Ante la proliferación de estaciones de gas LP, generada durante su gobierno, Juan Manuel Gastélum Buenrostro impulsa la creación de una Comisión de Energía e Hidrocarburos sin garantizar el continuar conservando la vigencia de una moratoria que prohíbe la expedición de permisos de usos de suelo. Ante el temor que su conformación solo sea el pretexto para no actuar contra el establecimiento irregular de al menos 18 gaseras, el caso se encuentra bajo observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC)
La incapacidad de las autoridades encargadas del desarrollo urbano de la ciudad para llevar a cabo un análisis social que permita al Ayuntamiento de Tijuana determinar las zonas donde se puedan instalar las estaciones donde se manipule, almacene, venda y/o transporte combustibles, es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro ideó la creación de la Comisión de Energía e Hidrocarburos.
Su conformación se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Gobernación que preside Arnulfo Guerrero, la cual agendó su aprobación en la vigésima cuarta sesión extraordinaria del XXII Cabildo de Tijuana, celebrada el 27 de febrero de 2018.
Pero la exigencia de algunos ediles de que en el mismo documento se garantice la continuidad de la moratoria que prohíbe a la autoridad municipal, otorgar licencias de usos de suelo para la instalación de estaciones de gas LP en la ciudad, el dictamen fue retirado de última hora, del orden del día, y retornado para su adecuación.
A más de un mes, el ajuste no se ha realizado a pesar de que Arnulfo Guerrero expone que “no necesariamente”, la creación de la Comisión de Energía e Hidrocarburos vaya a eliminar la moratoria; así como tampoco avala que al entrar en funciones, la nueva comisión edilicia no vaya a eliminar la moratoria vigente desde el 1 de noviembre de 2016.
En tanto, la Síndico Municipal, Marcela Guzmán Valverde, continúa sin resolver las 18 quejas presentadas por vecinos afectados por la instalación de la misma cantidad de gaseras en colonias populares de Tijuana, aun cuando los usos de suelo y/o edificación se otorgaron por la autoridad municipal sin apego a la moratoria ni a Ley de Desarrollo Urbano de Baja California, como tampoco al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población de Tijuana.
Ante ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, a cargo de Melba Olvera Rodríguez; el 22 de marzo de 2018 abrió la queja CEDHBC/TIJ/Q/246/18/5VG, ante la posibilidad de que con esta omisión, la autoridad municipal vulnere el derecho a la seguridad jurídica y derecho a la legalidad de los vecinos afectados.
NUEVA COMISIÓN DEJARÍA EN EL LIMBO MORATORIA
“Dictaminar respecto de los proyectos de reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materia de establecimientos, giros, estaciones o edificaciones en donde manipulen, almacenen, vendan y transporten gas natural, gas LP, combustibles y todo lo relacionado a energía e hidrocarburos”, es uno de los principales atribuciones que tendría la nueva Comisión de Energía e Hidrocarburos.
Foto: Jorge Dueñes
Es precisamente este punto en el que los ediles del Partido Encuentro Social (PES) observan la posibilidad de eliminar la prohibición vigente en la expedición de licencias de uso de suelo, ya que el nuevo órgano edilicio tendrá la facultad de decidir sobre la aplicación de disposiciones normativas, como lo es la moratoria.
“No hay garantía de que el dictamen no sea el pretexto para no levantar la moratoria”, coincidieron en señalar los vecinos afectados, quienes son liderados por Isabel Hernández Jáuregui y la regidora Mónica Vega.
La edil consideró positivo que sea el Cabildo y no una dependencia ejecutiva, la encargada de analizar la expedición de licencias de uso de suelo para ese tipo de establecimientos, así como de emitir dictámenes, revocar permisos y/o concesiones, según se establece en la propuesta. Del mismo modo se aclaró que para levantarse la moratoria, es necesario que la autoridad municipal primero ponga orden a la anarquía que ha prevalecido en la instalación de gaseras.
La armonización de los reglamentos municipales con las leyes estatales y federales, vigentes en esta materia, son otra de las tareas pendientes advertidas en la moratoria; “si estos puntos no se solventan, no hay modo de levantarla”, advirtió.
En tanto, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez consideró que a la actual administración le ha dado por crear comisiones a las que luego relega, como ocurrió con la que se conformó para dar atención a los vecinos afectados de Lomas del Rubí, la cual hasta el momento “no ha dado ningún resultado”.
SDUE PROPICIA DESORDEN
¿Qué es lo que ha venido sucediendo en la actualidad, en la ciudad de Tijuana?, cuestionó el regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Arnulfo Guerrero, quién se respondió así mismo:
- “Ponen una estación de gasolina o de gas LP y -la liberación de la licencia- se centra en una facultad administrativa y si hay un problema social, solo acaba en un procedimiento administrativo, pero no hay un análisis social por parte del Ayuntamiento o del Cabildo para decir ‘en esta zona sí y en esta no vamos a otorgar -permisos-’. Por ello, una de las facultades de la Comisión es el que se determinen las zonas en donde no se pueden instalar este tipo de estaciones, para evitar el desorden de la ciudad.
- “Para densificar o actualizar usos de suelo de las zonas ya impactadas -por comercios- y que no tengamos brotes de estaciones en colonias, como ya se vivió en el pasado que se instaló una estación de gas en zona de viviendas y hubo una queja por una agrupación. Luego nos echan la culpa como si nosotros hubiéramos sido los que otorgamos el permiso; dicen: ‘fue el alcalde’, cuando fue el Ayuntamiento por el uso de suelo autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano -y Ecología-”, expuso el edil.
¿Queda eliminada la moratoria al aprobarse este punto de acuerdo?, se cuestionó al regidor.
“No necesariamente”, respondió.
“Es decir, nosotros no estamos quitando moratorias, estamos aprobando que una comisión se encargue de revisar todos los temas que tienen que ver con los hidrocarburos. No hay que asustarnos de este tipo de comisiones…Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del Cabildo, es fortalecer al Cabildo”, subrayó.
Y concluyó: “lo que se observa con la instalación de todas esas gaseras, existiendo una moratoria, es que no hay un control”.
AUTORIDAD OMISA
En efecto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) del municipio de Tijuana, dependencia a cargo de Ricardo Lomelín Clapera, es la encargada de la aplicación del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para las Acciones de Edificación, Instalación, Conservación y Operación de Estaciones de Carburación y de Servicio de productos derivados del petróleo.
A través de la Dirección de Administración Urbana (DAU), esta dependencia debería hacer valer esa ordenanza, así como como el Reglamento de Edificación y el Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana.
La sola aplicación del artículo 201 del estatuto municipal en el que se condiciona el establecimiento de cualquier estación de combustible a menos de 350 metros de casas habitación, escuelas, parques, hospitales y centros de recreación; el gobierno de Juan Manuel Gastélum podría revocar la liberación irregular de los usos de suelo de las 18 estaciones de gas denunciadas.
Lejos de ello, el secretario de SDUE basó su omisión de no actuar en contra de estos establecimientos que además carecen de la anuencia de los vecinos colindantes -otro de los puntos que debería de cumplir de acuerdo al Reglamento-, en el hecho de que la mayoría de los permisos los otorgó el XXI Ayuntamiento de Tijuana.
Lo cierto es que la actual administración municipal ha liberado siete dictámenes de usos de suelo y a emitido al menos 12 de la licencias de construcción de las gaseras impugnadas en 2017; esto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), así como en la Sindicatura Municipal, y en este 2018, también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
LA INACCIÓN DE LA SÍNDICO PROCURADORA
A casi ocho meses de que los vecinos afectados, agrupados en la Asociación Retos y Logros Cumplidos A.C., denunciaran formalmente ante la Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, la irregular proliferación durante 2017, de estaciones de gas LP, su inacción ha sido evidente, acusa Isabel Hernández Jáuregui, representante del organismo.
Si bien, reconocen que el 7 de febrero de 2018, Marcela Guzmán dio inicio con el procedimiento administrativo en contra de Corina López Zúñiga, quién fue suspendida de su cargo de Jefe del Departamento de Usos de Suelo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, no se observa seguimiento en el caso.
Los residentes acusan de sesgada la actuación de Guzmán Valverde al solo actuar en contra de López Zúñiga, cuando en las 18 quejas presentadas ante Sindicatura se denunció por el delito de coalición de servidores públicos, tanto a esta funcionaria como a Ricardo Güereña Castro, jefe del Departamento de Usos de Suelo, “ambos deben ser sancionados al igual que el secretario de Desarrollo -Urbano y Ecología-, Ricardo Alejandro Lomelín Clapera”, señaló
En cuanto a los establecimientos irregulares, “la actuación de la fiscal municipal solo alcanzó para clausurar la gasera instalada en el Ejido Francisco Villa, hecho que alardeó públicamente para dos semanas después permitir que continuaran su construcción, mientras los otros proyectos siguen su curso”, anotó.
Por ello pidieron a la CEDHBC, obligar al municipio de Tijuana, hacer valer el derecho a la seguridad jurídica y derecho a la legalidad de los residentes afectados ante las acciones u omisiones “que vulneran nuestros derechos”, acotó Hernández Jáuregui.
AGREGAN NUEVO SENTIDO A COMISIÓN
Abierto a mesas de análisis, la Comisión de Gobernación no ha convocado al resto de las comisiones implicadas en el tema, entre ellas la de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que preside Mónica Vega, para dar seguimiento a la propuesta de conformar el nueva sección edilicia.
Al respecto, Arnulfo Guerrero indicó que se ha ocupado en el cambio de nombre de la misma para denominarla: Comisión de Energía, Hidrocarburos y Energías Renovables, “que son los tres tipos de energías que existen”, mencionó.
“La parte de las energías renovables es establecer políticas públicas que vengan a beneficiar al Ayuntamiento. No hemos generado una apolítica pública que nos ayude a utilizar las energías renovables que nos permita impulsar ese cambio y ahorro para nosotros mismos como Ayuntamiento”.
Junto a lo anterior añadió: “más allá de estaciones de gasolina, estaciones de gas LP, lo que debemos empujar en esta comisión son las políticas públicas para que queden sentadas las bases para que transitemos a la utilización del gas natural en camiones, carros, casas, etcétera”, concluyó.
