Veinte días en prisión, no minaron en lo absoluto las intenciones de Mexicali Resiste por luchar por el agua. Al contrario, León Fierro considera que las detenciones a los integrantes de los colectivos, solo avivaron la llama de la protesta social. En tanto, en la PGJE consideran que la salida alternativa es una aceptación indirecta de los hechos de los que se le acusa, y para el abogado Juan Manuel Molina, representa un desprestigio para el Gobierno del Estado
“Luchar por el agua no es delito”, es el slogan de una camiseta morada que un compañero de trinchera, entrega a León Fierro Reséndiz cuando da sus primeros pasos fuera de prisión. Un grupo de 30 personas lo espera en Calle Sur, afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, donde permaneció cautivo por 20 días.
Un día después de la liberación, compañeros tienen un recuerdo nebuloso de esos 20 días; lucen relajados y sienten que ganaron una batalla, pero saben que la guerra sigue. Fierro aprovecha unos instantes para conversar con ZETA mientras recibe abrazos y muestras de cariño en el campamento Norte de Mexicali Resiste, ubicado frente a las oficinas del Poder Ejecutivo en Centro Cívico.
“Ahora tienes el look de Ricardo Anaya”, comentario que desata las risas de sus compañeros, mientras bromean sobre el corte de cabello que le realizaron durante su estancia en prisión, afirmando que 20 días en el Cereso no eran suficientes para hacerlo cambiar de parecer en torno a sus ideales políticos.
De las acciones de gobierno, narró en entrevista: “Los agravios que han hecho deben pagarse con cárcel”, refiriéndose no solo a lo ocurrido con él, sino con los actos hacia sus compañeros, los actos de corrupción, la Ley del Agua, las APP, Constellation Brands, entre otras cuestiones que han puesto en el ojo del huracán a la actual administración.
Manteniendo el mismo discurso, el subprocurador Fernando Ramírez Amador, aseveró que nunca se trató de una persecución política y que la apelación por la reclasificación del delito continúa, pero no interpondrán recurso contra la resolución en la audiencia de suspensión condicional del proceso, pues se trata de una medida alternativa apegada a derecho.
De hecho, afirmó que para otorgar esta medida es necesario aceptar el hecho cometido, por lo que su liberación no es absolutoria en lo mínimo.
LA LUCHA POR EL AGUA NO SE DETIENE
Más de 30 personas esperaban a las afueras del Cereso de Mexicali la liberación de León Fierro, que se dio alrededor de las 1:00 pm. Previo al recibimiento, los manifestantes golpeaban con piedras y palos las puertas y cercos metálicos que rodean la prisión, exigiendo la salida inmediata de su compañero. De pronto, algunos comenzaron a tocar tambores y aquello se convirtió en una fiesta donde esperaban al actor principal.
Foto: Eduardo Villa.- León Fierro abrazando a su hijo
Para el activista, su detención provocó que diversos colectivos en favor de los derechos humanos- tanto nacionales como internacionales- voltearan a Baja California nuevamente, tejiendo nuevas redes y fortaleciendo sus planes de acción.
De hecho, para las 3:00 pm del miércoles 23 de mayo, su liberación fue trending topic en la red social Twitter, además de que medios de comunicación de todo el mundo replicaron la historia.
Acompañado de varios de sus compañeros, incluyendo Jorge Benítez, León Fierro comenta que pretenden emprender nuevas acciones contra la instalación de la planta cervecera Constellation Brands, a la cual denunciarán por corrupción en Estados Unidos. También pretenden abrir y reforzar expedientes contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus funcionarios.
Sobre la próxima Ley del Agua que pretende emitir el sector empresarial, el activista advirtió que es prácticamente la misma que la abrogada en febrero de 2017, por lo que esperan nuevas movilizaciones en busca de combatirla, pero esperarán hasta tenerla en sus manos para iniciar. Mientras, trabajan en compañía de diversos colectivos en realizar talleres en todo el municipio en busca de recabar información para proponer una nueva Ley que, más que “ciudadana”, será “popular”, pues beneficiaría a las personas más vulnerables.
EN EL CERESO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
El reclamo más agresivo que emitió León Fierro al salir de prisión y durante la conversación con esta casa editorial, fueron los constantes actos de violación a los derechos humanos que se cometen al interior del Cereso, como lo es el vivir con 33 personas en una habitación de 3×4, donde en algunas ocasiones no hay luz eléctrica y el baño está expuesto, además del penetrante olor a excremento que se percibe en cada celda.
Fierro Reséndiz narró las primeras horas desde su detención hasta el último día en prisión, afirmando que el día de su captura, los agentes no se identificaron ni presentaron órdenes, por lo que en un principio temió que se tratara de un acto fuera de la Ley, pero la situación se calmó cuando fue llevado al Cereso.
Ahí fue desvestido en dos ocasiones -acto que realizaron cada vez que iba a audiencia-, una de ellas en el mismo Centro de Justicia, donde hasta sus genitales fueron revisados. Agregó que las primeras horas fueron de terror y no se calmó hasta que comenzó a escuchar los gritos y consignas provenientes del exterior de la cárcel.
Luego de la primera audiencia, donde se leyó la acusación en su contra, Fierro Reséndiz fue trasladado nuevamente al penal, bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa. Ahí compartió celda con 33 personas, al lado de asesinos, ladrones de autos, narcotraficantes e incluso personas con terribles problemas psiquiátricos, pues sus arranques de ira eran constantes e inexplicables.
“Las primeras horas fueron las más difíciles”, aseveró el activista, quien denunció que muchos de los internos estaban descalzos y en ropa interior, pues su familia no realizaba un pago para vestirlos; de esa manera podían durar días y hasta semanas, pues nadie respondía por ellos.
Fue hasta después de la maratónica audiencia de vinculación a proceso donde la jueza Ruth Esperanza Álvarez determinó reclasificar el delito a lesiones calificadas, pero mantener la prisión preventiva, cuando fue cambiado a una sala aislada.
Y es que durante los primeros siete días, León mandó varios escritos y denunció constantes abusos de derechos humanos de los que eran víctimas tanto él como sus compañeros internos. Luego de la presión social y de los escritos que realizó, responsabilizando al gobernador por lo que le pasara a él y a su familia, lo movieron a una celda aislada para evitar una posible agresión por parte de otros internos. Sin embargo, esto no mejoró el panorama para los otros prisioneros que siguen padeciendo abusos.
Dentro del penal, comentó que hasta los mismos custodios les pedían que explicara los motivos de la lucha por el agua, y al igual que los internos, estaban de acuerdo con él y reclamaban los actos abusivos de los que fueron víctimas por parte de policías o autoridades. Por ello ahora incluirá el derecho de los internos como uno de sus motivos de lucha.
Agregó que antes de las audiencias le impedían observar su expediente judicial, lo que -a su juicio- le impedía debida defensa, ya que quería comprender lo que pasaba a su alrededor y poder aportar algo a sus abogados en caso de ser necesario.
Sobre el discurso que realizó al término de la audiencia de vinculación -el cual fue utilizado para mantenerlo en prisión-, el vocero de Mexicali Resiste dijo que en alguna ocasión escuchó a Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno, decir las mismas palabras sobre su persona y la agrupación.
“Fue como si estuviera escuchando a Francisco Rueda mientras hablaba la juez”, por lo que no le queda la menor duda que la decisión de mantenerlo preso fue realizada directamente desde la oficina del tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo. Según él, eso quiere decir que no importaba la destacada intervención de sus abogados, ese día no saldría de prisión por órdenes de arriba.
Sin embargo, reconoció que el caso programado por Rosales y sus compañeros de despacho, y la presión social que permaneció en todo el país durante 20 días, fue suficiente para que lo dejaran en libertad.
En un mensaje al gobernador, expuso que espera se haga justicia y que si llega a caer en prisión, que sea en una celda donde se respeten sus derechos humanos fundamentales.
FISCALÍA VOLVIÓ A QUEDAR EN RIDÍCULO: ROSALES
Para el abogado Fernando Rosales, la fiscalía volvió a cometer tremenda pifia, pues no solo se reclasificó el delito de homicidio en grado de tentativa a lesiones, sino que se logró la libertad de Fierro Reséndiz a través de una lucha jurídica.
Acorde con Rosales, la audiencia de suspensión condicional de proceso es una figura que puede utilizarse siempre y cuando se cumpla con tres puntos: que el delito no tenga una pena aritmética de cinco años, que no exista una oposición fundada del ofendido y que no se haya sometido anteriormente a una suspensión de este tipo.
Al descubrir que cumplía con todas las características, decidieron presentar el escrito para solicitar el criterio de oportunidad, donde se presentaron todas las pruebas ya referidas y se justificó que el imputado podía llevar su proceso en libertad siempre y cuando pagara una multa de mil 889 pesos -según un perito externo- por las lesiones de 2 y 10 centímetros del oficial, quien cabe señalar, no se presentó a la audiencia.
De hecho, el agente Édgar Manuel Tapia Castro -quien en 2013 fue objeto de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detención arbitraria-, ya ni siquiera trabajaba en la dependencia, por lo que no habían podido localizarlo.
El Ministerio Público argumentó que uno de los motivos por los que dejó el trabajo fue el daño moral que sufrió tras ese incidente, pero el juez Fernando Serrano desestimó los señalamientos, debido a que durante cinco meses de expediente, no pudo acreditar dichas afectaciones.
En todo el país no existe una persona en prisión por una lesión de 2 y 10 centímetros, por lo que es una vergüenza que la situación haya llegado hasta ese punto, pues representa un terrible descrédito para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que exigió el cese inmediato del fiscal David González Guerra o del subprocurador Fernando Ramírez Amador.
LEÓN FIERRO ESTÁ A PRUEBA: PGJE
Por su parte, el subprocurador Fernando Ramírez Amador se dijo insatisfecho por la decisión del juez, pero la consideró apegada a derecho, por lo que no interpondrán un recurso de revisión.
El funcionario de la PGJE agregó que la situación del activista de Mexicali Resiste no es parte de una persecución política, sino un hecho meramente jurídico, por lo que actuarán de manera objetiva ante su libertad.
Para recibir este beneficio, se debe aceptar el hecho consumado, por lo que indirectamente es aceptar la culpabilidad. Sin embargo, no se trata de un juicio abreviado donde en verdad habría una sentencia, sino de una medida alternativa que Rosales pudo solicitar desde el mismo instante que se vinculó a proceso.
“La defensa esperó varios días para hacerlo, bueno, es parte de su estrategia”, afirmó el funcionario estatal, para agregar que de ninguna manera hubo una sentencia absolutoria, sino que prácticamente Fierro se encuentra a prueba.
Pretenden atarlo de manos: Molina
Para Juan Manuel Molina, abogado penalista, la detención de León Fierro fue una medida precipitada y un error jurídico, ya que se avivó la lucha de los colectivos y finalmente quedó en libertad antes de culminado el proceso electoral.
De forma llana, el jurista citó que la intención de la fiscalía era atarlo de manos durante el proceso electoral, pues ahora deberá tener cuidado, pues la mínima infracción puede echar abajo la suspensión condicionada del proceso, lo que lo llevaría nuevamente a prisión.
Sobre su opinión ante la liberación, aseguró se trata de una forma de salir menos raspado, pues la presión nacional y política a su partido era demasiada, por lo que trazaron la línea para que lograra su libertad.
“Te podría decir que fue intencional, trazaron el camino para que saliera, pues mantenerlo preso iba a causar un daño moral, no fue accidente que eso pasara”, planteó el abogado, quien para concluir, refirió que se invierte demasiado tiempo persiguiendo activistas y no investigando delitos que afectan a la ciudadanía.
