La propuesta para endurecer las penas en delitos como robo, homicidios y feminicidios, responde a una medida mediática o electorera y no una verdadera solución contra los altos índices de criminalidad en Baja California, reflexiona un abogado. Su justificación y la aplicación de la justicia no forman parte de una estrategia para combatir la delincuencia, a lo mucho, serviría para obtener sentencias fáciles por parte de la fiscalía, que logra el 97 por ciento de las sentencias a través de procedimientos abreviados
En materia de seguridad, en Baja California se nota la ausencia de una estrategia efectiva, tan solo en las cifras de comisión de delitos:
* De 2014 a 2017 el delito de homicidio incrementó un 63 por ciento
* Robo de vehículos sin violencia creció 17%
* Robo de vehículo con violencia, aumentó 75%
* Robo a comercio, 25%
* Hurto con violencia en general, 14%.
La tendencia se mantiene en 2018. Apenas en cuatro meses se ubica entre los estados con mayor incidencia delictiva del país.
Ante esta realidad de inseguridad, desde el Gobierno del Estado ofrecen como solución el endurecimiento de diversas penas, y la reducción de criterios de oportunidad que, según expertos, luce más como una medida mediática o electorera que una verdadera respuesta a las necesidades en tratándose de seguridad.
Para el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, y el subprocurador Fernando Ramírez Amador, el incremento de penas sería una medida inhibitoria para volver ejemplar el castigo a los criminales; pero abogados consideran que no existe una política criminal que dé prioridad a la prevención del delito y no a endurecer la sanción, que sería la última instancia en la seguridad pública.
Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo comprueba el 3% de los crímenes que lleva ante el juez, ya que el resto se va a través de un juicio abreviado, lo que permite que los criminales adquieran sentencias mucho menores a las establecidas en el Código Penal de Baja California al colaborar.
Durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, se han registrado 5 mil 423 asesinatos, 71 mil 647 autos robados y 43 mil 535 robos con violencia en todas sus modalidades, siendo 2017 el año más crítico de su gestión.
LA INICIATIVA
El lunes 16 de abril, a través de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California, cuya finalidad es desglosar la comisión de delitos como el robo calificado -cuya agravante es de uno a tres años- y robustecer las sanciones de casos específicos, como cuando se imprima violencia o se cometa dentro de un inmueble. Además, pretende disminuir los criterios de oportunidad, incrementar la pena mínima de 20 a 30 años en homicidios y feminicidios, y la inhumación y exhumación de cadáveres de uno a cinco años.
El abogado Rogelio Robles Dumas, durante un debate estudiantil.
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, comentó en entrevista que dicha reforma es el resultado de mesas de análisis con organismos de la sociedad civil y del sector empresarial, cuyo objetivo es mostrar mano dura contra los delincuentes y que piensen mejor si desean cometer crímenes.
El documento presentado en el Congreso del Estado consta de 18 páginas, donde establecen las modificaciones que pretende el Ejecutivo estatal, destacando el incremento de la pena mínima de homicidios y feminicidios de 20 a 30 años.
En la exposición de motivos se establece que cuando se lleva a cabo un procedimiento abreviado, el acusado tiene la posibilidad de reducir su sentencia un tercio de la sanción mínima, por lo que un homicidio o feminicidio puede reducirse hasta 13 años de prisión.
Tal es el caso de un hombre llamado Cristian, quien en octubre de 2015 asesinó a su pareja sentimental al interior de una vivienda localizada en la colonia El Cóndor. Policías ministeriales iniciaron la investigación y en julio de 2016 lograron su aprehensión.
De forma increíble, el Ministerio Público ofreció la oportunidad de un juicio abreviado que aceptó sin dudarlo y el 25 de agosto recibió una sentencia de 18 años de prisión, es decir, dos menos que la pena mínima. La PGJE lo consideró un logro, pero varios sectores mostraron su indignación ante el costo de una vida para las autoridades.
Según el subprocurador Fernando Ramírez Amador, con el incremento de la pena mínima, la fiscalía podría negociar una penalidad superior en un juicio abreviado, pues con 30 años, el piso para negociar partiría de los 20.
Las reformas también alcanzarían al robo calificado, donde pretenden diferenciar y sancionar el crimen con base a sus características. Actualmente este delito tiene una agravante de uno a tres años de prisión, pero con la propuesta se podrían alcanzar hasta 12.
El rango de sanción quedaría de tres a seis años, pero si este se comete al interior de una vivienda y se imprime algún tipo de violencia, sería de cinco a diez años de prisión. Si se acreditara una agresión directa hacia las personas, alcanzaría de ocho a 12 años de cárcel.
Cuando el crimen sea cometido por un trabajador de servicio, huésped o comensal, se impondrá una sanción de tres a seis años de prisión. Misma pena recibirá cuando el delito sea perpetrado por los patrones, en contra de un servicio o bien público y se aproveche para cometer un hecho delictivo durante una catástrofe.
La comisión de delitos en instituciones bancarias se agravaría de cuatro a ocho años de prisión y si se imprime algún tipo de violencia llegaría de seis a 12. Estas penalidades se replican cuando las víctimas sean cuentahabientes o se cometan en agravio de propietarios o empleados de comercios.
En caso de crímenes en agravio de usuarios o empleados del transporte público, la pena sin violencia sería de tres a seis años, y con violencia, alcanzaría los 10.
Entre las reformas también se establece la penalidad de robo de vehículo, la cual permanece de cinco a 12 años, pero la agravante cuando se cometa con violencia llegaría de uno a tres años, a tres a seis.
De igual forma, aumentaría de seis a 12 años el delito de asociación delictuosa -actualmente es de dos a ocho años- y se permitiría disminuir una sanción hasta la mitad, en caso que el sentenciado colabore para la desarticulación de la agrupación a la que pertenece.
MP, RESPONSABLE DE “PUERTA GIRATORIA”: ROBLES DUMAS
Tres abogados particulares y un magistrado mostraron reservas ante la solución que presenta el Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad. Todos coinciden que el endurecimiento de las penas no influye en la incidencia delictiva, además, se contrapone con la idea garantista del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Los juristas Rogelio Robles Dumas y Fernando Rosales concordaron en que el sistema de justicia es una verdadera simulación, pues es el Estado detiene por la comisión de algún delito, pero a la vez deja en libertad, brindando un procedimiento abreviado. Para ellos, ahí radica el problema.
El secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez y el Subsecretario Víctor Lujano.
Rosales reclamó que la iniciativa es una medida electorera que desvía la atención de la PGJE, entidad a la que señala de ser incapaz de sostener sus acusaciones, y encuentra en la negociación una salida con sentencias fáciles, sin importarle que deja en libertad a los imputados, por lo que la responsabilidad de la “puerta giratoria” es meramente de la fiscalía.
Robles Dumas señaló que, según su experiencia, este procedimiento es utilizado como una medida de coacción, pues los fiscales les indican que si se declaran culpables saldrán de prisión de manera inmediata, pero si rechazan la oferta pasarán dos o tres meses en la cárcel, incluso cuando no existe sustento en los expedientes.
Para él, es necesario hacer adecuaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales -este último de instancia federal-, pero antes de endurecer las penas debería trabajarse en las áreas de oportunidad de ministerios públicos y policías, además de los criterios de jueces y defensores públicos, pues el simple aumento no inhibirá a los criminales de no cometer delitos.
“El adicto no razona si está más dura la cárcel o no, la idea es que digan que está más dura, ‘ya no me voy a arriesgar’, pero el que ha tenido 20 o 30 internaciones realmente no le importa; el endurecimiento de la pena nos llevará a un estado carcelario, un estado policíaco, autoritario. Si hay mala actuación del MP, habrá gente inocente en la cárcel”, advirtió.
VA CONTRA NSJP: LÓPEZ FRANK
Por su parte, el abogado Herman López Frank indicó que esta medida va contra todo lo estipulado en el NSJP, que pretende brindar garantías para evitar que las personas lleguen a la cárcel, a cambio de llevar una reinserción al exterior.
Estudios demuestran que el endurecimiento de las penas no concluye con una disminución de la delincuencia. Sin embargo, existen modificaciones que podrían aplicarse en el Código Penal que mejorarían los procesos, como tipificar y sancionar al delincuente habitual.
Es decir, que cuando un individuo esté involucrado en muchos delitos, sin importar que no tenga sentencia, deba otorgarse una medida cautelar de prisión preventiva, para efecto de reducir su actividad criminal durante ese periodo y que se lleve a cabo un proceso de reinserción social. Agregó que es un concepto distinto a la reincidencia.
UNA ASPIRINA PARA TRATAR UN CÁNCER: MAGISTRADO JIMÉNEZ CARRILLO
El magistrado de la Cuarta Sala, Marco Antonio Jiménez Carrillo, dijo que el Poder Judicial no tuvo conocimiento de la iniciativa hasta que fue presentada en el Legislativo, pero a su juicio, será insuficiente para resolver los problemas de inseguridad, al grado de compararla como una aspirina para tratar un cáncer.
El Código Penal de Baja California debe ser sometido a una profunda revisión, ya que se han hecho varias modificaciones y desconoce en qué medida se han relacionado con una verdadera política criminal.
Una medida como esta atraería otro tipo de problemas como el hacinamiento en las cárceles, y según Herman López Frank, mientras más tiempo pase una persona en la cárcel, menos posibilidades tiene de rehabilitarse.
NO ES LA SOLUCIÓN ABSOLUTA, PERO ES ALGO NECESARIO: PGJE Y DSPM
Aunque representantes de PGJE y Policía Municipal reconocieron que no es la solución para acabar con la delincuencia, coinciden en que es necesario como acto inhibitorio, además, Baja California tiene penalidades muy bajas en comparación con Estado de México u otras entidades federativas.
El titular de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, comentó que estiman una reincidencia de por lo menos el 50% por lo que mantenerlos cautivos por más tiempo forzosamente tendría un impacto positivo. Sin embargo, la verdadera solución son los trabajos preventivos, la educación y la cultura.
“En los últimos años tenemos mucha reincidencia, tres, cuatro o cinco veces, en alguna parte del proceso las personas quedaron en libertad por alguna de las medidas alternas del sistema acusatorio. Si es frustrante para los policías, imagínate para la ciudadanía”, comparó el funcionario municipal.
Otra medida que sugiere, es que el Código Penal sume las agravantes y no como actualmente ocurre, que se definan por una, de manera que si se cometió un robo dentro de una vivienda, cada hecho delictivo subsecuente se sume a la sentencia final. En el Estado de México un robo de vehículo puede otorgar hasta 21 años de prisión, dependiendo las agravantes. Coincidentemente, en el último análisis de la organización Semáforo Delictivo, la entidad mexiquense suma la mayor cifra de hurto de autos en el país en el último trimestre de 2018, con 13 mil 803 incidentes.
Sobre los juicios abreviados, el subprocurador Fernando Ramírez Amador justificó las acciones y afirmó que en los delitos de alto grado de violencia o que son sensibles para la sociedad, se omite la posibilidad de un juicio abreviado, pero reconoció, existe una gran carga de trabajo en los ministerios públicos y algunas veces es una excelente herramienta.
Para finalizar, expuso que cualquier estrategia que pretenda reducir la delincuencia es bienvenida, y espera que los diputados realicen las adecuaciones pertinentes para dotar más instrumentos en la impartición de justicia.
