I. Código penal único
Cuando el ciudadano gobernador del Estado, hizo patente la necesidad de un Código Penal que viniera a regir en toda la República (idea sustentada por el maestro Celestino Porte Petit, desde los años 40, el grupo de los que de alguna manera tenemos que ver con el derecho penal (docentes, operadores del sistema, etc.), nos sumamos a la propuesta del Ejecutivo Estatal de Baja California. Hoy, con preocupación vemos que a una magnifica propuesta le ha correspondido la desatención y la inactividad como respuesta. Lo anterior porque no hemos visto, de parte de los sectores que les corresponden, ningún esfuerzo por materializar la idea de sustituir el Código Penal, publicado el 20 de agosto de 1989, por un código que venga a regir en toda la República, pero sobre todo capaz de contribuir de manera importante como freno a la criminalidad que abate sobre nuestro país. Hay ya diversos proyectos que podrían ser aprovechados como códigos penales modernos, eficaces, que sin perder su carácter humanista-garantista, contenga normas especiales para combatir a la delincuencia organizada, poderosa gracias a los enormes capitales que posee, la tecnología de punta que tiene en su poder para evadir las fuerzas de la Ley.
Necesitamos una legislación capaz de combatir la corrupción y con ello, la impunidad que la acompaña.
Requerimos un código sancionador, con medidas enérgicas, capaces de eliminar o al menos frenar las abundantes conductas ilícitas que se dan en los cuerpos policíacos y en los órganos encargados de procurar e impartir justicia.
Necesitamos con urgencia reglas claras que impulsen la reinserción social de aquellos que delinquen por carencias económicas y culturales, pero al mismo tiempo, implantar un régimen jurídico-penal que pueda enfrentarse y sancionar la delincuencia millonaria a las que las sanciones penales que hoy se imponen, no desaniman y que se han convertido en gobiernos de facto de los penales.
Respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de legalidad y el respeto a los principios de dignidad humana, no deben ser pretexto para combatir el flagelo de la delincuencia que por desgracia, cada día se fortalece más y ha llegado a hacerse del gobierno de pequeñas provincias de la República Mexicana.
En síntesis, es necesario poner en juego todas las capacidades y esfuerzos para proveer al país de una legislación moderna, ágil, enérgica, útil, eficiente, justa, equitativa, capaz de combatir la inseguridad que nos devora.
Sabemos que es al poder legislativo federal al que corresponde legislar en materia de Código Penal único, pero esto no impide que Baja California sea pionero impulsor ante el Congreso de la Unión, de un esfuerzo de esta naturaleza.
II. Elección
La virulencia de los ataques entre candidatos a la presidencia de la República y la ausencia de programas que alienten la esperanza de progreso de los mexicanos, genera la apariencia de que no existe entre los mexicanos, una persona capaz de gobernar a este país, acosado por la inseguridad, las agresiones de la presidencia de los Estado Unidos, la corrupción y la impunidad que padecemos.
P.D. Los mexicanos queremos votar en una elección libre, sin la corrupción que generan las dádivas ni los temores de males futuros que coartan lo que debe ser un proceso libre, respetuoso de la dignidad de quien asume el carácter de elector.
Estas campañas electorales se han significado por la carencia de programas de gobierno viables. Las propuestas de la mayoría de los candidatos carecen de sustento y de factibilidad para su realización, eso desanima igual que la injuria y la violencia en el discurso de los candidatos.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
