El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, tienen algo en común… bueno, varias cosas, pero destacan dos: ambos construyeron magnas mansiones al inicio de su administración, que indignaron tanto al electorado como a la sociedad común. Peña la adquirió a través de su esposa, Angélica Rivera, y es conocida como “La Casa Blanca”, luego que un reportaje del equipo de Carmen Aristegui la revelara. El costo, por arriba de los 7 millones de dólares, comprada a un contratista del gobierno. Vega dice que adquirió terreno (aun cuando ni a su nombre estaba) y construyó, con su dinero producto de ser “un exitoso empresario” (el término es autoimpuesto, nadie lo ha reconocido como tal), e ingenieros estiman que la propiedad rondaría los 4 millones de dólares.
En el caso de la esposa del Presidente, luego del escarnio social hubo de poner a la venta la casa, al menos la parte que había pagado con el dinero fruto de su trabajo en Televisa -justificó-, mientras Vega de Lamadrid sigue invirtiendo en su caserón que la regidora Mónica Vega bautizó como “monumento a la corrupción” cuando en 2015 inició una campaña electoral.
Aparte de su gusto por las casas millonarias, a Peña y a Vega los une la práctica de las grandes obras que terminan siendo calificadas como las grandes transas por parte de ciudadanía y organismos de la sociedad civil.
Por estos días de la campaña política para renovar el Congreso del Unión y la Presidencia de la República, el candidato del PRI, el partido y el Presidente Peña, están siendo cuestionados por lo que se aprecia como la transa del sexenio: una obra de 239 mil 400 millones de pesos, en la cual se han entregado contratos millonarios a discreción, y ha resaltado además por la opacidad en las transacciones. Se trata del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cual se convirtió en tema toral de la campaña política, especialmente cuando el candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, asegura que de llegar a la Presidencia de la República en la elección de 1 de julio de 2018, cancelará la obra.
En Baja California, en las mismas condiciones de opacidad y con denuncias de grupos de la sociedad civil y ciudadanos comunes y corrientes, Vega de Lamadrid se aferró y los diputados del PAN le aprobaron el convenio de Asociación Público Privada para construir una desalinizadora en Rosarito, que costará más de 76 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado deberá pagar durante 37 años, comprometiendo con ello los recursos de seis administraciones estatales venideras.
Seguramente como lo es ahora el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la desalinizadora de “Kiko” Vega se convertirá en tema central de la campaña que el próximo año se llevará a cabo en Baja California en el proceso electoral para elegir gobernador, alcaldes y diputados locales, para un periodo de dos años para empatar las elecciones locales a las federales intermedias en 2021.
De hecho la trans… la obra de la desalinizadora ya ha sido tomada como bandera de guerra ciudadana por grupos de resistencia en todo el Estado, comunidades en Rosarito y legisladores. Particularmente los de la oposición priista, Partido Encuentro Social y Movimiento Regeneración Nacional, quienes votaron el proyecto en contra, pero fueron mayoriteados por los panistas y sus aliados. A los diputados inconformes se sumó Miguel Osuna Millán, panista que estudió el tema con expertos y concluyó que no era necesaria una obra de esas magnitudes y con tan exagerado costo, para solucionar los problemas de agua del Estado, y a quien el gobernador Vega, acostumbrado a mandar y salirse con la suya, no perdona lo que llama una traición política, sin comprender que se trató de congruencia ciudadana.
Las grandes obras son hoy por hoy el modus operandi de las grandes transas. El Paso Exprés de Ciudad de México a Acapulco que se colapsó, costó más de mil millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que titula Gerardo Ruiz Esparza, y por lo cual no ha sido juzgado al evidenciarse la pésima construcción y la propia opacidad en los concursos de la obra.
Es la nueva forma de sacar dinero del gobierno sin hurtarlo directamente: programar obras, por lo general de altos costos económicos, licitarlas, entregarlas a compañías que han acordado entregar “moches”, terminar con sobreprecios… y todos felices. Menos los ciudadanos que ven afectada su vida cotidiana con las construcciones, y sus gobiernos viciados por la corrupción a partir de la administración del erario.
De hecho, en el caso de la desalinizadora, la obra de la que el gobernador Vega “puso la primera piedra” justo el día en que el terreno fue embargado y las cuentas congeladas, se encuentra en litigio promovido por uno de los socios minoritarios, a quien en una asamblea le pulverizaron sus acciones y le dieron información falsa para sacarlo del negocio en el cual cada mes, el Gobierno del Estado deberá pagar más de 149 millones de pesos por el tratamiento de agua de mar que -afirma el socio demandante- será vendida a Estados Unidos.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la desalinizadora de Rosarito, definitivamente son grandes obras en las cuales se sospechan grandes transas, y que como ya empezaron la polémica social y política, incidirán en las elecciones: la federal de 2018, y la local de 2019.
Así como Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la crítica a la obra del aeropuerto su polémica mediática más grande, que incluso hizo que el empresario Carlos Slim (cuyas compañías o ligadas a él tienen contratos por más de 97 mil millones de pesos en el aeropuerto) ofreciera una conferencia para “defender” el proyecto y hacer un llamado a que los candidatos no se metan, quienes aspiran a suceder a Francisco Vega desde la oposición al PAN en 2019, tienen en la desalinizadora de Rosarito un tema de opacidad, de excesos, abusos, litigios, sospechas de corrupción, y que costará harto a los bajacalifornianos. Harto.
Las “grandes obras” de hoy, serán las transas de las elecciones. ¿Alguna otra? Se aceptan aportaciones: adela@zetatijuana.com
