El último año de la administración del exalcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, la Secretaría de Gobernación entregó un monto de 106 millones de pesos para equipamiento en materia de seguridad, mismos que, según indicó la dependencia federal, el ayuntamiento no comprobó el pago de estos recursos provenientes entregados a través del programada Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG). La administración de Gustavo Sánchez niega lo expresado en dicho documento y señala que solo tuvieron dos observaciones que fueron solventadas
Más de 106 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mexicali percibió del Gobierno Federal a través del programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), no fueron comprobados por la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, y coincidentemente, al año siguiente se redujo el presupuesto en más de 30 millones de pesos.
En un documento facilitado vía transparencia se dio a conocer que prácticamente todos los gastos realizados en el último año del polémico exalcalde no tienen forma de ser rastreados, además de no existir ningún documento que avale que se cumplió con los programas para lo que fueron asignados, por lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública turnó la documentación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sorprendidos por la información, tanto el Director de la Policía Municipal, Ulises Méndez Manuell-Gómez, como el Oficial Mayor Óscar Ortega Vélez, comentaron que pudo tratarse de un malentendido, aunque reconocieron que recibieron una auditoría en el mes de febrero donde recibieron dos observaciones menores que fueron solventadas y que les permitieron recibir el recurso del FORTASEG en el 2017.
Agregó que, de no comprobar los gastos, no les habrían dado el recurso para el siguiente año que, cabe señalar, fue 30 millones de pesos menos que el año anterior. Según los funcionarios, esta reducción tiene que ver más con recortes federales que con un castigo por parte del Ejecutivo Federal.
Mexicali no comprobó gastos por 106 mdp: Segob
El recurso destinado al mejoramiento de la seguridad entregado por el Gobierno Federal al Ayuntamiento de Mexicali, no fue solventado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, según consta en el oficio SESNSP/UT/760/2018 y foliado con el número 2210300016918, con fecha del 04 de abril del 2018, en poder de esta casa editorial.
El documento es claro y muestra las inconsistencias que se detectaron al cierre de este ejercicio que concluyó, según el documento, el 31 de enero, cuando el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez ya se encontraba en el cargo, pero sin haber ejercido un solo peso de este recurso.
Joel Abraham Blas Ramos, titular en la entidad del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) del PRI, dio a conocer este documento cotejable en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se precisa que de los 106 millones 722 mil 976.36 pesos, la pasada administración tuvo 24 observaciones, en las que se indicaba que no se comprobó prácticamente ningún gasto.
El recurso está dividido en cinco subprogramas que cuentan con proyectos específicos que son los siguientes:
– Fortalecimiento de Capacidades y Control de Confianza. En este punto, el Ayuntamiento de Mexicali recibió un millón 731 mil 600 pesos, la mayoría para evaluación de permanencia y solo 162 mil pesos para exámenes para elementos de nuevo ingreso. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo indicó que no se presentaron convenios, evidencia que acredite los procesos de evaluación ni facturas o comprobantes relacionadas con los exámenes.
– Profesionalización e instituciones de seguridad pública: se encuentra dividido en cinco cursos que son la “Formación Inicial” a lo que se destinaron 950 mil pesos; “Técnicas de la función policial por 3 millones 656 mil pesos; un “Diplomado para mandos de la Policía Municipal”, cuyo gasto alcanzó los 200 mil pesos; otro de “Evaluación de habilidades, controles, destrezas y conocimientos para policías municipales” por 731 mil 200 pesos; y un curso de evaluación de desempeño por el que se gastó 45 mil 700 pesos.
En total son 5 millones 582 mil 900 pesos que no se comprobó hayan sido comprometidos, devengados y pagados, ya que no se presentaron convenios, fichas de verificación o algún documento que demuestre la realización del curso.
– Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal. El recurso se dividió en ocho programas relacionados con equipo y cursos relacionados al sistema acusatorio, donde se invirtieron 21 millones 229 mil 511.36 pesos.
Fueron dos talleres de capacitación definidos como “Curso de Primer Respondiente (40 horas)”, y “Otros programas del Sistema de Justicia Penal”, por los cuales se pagó un millón 110 mil 005 y 2 millones 465 mil 276.93 pesos, además de la compra de dos lotes de Primer Respondiente para patrulla y de tierra, por montos de un millón 965 mil 253.44 y 2 millones 388 mil 672 pesos. También se compraron –supuestamente– un gran número de cámaras por montos de 7 millones 678 mil 654.80 pesos.
Foto: Cortesía.- La SEGOB informó que no se entregó la documentación para comprobar gastos en 2016 / El análisis es de carácter definitivo para el SNSP
No existe información que refiera hayan sido comprometidos, devengados y pagados, debido a que no se presentaron convenios, ni evidencia que determine la recepción de bienes, la realización de los cursos, facturas y transferencias bancarias.
También se destinaría recurso para la compra de “material de procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios”, y kit de iluminación continua, por montos de 2 millones 845 mil 618 y 521 mil 431 pesos, los cuales se desconoce si fueron adquiridos o pagados, pues nada los respalda. Ni siquiera existe evidencia de transferencias bancarias, algo que, según Blas Ramos, es obligatorio para las autoridades realizar compras por este medio desde 2014.
– Fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Para este rubro se destinaron 71 millones 561 mil 089 pesos, la mayor partida.
Se comprarían camisolas, pantalones, botas, chamarra insignias, chalecos antibalas, además de pick ups doble cabina y patrullas tipo sedán, estos dos últimos tendrían montos de 31 millones 537 mil 012.60 y 17 millones 041 mil 444 pesos, es decir, la mayoría del recurso.
El documento precisa que no se presentaron contratos, transferencias bancarias, facturas ni actas de entrega-recepción.
– Mantenimiento correctivo y preventivo para el equipo de radiocomunicación. Este último rubro destinó recursos por 2 millones 617 mil 876 pesos, y aunque se permite omitir el proceso de licitación debido a que se trata de un equipo especial de seguridad estatal, el Municipio no facilitó documentos relacionados con la compra del mismo, mucho menos comprobantes.
Del análisis que realizó el SNSP solo se comprobó la entrega de 26 millones de pesos de las aportaciones que el Municipio debe realizar para hacerse acreedor al recurso federal, el cual no tiene observaciones de ningún tipo, pues se destinó debidamente en las mejoras de condiciones laborales a policías y la homologación salarial.
Cabe mencionar que la respuesta de 11 páginas concluye que “no se presentó la documentación comprobatoria que acredite el gasto reportado por el beneficiario… por lo que, atendiendo a la normatividad aplicable, dichas observaciones se harán de conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, señala que el informe final concluye es de “carácter definitivo”, por lo que cualquier aclaración deberá hacerse a la ASF.
Ayuntamiento rechaza irregularidades
Tanto el Director de la Policía como el Oficial Mayor, se dijeron sorprendidos por la documentación, pero rechazaron que tuvieran irregularidades o que la Secretaría de Gobernación exigiera cuentas sobre el tema.
Ulises Méndez Manuell-Gómez aseveró que de haberse dado un hecho de esta naturaleza no se les habría entregado el FORTASEG del siguiente año, donde hasta el momento no tienen ningún problema.
Comentó que ellos solo recibieron dos observaciones por el retraso en la entrega de chalecos antibalas por parte de la empresa y por un pago realizado a través de cheques cuando obligatoriamente deben realizarse por medio de transferencia bancaria, pero que fueron solventadas sin problema alguno.
El oficial Mayor Óscar Ortega Vélez fue más allá, afirmando que en febrero o marzo del 2017 hubo una auditoría por parte del Gobierno Federal, donde solo tuvieron dichas observaciones que fueron solventadas sin problema.
Comentó que observó el dictamen final y que los absolvía de cualquier irregularidad, por lo que no comprende los motivos por los que la Secretaría de Gobernación diera a conocer que existe incumplimiento.
Referente a la reducción de 106 a 75 millones de pesos que recibieron al año siguiente, el funcionario municipal comentó que se debió más bien a una reducción de la bolsa FORTASEG y no por un castigo o sanción por algún incumplimiento. En 2018 también hubo una reducción de 4 millones de pesos.
Aunque dijo no recordar a cuánto ascendían las observaciones referidas por el Gobierno Federal que solventaron, indicó que todo estaba sustentado en contratos, aunque reconoció que por el tiempo no podría tener total certeza de dónde estaban ubicados.
“Todo fue documentado, hasta donde sabemos, debidamente comprobado, y entregado en tiempo y forma, en los límites de tiempo, pero entregados”.
Méndez Manuell-Gómez afirmó que todo lo que se compró fue entregado y se cuenta con ello para la operatividad policíaca.
Los contratos
Tras una revisión en la página del Ayuntamiento de Mexicali donde se encuentran todos los contratos celebrados desde el 2014 a la fecha, se pueden confirmar algunas compras, pero no existe evidencia del gasto de por lo menos 53 millones de pesos, además de no tener la certeza de que fuera entregado todo el equipo.
Se trata de cuatro contratos con los que se adquirieron 30 vehículos tipo sedán, para patrulla, por los que se devengó un monto de 16 millones 941 mil 720 pesos, los cuales fueron comprados a Automotriz del Valle, propiedad del exgobernador Eugenio Elorduy, a través de una licitación nacional.
Oficialmente, no existe registro documental del proceso de compra de vehículos tipo pick up de doble cabina, por el monto de 31 millones de pesos que tenían presupuestado; sin embargo, ZETA tuvo acceso al video de una televisora local que evidenció la noticia de la entrega de las mencionadas unidades marca Ford, pocos días antes de culminar la anterior administración municipal.
Los otros contratos fueron la compra de uniformes por 21 millones 128 mil 250 pesos, en favor de Baja Equipos y Textiles S. de R.L., propiedad de Óscar Rodríguez Hermosillo y Abel Sosa Zuno, el primero de ellos además tiene una empresa llamada Colchonera Monarca, que comparte propiedad con el panista Alejandro Caso Niebla; de esta empresa también fue propietario el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri Franco, quien inyectó capital en 2014, pero renunció de sus beneficios como socio al año siguiente.
En su lugar entró Salvador Lombroso Levi, quien también fue socio del hijo del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo, en un casino.
El Ayuntamiento de Mexicali compró 4 mil 100 botas, camisolas, pantalones, además de 2 mil 50 chamarras e insignias metálicas. La misma empresa surtió al Municipio de mil 338 cámaras fotográficas, además de 960 kit de primer respondiente de agentes y otros 438 para patrulla, por los que pagaría poco más de 12 millones de pesos, en total. Es decir, todos los contratos fueron para la misma empresa.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Mexicali también contrató a la empresa FINUTIL, S.A. de C.V. para otorgar vales de apoyo educativo para la Policía Municipal, por lo que devengó 3 millones 780 mil pesos. Sin embargo, no existe información sobre específicamente de qué rubro se obtuvo se extrajo este recurso.
