Como personajes de una aterradora película de prostitución y narcotráfico, a la que eran ajenos, los tres jóvenes universitarios desaparecidos el 19 de marzo en Tonalá, Jalisco, fueron torturados, asesinados y deshechos en ácido. Hay dos detenidos y la fiscalía estatal cuenta con órdenes de aprehensión contra otros copartícipes de los crímenes. La sociedad repudia los hechos y la versión oficial
Incredulidad de ciudadanos y airadas protestas de universitarios en Guadalajara y otros puntos del país, se han replicado luego que la Fiscalía General de Jalisco reveló el resultado preliminar de las investigaciones sobre la desaparición de tres estudiantes de cine que fueron asesinados y disueltos en ácido por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La noticia que estremeció a los mexicanos y causó indignación en diversos ámbitos, incluso internacionales, indica que los estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV), el mexicalense Javier Salomón Aceves Gastélum, el nayarita Jesús Daniel Díaz y Marco García Ávalos, originario de La Paz, Baja California Sur, fueron confundidos como miembros de un grupo rival conocido como “Nueva Plaza”.
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La información, que encaja en el viejo cliché de “estaban en el sitio equivocado, a la hora equivocada”, fue difundida a través de un video durante la rueda de prensa encabezada por el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez y la plana mayor de la institución procuradora de justicia. El gran ausente fue el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien en fechas anteriores había tenido que salir a dar la cara ante la opinión pública.
La fiscalía puso en conocimiento de la sociedad, que el hallazgo de indicios biológicos en algunos inmuebles y las entrevistas con dos sujetos que se encuentran vinculados a proceso por participar en la organización criminal del CJNG, hacen presumir que los jóvenes, privados de su libertad desde el 19 de marzo, fueron torturados, asesinados y finalmente deshechos en ácido.
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Pesquisas señalan que los estudiantes realizaban grabaciones para una tarea escolar en una casa ubicada en el municipio de Tonalá. La finca había sido asegurada en 2015 a narcotraficantes encabezados por Diego Gabriel Mejía Oliden, actualmente preso en el Reclusorio Metropolitano, por portación de arma de fuego, junto con otros cuatro individuos, todos miembros de “Nueva Plaza”, que lidera Carlos Enrique Sánchez Martínez “El Cholo”, ex integrante del CJNG.
Ajenos a ese antecedente, los futuros cineastas utilizaban el inmueble como locación de su tarea escolar con autorización de Edna Judith “N”, tía de Javier Salomón, a quien los anteriores propietarios del inmueble, una familia de apellido Alcalá, pusieron como prestanombres de esa casa y como administradora de diversas estéticas masculinas en Guadalajara donde se ejercía la prostitución.
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La fecha en que fueron privados de la libertad, Salomón, Daniel y Marco salieron durante la noche de la finca de Tonalá a bordo de dos automotores color blanco. En el trayecto a sus domicilios, el vehículo de Salomón sufrió una descompostura e instantes después apareció un grupo de sujetos armados que se llevó a los jóvenes con rumbo desconocido. Los captores eran miembros del CJNG que tenían vigilado el inmueble que presuntamente su rival, “El Cholo”, había visitado en algunas ocasiones.
La detención de dos sujetos, de nombres Gerardo “N” y Omar “N” (presunto cantante de rap), llevó a las autoridades a ubicar otros dos inmuebles en el mismo municipio y encontrar los indicios genéticos que hacen concluir a peritos que ahí estuvieron cautivos los desaparecidos. Los imputados habrían referido en entrevistas con la Policía Investigadora que por lo menos ocho personas participaron en los hechos.
Fue en una vivienda de la calle Lechuza, en la colonia Pinar de las Palomas, donde se localizaron armas de fuego, uniformes y conchas metálicas falsas de la Procuraduría General de la República, además de restos biológicos que según la fiscalía, correspondían a Jesús Daniel.
En una tercera finca, en la calle Amapola, en Prados de Coyula, policías aseguraron varios contenedores tipo tinaco y 46 bidones con productos químicos que los sicarios habrían utilizado para destruir los cuerpos de los estudiantes.
Omar “N”, quien habría fungido como “pozolero”, aseguró a los agentes ministeriales que trabajaba para el CJNG y percibía un sueldo de 3 mil pesos mensuales, Junto con Gerardo “N”, quien participó en el levantón de los estudiantes, fue puesto a disposición de un juez de control en el penal de Puente Grande, donde fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado. El juzgador decretó la medida cautelar de prisión preventiva hasta de dos años a los imputados y concedió a la fiscalía un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
La Fiscalía General de Jalisco informó que se dictaron órdenes de aprehensión en contra de otros de los participantes en los crímenes y dejó en claro que ninguno de los estudiantes era miembro activo de las organizaciones delincuenciales en conflicto.
Durante el último año, miembros del CJNG han buscado afanosamente a “El Cholo” para ajustarle cuentas, lo que ha dejado una estela de asesinatos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente en el municipio de Tlaquepaque, incluido otro de los participantes en la privación de la libertad de los estudiantes.
Por su parte, Diego Gabriel Mejía, el sicario detenido en 2015 en la finca de Tonalá, permanece en el Reclusorio Metropolitano compurgando una sentencia de cinco años tres días de prisión.
Tres de las hermanas Alcalá, verdaderas dueñas de la casa registrada a nombre de Edna Judith “N” -presa por el delito de lenocinio- y de las estéticas masculinas, ya han promovido juicios de amparo en contra de una posible orden de aprehensión y del aseguramiento de por lo menos siete inmuebles donde se daban masajes eróticos y se ejercía la prostitución.
