Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y David Kaye, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de opinión y expresión, exhortaron a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial que establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
“Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, manifestaron Lanza y Kaye a través de un comunicado.
Los expertos resaltaron que “México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos”.
El pasado 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
“De acuerdo con la información disponible, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril, en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados. El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios”, indicó el comunicado conjunto de la ONU y la CIDH.
En su informe preliminar al finalizar su visita oficial conjunta a México, el pasado mes de diciembre, los dos expertos recibieron con beneplácito la decisión de la Suprema Corte e instaron al Congreso mexicano a “no solo a adoptar normas claras y públicas que rijan la publicidad oficial y que aseguren la presentación de informes de forma regular y específica, sino que también desarrollen un plan para limitar de forma progresiva este tipo de gastos, en consulta con la sociedad civil y los expertos pertinentes”.
En su último pronunciamiento, los expertos indicaron: “Nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
“Es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”, afirmaron los expertos de la ONU y la CIDH.
“La ley debe prohibir claramente el uso la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios y además debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo”, indicaron Lanza y Kaye.
“Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley. La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”, enfatizaron los expertos de la ONU y la CIDH.
“Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de la legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, dijeron los expertos de los organismos internacionales.
Ayer, el Colectivo #MediosLibres lamentó que pese a los esfuerzos de la sociedad civil para frenar la iniciativa – que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado sin consenso y ni participación ciudadana– aún el Senado de la República no llame a un diálogo para construir un dictamen de consenso.
A través de un video, algunos miembros del colectivo #MediosLibres expusieron el gasto de millones de pesos por parte de los gobiernos para publicidad oficial, una cifra que bien podría, aseguraron, emplearse en beneficio de 6.4 millones de hogares en pobreza o favorecer a 5.4 millones de personas mayores a 65 años para su jubilación o pensión.
El colectivo #MediosLibres exhortó a los senadores para que reconsideren el dictamen y “escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación”.
“Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país”, indicaron. “Los partidos PRI, PVEM y [Nueva Alianza] PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores”, demandó el colectivo.
“La publicidad oficial ya no debe utilizarse como una herramienta de premio o castigo para medios de comunicación que se constituye como una forma de censura”, demandaron en su video.
#MediosLibres recordó que ya quedan pocos días para termine el plazo otorgado por Suprema Corte de Justicia de la Nación, y existe preocupación porque en la Cámara de Diputados esta minuta ya fue aprobada.
“La Ley de Comunicación Social no resuelve los problemas de la publicidad oficial, no cuenta con criterios claros para asignación de ésta”, indicaron. “Si permitimos que esta ley se aprueba así, nuestros recursos públicos, nuestros impuestos, seguirán siendo utilizados para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información”, abundaron.
El pasado 10 Abril, con una votación de 196 votos a favor -del PRI, PVEM y PANAL-, 146 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, la Ley General de Comunicación Social, con la que se cumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de legislar en materia de publicidad oficial.
-Con información de SinEmbargo.
