardo Reyes Márquez, indicó que la promulgación de esta Ley “muestra la falta de voluntad y compromiso con la sociedad”.
“Esta publicación coincide con lo sucedido hace 6 años, el nacimiento del #YoSoy132 y la promesa de Enrique Peña Nieto por regular el tema. Es un descaro”, indicó Reyes Márquez, quien también afirmó que esperaba que el presidente hiciera caso al pronunciamiento que hicieron organizaciones sobre que la Ley “no cumplía en lo más mínimo con los criterios internacionales”.
Sin embargo, apuntó el encargado del área del Derecho a la Información de Artículo 19, tanto el Congreso de la Unión como el titular del Poder Ejecutivo hicieron “oídos sordos durante más de cinco meses a llamados de gente con autoridad moral muy alta, no solamente de organizaciones sino de académicos y de organismos internacionales”.
“No solamente dejó sin atender los criterios de la asignación presupuestal, que era uno de los puntos principales, sino que las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al acceso de información van a seguir continuando en lo que entre vigor esta ley y una vez que entre en vigor”, agregó Sánchez Márquez.
El abogado agregó que “es lamentable” la aprobación de la llamada “Ley Chayote” y que “resulta extraño que, como la parte agraviada, no nos hayan notificado del cumplimiento de la sentencia […] Hay una especie de vacío de que no se nos notificó hasta el día de hoy sobre su cumplimiento y lo que tenemos es que ya han sacado en el DOF esta ley. Y es un revés contra la libertad de expresión y la democracia”, añadió.
La “Ley Chayote” establece, entre otras cosas, que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social gubernamental deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Otra vez @EPN NO escucha a la ciudadanía y publica el decreto de la #LeyChayote, seguirán las malas prácticas en la relación gobierno-medios de comunicación. Revisa el decreto y saca tus conclusiones ➡️https://t.co/w6gc8w8dNG pic.twitter.com/OjooWbIRDf
— Mexico Unido (@MUCD) 11 de mayo de 2018
Artículo 19 había venido alertando sobre el riesgo de promulgar la #LeyChayote, misma que, afirmaron, permitiría el gasto discrecional del gobierno en la compra de publicidad oficial, propiciando un ejercicio de censura en los medios de comunicación, según su línea editorial.
Por su parte, el colectivo #MediosLibres -conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– argumentó que la publicidad oficial no debe ser empleada como una herramienta de “premio” o “castigo” para los medios de comunicación, ni constituir una forma de censura.
Además, consideró que la “Ley Chayote” “institucionaliza” la discrecionalidad, limita el derecho a la información e incumple con la libertad de expresión. Organizaciones nacionales y extranjeras indican que al final del sexenio de Peña Nieto el gasto en comunicación social alcanzará los 60 mil millones erogados.
Hasta el momento el Gobierno de Peña Nieto ha pagado 40 mil millones de pesos a un limitado número de medios, un gasto que las organizaciones sociales no gubernamentales consideran que es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.
Apenas el pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, el colectivo #MediosLibres envió una carta abierta al Presidente Peña donde lo pedían no avalar la llamada #LeyChayote, aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado.
“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México”, señala el texto firmado por el Ejecutivo federal y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, publicado en el DOF este viernes.
