Raúl Castañeda Pomposo no tiene iniciativa en el Poder Legislativo de Baja California, aunque ha firmado muchas. Su función es representar los intereses del Gobernador y sus aliados. Si alguna iniciativa le interesa a Francisco Vega de Lamadrid, la mete al Congreso del Estado, vía Castañeda Pomposo. Incluso, el diputado panista ha ostentado en dos ocasiones la presidencia de ese Poder, por órdenes del Gobernador. La primera porque así convenía a sus intereses, la segunda porque nadie quería aventarse la polémica del “Dictamen 95” por el que endeudaron al Estado por más de 7 mil millones de pesos por los próximos 37 años.
Castañeda encabeza al grupo leal al Gobernador en la Cámara Legislativa local y lo hace con un orgullo servilista, a grado tal que el propio mandatario lo ofrece para meter cuanta iniciativa le sirva para negociar.
En ese contexto, la iniciativa de reforma que Castañeda Pomposo presentó al Congreso hace una semana para modificar la Constitución Política del Estado de Baja California en el apartado del Poder Judicial, no se puede entender de otra manera que no sea la voluntad del Gobernador, por controlar también a ese poder que representa el Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Con la venia y el interés del presidente del Tribunal, licenciado Salvador Ortiz Morales, quien ha hecho mancuerna con su vecino en el Centro Cívico.
La propuesta de Castañeda, que deberá aprobarse por mayoría absoluta y después refrendarse en los Cabildos de los cinco Ayuntamientos para poder ser una realidad, contiene temas que resulta necesario modificar, como el hecho que son 17 magistrados y en la Ley sigue diciendo 13, pero también otros que despiertan la sospecha sobre el interés primario, como eso de cambiar de adscripción a un juez al antojo del Tribunal o a propuesta del Consejo de la Judicatura, y aquello de reelegir a los Consejeros de la Judicatura, mismos que administran los recursos económicos del Tribunal.
Además propone que los magistrados puedan tener otra actividad remunerada, expresamente en la docencia; es decir, permitirles obtener pagos adicionales a los 107 mil 260 pesos mensuales que perciben (113 mil 734 pesos en el caso del Presidente del Tribunal), el pago de celular sin límite, 4 mil 500 pesos para viáticos de viajes nacionales al día, 2 mil 400 cuando se trate de viajes locales, 60 mil pesos al año para gastos médicos y 30 días hábiles de vacaciones por año.
Ahí le va lo que contiene la iniciativa del Gobernador… perdón, el diputado Castañeda:
* Que si un magistrado es electo por mayoría calificada, sea ratificado con la misma votación.
* Eliminar a los Consejeros de la Judicatura Supernumerarios, pues dicen que ante la ausencia de un consejero (son siete, tres magistrados, dos jueces y dos ciudadanos), el organismo sigue funcionando sin problema.
* Darle atribuciones (hacerlas decisiones soberanas) al Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre adscripciones y readscripciones; es decir, que puedan cambiar a un juez de un juzgado a otro e incluso de una ciudad a otra, o a un poblado, conforme a los intereses del Tribunal.
* Reelección de Consejeros de la Judicatura, de cualquiera, incluidos los ciudadanos, los jueces y los que se desempeñan como magistrados, para que “aprovechando” la experiencia, sigan controlando y administrando el Poder Judicial.
* Darle facultades a ese Consejo de la Judicatura (con reelectos), para que puedan promover la readscripción de jueces.
* Eliminar el artículo que hace parte del Poder Judicial al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
En un gobierno como el actual que encabeza Francisco Vega y en una presidencia del Tribunal como la que titula Salvador Ortiz, los cambios “propuestos” por Castañeda tienen dedicatorias especiales, y las modificaciones podrían ser utilizadas para castigar o premiar a funcionarios del Poder Judicial desde el ámbito estatal, por ejemplo, desde la participación de los dos Consejeros Ciudadanos en la Judicatura, que son electos a propuesta del Gobernador.
Incluso, en cuanto se empezó a correr la iniciativa de Castañeda, se dejó ver la idea de darle cabida de nueva cuenta en el Consejo de la Judicatura a Andrés Garza, el frustrado aspirante a magistrado que ya fue parte de ese colegiado, pero que corriendo en el hipódromo tiene venia política con el Gobernador del Estado, como ficha de cambio.
O por ejemplo, tomar la decisión de cambiar a un juez que a los magistrados o al propio Gobernador les resulte incómodo, sea por incorruptible, porque falló contra sus intereses, o simplemente porque a una magistrada no le cae bien.
En un poder donde las filias y las fobias mueven elecciones de jueces, de magistrados, de consejeros, darles la facultad para reelegir, para cambiar o desterrar, puede ser perjudicial para la administración de la justicia.
Llama la atención que ni el Presidente del Tribunal, ni los magistrados, ni los colegios de abogados, se hayan manifestado al respecto de la “iniciativa Castañeda”. Especialmente cuando se tocan temas tan sensibles como reelección, readscripción y separación.
También es notorio que en tal iniciativa no se propusieron cambios para acabar con los problemas o las polémicas por las que hoy atraviesa el Tribunal Superior; por ejemplo, el haber de retiro que no han logrado socializar para su aprobación, o ampliar el número de magistrados supernumerarios para que siempre haya disponibles para suplir a magistrados retirados, inhabilitados o incapacitados, y que no se encuentren salas incompletas como sucede hoy en día (de hecho hay una iniciativa del diputado Catalino Zavala Márquez que propone equiparar el número de supernumerarios con el de numerarios, o sea, 17 por 17).
Incluso, que no hayan propuesto legislar sobre la forma de elegir magistrados, para evitar tantos amparos que detienen los procesos electivos ante pifias en las convocatorias, e irregularidades en las evaluaciones.
Para los problemas que hoy padece el Tribunal no propusieron solución alguna, se concentraron más en reelegir consejeros y en cambiar jueces, que en otra cosa.
De ahí la sospecha de la “iniciativa Castañeda”, del Poder Ejecutivo metiendo mano al Poder Judicial.
