Luego que el Ayuntamiento de Tijuana entregara el dictamen a vecinos de la colonia Lomas del Rubí, el cual refiere que el deslave del cerro que afectó 161 casas fue provocado por las obras que realizó Grupo Melo, Juan Manuel Gastélum aclaró que serán los afectados quienes continúen el proceso legal. Como autoridad, el Ayuntamiento simplemente seguirá “apoyando”, pero especialistas señalan que está evadiendo su corresponsabilidad, ya que otorga los permisos y le corresponde vigilar el proceso de las obras
Durante una reunión que autoridades municipales sostuvieron el martes 15 de mayo con vecinos de la colonia Lomas del Rubí, en las instalaciones de la delegación San Antonio de los Buenos en Tijuana, donde se les entregó un dictamen, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro compartió que en este se concluyó que el deslizamiento ocurrido el 2 de febrero de 2018 y que terminó con más de 160 casas afectadas, fue provocado por los movimientos de tierra que Grupo Melo realizó en el sitio.
La arquitecta Magdalena García, directora de Administración Urbana, encargada de la elaboración del dictamen, compartió las conclusiones y destacó:
* “No hubo supervisión de obra” por parte del personal contratado y autorizado por Melo
* Con la maquinaria utilizada provocaron “constantes vibraciones en la zona”
* “Retiraron una gran cantidad de material con cortes irregulares en la parte baja de la ladera, lo que descompensó el equilibrio del talud”.
El alcalde agregó que hubo una clara omisión por parte del director de la obra y que la empresa no acató los protocolos para el proceso de movimientos de tierra, sin embargo, dejó en claro que en cuanto a la omisión que pudiera fincársele a la autoridad, es finalmente el perito o encargado de supervisión en quien recae dicha responsabilidad; son ellos los que están al tanto y quienes no informaron a sus superiores lo que ahí estaba sucediendo.
Además, el edil les precisó a los vecinos que este dictamen -del que solamente les entregó copia e invitó a no andarlo compartiendo con quien no sea profesional en la materia- se trata solamente de una “herramienta” que los propios vecinos podrán utilizar para iniciar algún proceso legal “contra quien resulte responsable”, pero tendrán que ser ellos quienes den seguimiento al conflicto.
“UNA SALIDA MUY FÁCIL” A SU RESPONSABILIDAD
“Una salida muy fácil” es la que está tomando el presidente municipal ante la corresponsabilidad que le implica en esta situación, señaló a ZETA el ingeniero Víctor Escobar Sánchez, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMIC BC), debido a que el Ayuntamiento finalmente otorga los permisos de construcción y es el responsable de la supervisión de las obras, sobre todo porque cobran a los desarrolladores por ese servicio, y porque es la autoridad que, previo a otorgar un permiso, ya debe saber y conocer cabalmente las condiciones de suelo que hay en cada zona.
Respecto a la propuesta del Ayuntamiento que plantea que el Municipio ahora tendrá que realizar otro estudio geotécnico para quitar todo lo que quedó destruido en la parte inferior, derrumbar las casas que siguen en riesgo y de alguna manera enmendar el problema, Escobar Sánchez la rechazó, porque la entidad municipal ya debe tener estudios que le indiquen las condiciones del suelo en esa zona.
Dijo que le parece una clara estrategia del alcalde para cansar a la población de dicha colonia, llevarlos por un proceso jurídico muy largo bajo la excusa de que es la única vía de resolver su conflicto, hasta el punto de que los vecinos comiencen a desistir y acepten cualquier cosa con tal de que se les resuelva su situación, sobre todo porque “no se va a volver a recuperar” esa parte donde se cayó la vivienda, porque el costo-beneficio es demasiado alto y no es conveniente, y en ese sentido “el alcalde les tiene que hablar con la verdad”.
En su opinión, la mejor opción es que el Ayuntamiento, atendiendo a ese sentido de corresponsabilidad, además del Gobierno del Estado, realicen un convenio con Grupo Melo para que a los afectados les otorguen casas del mismo fraccionamiento que venían realizando, lo cual resarciría de mejor manera el daño y dejaría satisfechos a los vecinos.
TRES MESES PARA PERITAJE MINISTERIAL
Jorge Alberto Álvarez Mendoza, subprocurador de Zona Tijuana, señaló a ZETA que el dictamen otorgado a vecinos por el presidente municipal, será solicitado y agregado a la carpeta de investigación que está abierta por este caso, “y en algún momento podrá servir”.
Sin embargo, para efectos de la investigación, la fiscalía sigue a la espera de los resultados del dictamen que está realizando el perito designado por el Poder Judicial, el cual, de acuerdo al compromiso hecho por el especialista con la fiscalía, tardaría tres meses, de los cuales ya transcurrió uno, así que estará concluido dentro de dos meses.
