La aprobación de una Ley General de Comunicación Social que no fija topes al gasto del Gobierno Federal en pautas comerciales ni sanciones, una Ley de Seguridad Privada que limita la regulación del Estado a estas actividades, el nombramiento de dos comisionados del INAI ligados al PRI, la ratificación de 19 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Alternativa y el madruguete por nombrar al titular de la Fiscalía General de la República por medio de un pase automático, resumen dos días de actividades en el Senado
En tan solo dos días, el 25 y 26 de abril, el Senado de la República aprobó la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote” y la Ley General de Seguridad Privada. También nombró a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ligados al Partido Revolucionario Institucional, y ratificó a 19 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además, busca aprobar al vapor, la Ley de la Fiscalía General de la República que colocaría nueve años al frente de la institución a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agrupaciones civiles y legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) e incluso una senadora sin partido, acusan al Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de sus bancadas aliadas e incluso en contubernio con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de aprovechar la efervescencia electoral para lograr nombramientos que se oponen a los principios de transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión.
FISCAL CARNAL, UN PASO MÁS CERCA DE SER NOMBRADO
Tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, ocurrida la madrugada del jueves 26 de abril con 60 votos a favor, el Senado avanzó en el dictamen para aprobar, sin discusión de por medio, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que más de 300 organizaciones civiles, académicas, empresariales y colectivos de víctimas, externaron su preocupación.
Desde hace meses, estos grupos advirtieron de la prioridad de transformar la PGR en una genuina Fiscalía Independiente.
Para ello, señalaron como indispensable realizar reformas al Artículo 102 de la Constitución para garantizar la eliminación del llamado pase automático del titular y con ello dotar de autonomía e independencia a la Fiscalía, informaron las organizaciones civiles por medio de un comunicado de prensa.
Ya que esta reforma constitucional no ha sido aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, aún se considera vigente.
Bajo esta lógica, el procurador en funciones será fiscal autónomo por nueve años al aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, después se realizaría la declaratoria de autonomía de la Fiscalía por parte del Congreso.
De esta forma, el nuevo fiscal general de la República sería Alberto Elías Beltrán, quien se convirtió en titular de la PGR por suplencia después de la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, en octubre de 2017.
Antes de ello, Elías Beltrán estuvo al frente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
“El riesgo de aprobar la Ley Orgánica y nombrar al fiscal general, sin antes llevar a cabo una reforma integral, es el de perpetuar la ineficacia, rigidez y burocracia que hoy caracterizan a la PGR y que ha permitido y alimentado la impunidad en nuestro país”, señaló el colectivo.
De igual forma, las organizaciones puntualizaron que el diseño del dictamen no es acorde al Sistema Penal Acusatorio, ni al Sistema Nacional Anticorrupción, “tampoco plantea un nuevo modelo de investigación, ni de coordinación institucional, mientras que carece de los contrapesos necesarios y nulifica la participación ciudadana”.
Para estos grupos, si no se reforma primero el Artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático del titular, no se debe designar un fiscal general.
Sin embargo, la bancada del PRI, principal impulsora de esta Ley, cuenta con los votos suficientes (51) para designar al nuevo titular de la Fiscalía General. No solo esto, sino que además el partido tricolor cubrió la vacante que tenía en la Comisión de Justicia con la integración de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.
Horas antes de que entrara esta Ley en la minuta para aprobación, PAN y PRD acusaron al PRI de haber logrado un acuerdo con Morena para nombrar a dos comisionados del INAI ligados al partido tricolor.
Si bien Morena votó en contra de los nombramientos, su sola presencia permitió que se reuniera el quórum para la designación, pese a los intentos de PAN y PRD por romper la asistencia mínima para la votación.
“La misma estrategia podría usarse para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General”, advirtieron.
EMPLEADOS DEL SENADO SALTAN AL INAI
Precisamente de madrugada, el Senado de la República tomó protesta a dos nuevos comisionados del INAI: Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena, el primero, director de la Unidad de Transparencia del Senado, y la segunda, directora del Canal del Congreso.
Los nuevos comisionados llegaron a ocupar los cargos de Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora, quienes salieron del INAI el 31 de marzo. Precisamente Puente de la Mora fue incluida en la lista del PRI a diputados federales plurinominales mientras seguía en el Instituto.
Senadores de PAN y PRD tomaron las tribunas para manifestar su rechazo a los dos nuevos comisionados, al considerarlos cercanos al PRI, en específico a Emilio Gamboa Patrón.
No obstante, el nombramiento se hizo por medio de voto secreto, resultando 65 votos a favor de Carlos Alberto Morín y 66 a favor de Blanca Lilia Herrera Cadena, así como ocho votos nulos.
#LEYCHAYOTE
Tras meses de lucha desde la sociedad civil por impulsar una Ley General de Comunicación Social que garantizara la transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos otorgado desde los gobiernos a medios de comunicación, el Senado aprobó una Ley que ni siquiera fija topes al gasto del Gobierno Federal para la contratación de pautas en medios
Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado aprobó en lo general la legislación que entrará en vigor en enero de 2019.
Poco importó la determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual estableció la transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, como algunos de los elementos que debían integrar esta legislación.
La fecha límite que fijó la SCJN fue el 30 de abril, para que el Senado realizara la aprobación; los legisladores cumplieron con la fecha, pero no con los lineamientos. Esta Ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril, pero se mantuvo retenida luego de una reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos.
Organizaciones como Artículo 19 y Fundar advirtieron que, sin un marco normativo, la nueva Ley permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos. Planteamiento que fue respaldado por senadores como Martha Tagle, quien incluso presentó, sin éxito, una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen propuesta.
Por su parte, el panista Héctor Larios aseguró que la nueva legislación legitima el uso que da el gobierno al dinero de los contribuyentes en promover acciones gubernamentales, lo que raya en tintes propagandísticos.
Sin embargo, para los senadores priistas, la difusión de los logros de programas sociales es considerada comunicación gubernamental y, por lo tanto, está permitida.
De igual manera, faculta a la Secretaría de Gobernación para administrar el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones. A excepción de pautas relacionadas con los procesos electorales y la participación ciudadana, para lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de esta administración.
Otra de las críticas de organizaciones en defensa de la libertad de expresión, es que deja de lado la forma en que podrían ser sancionados los funcionarios que no observen los criterios y objetivos de la Ley.
Una de las recomendaciones desde la sociedad civil era, precisamente, la creación de organismos autónomos que se encargan de las contrataciones de publicidad en medios de comunicación, a la par de actores vigilantes y auditores del dinero público destinado a comunicación social.
“Es lamentable que desde que se pronunció la SCJN no se haya escuchado ni dialogado con la sociedad civil para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas en el tema”, expuso el colectivo en un comunicado de prensa.
APRUEBAN TAMBIÉN LEY GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
Con la aprobación, mediante 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, de la Ley General de Seguridad Privada, se derogó el Artículo 152 constitucional, el cual establecía, entre otros aspectos, la obligatoriedad de las empresas dedicadas a estos servicios a “aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información”.
Dicho artículo también fijaba como obligación para las compañías de seguridad privada que su personal fuera sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.
De igual manera, incluye reformas a los artículos 150 y 151 que definen el concepto de seguridad privada como “la actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública a cargo de los particulares”.
Se entiende por seguridad privada, las acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad mediante autorización única expedida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.
Una de las controversias que trajo esta Ley fue el papel de las entidades federativas en la regulación y supervisión de compañías de seguridad privada, pero las principales atribuciones se transfirieron a la Federación.
Bajo la nueva legislación, se regularán actividades como la seguridad privada a personas, el cuidado y protección de bienes inmuebles, custodia del traslado de bienes o valores, así como la instalación o comercialización de sistemas de blindaje, entre otras.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CUENTA CON NUEVOS MAGISTRADOS
La Cámara de Senadores avaló, con 49 votos a favor, 17 en contra y 17 abstenciones, el nombramiento de 19 magistrados supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes fueron ratificados por un periodo de diez años.
Tales designaciones se dan en el marco de los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Como magistrados, se nombró a Eugenio Castellanos Malo, Luis Javier Guzmán Ramos, José Guadalupe Medina Romero, Gustavo Naranjo Espinosa, Gerardo Brizuela Gaytán, Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos, Sylvia Marcela Robles Romo y Alberto Rodríguez García.
Como magistrados supernumerarios, se seleccionó a Claudia Palacios Estrada, Juan Pablo Garduño Venegas, Julio Alberto Castañeda Pech, Ernesto Martínez Franco, Mónica Karime Bujaidar Paredes y Elva Marcela Vivar Rodríguez, quienes ocuparán su cargo a partir del 1 de julio de 2018.
Mientras que como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ratificó a José Alfonso Padilla Manjarrez, María Ozana Salazar Pérez, Juan Manuel Angulo Jacovo, Axeel Miguel Arana Castaños y María del Consuelo Hernández Márquez.
