En el libro “La estafa maestra. Graduados en desaparecer el dinero público”, publicado este año por el sello “Temas de hoy” de Grupo Editorial Planeta, los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste documentan cómo de manera sistemática instituciones del gobierno federal y ocho universidades públicas “desaparecieron” más de siete mil millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2014, a través de convenios de prestación de servicios por adjudicación directa (sin licitación) a “empresas fantasma”.
Con “La estafa maestra” los periodistas en mención ganaron el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018 en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística, cuya indagación revela detalladamente el esquema que utilizaron diversas instituciones gubernamentales para “desaparecer” dinero público que debió llegar a mexicanos beneficiarios con algún apoyo económico o en especie o que debió emplearse para supervisar pozos petroleros o instalar la red de internet en oficinas, entre una diversidad de “servicios” subcontratados por las dependencias federales a través de universidades públicas y éstas por medio de “empresas fantasma”.
Todo empezó cuando a principios de 2017 los reporteros revisaron la Cuenta Pública de 2013 y 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que advertía que dependencias gubernamentales y universidades públicas compartían un mecanismo fraudulento de desvío sistemático de recursos millonarios:
“La Auditoría Superior de la Federación venía publicando varios informes que daban cuenta de desvíos en varias universidades públicas, universidades estatales. Un día estábamos en una junta editorial de Animal Político, y Daniel Moreno, el director, nos dijo: ‘Oigan, por qué no checan en la Auditoría más informes que les haya hecho a universidades, porque a lo mejor son dos o más de tres informes -que es lo que estábamos viendo en ese momento-, y vemos si se repite el esquema de desvío o no. Y bueno, Nayeli Roldán, Miriam Castillo y yo estuvimos revisando como 100 auditorías que les hacían a universidades y de esas 100 vimos como 12 que daban cuenta de este modelo de desviar recursos de dependencias públicas de gobierno a través de universidades públicas estatales, siempre utilizando el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones como modus operandi para desviar dinero”, expresó a ZETA Manuel Ureste.
Es decir, los reporteros descubrieron que no eran hechos aislados de dependencias gubernamentales o universidades públicas desviando el dinero, sino que era una operación sistemática para “desaparecer” los recursos:
“Vimos que no solamente eran una universidad transa siendo la oveja negra, sino que era todo un esquema donde 11 dependencias del gobierno federal sacaban miles de millones a través no solamente de una universidad sino de ocho al menos que investigamos nosotros, porque sabemos que había más implicadas pero tuvimos que cortar (delimitar) la investigación a 2013, 2014, para poder publicarla en un tiempo aceptable, que es un año que estuvimos haciendo la investigación”, complementó Ureste.
La investigación arrojó que 186 empresas recibieron 7 mil 670 millones de pesos, dinero que no llegó a su destino final a los supuestos beneficiarios o no se llevaron a cabo los servicios prestados por las “empresas fantasma” que contrataban las universidades públicas.
De acuerdo con la indagación, entre las dependencias federales especializadas en la “desaparición” del dinero público figuran: Petróleos de México (Pemex), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (Sagarpa); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Registro Agrario Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Y entre las instituciones académicas cómplices en el desfalco, destacan: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico de Tabasco.
Nayeli Roldán también manifestó a ZETA que las universidades involucradas fueron intermediarias en la triangulación entre las dependencias de gobierno federal que otorgaban el dinero y las “empresas fantasma” que lo recibían (prestadoras de los supuestos servicios), a través de las instituciones académicas:
“Las universidades fueron intermediarias en este proceso que no cumplieron o no hicieron ningún servicio y sin embargo se quedaron con una comisión, con un moche, que significaron mil millones de pesos de recursos públicos por no hacer nada”.
“El único propósito de las universidades, su única tarea fue asignar el dinero a las empresas que, en algunos casos, las mismas dependencias les indicaban cuáles tenían que ser, y que finalmente esto resultaba en perder el dinero”, concluyó Nayeli Roldán.
El libro “La estafa maestra” (Temas de hoy, 2018) revela minuciosamente cómo opera la triangulación sistemática entre dependencias federales, universidades y “empresas fantasma” para desaparecer miles de millones de pesos del erario público.
Semanario ZETA comparte con sus lectores un “fragmento del libro ‘La estafa maestra’ de la autoría de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, publicado bajo el sello editorial ‘Temas de hoy’, ©2018. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México”.
