Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria de Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó que será hasta “julio o agosto’”, después de concluido el proceso electoral, cuando se verá si condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para eliminar el fuero, debido a que la Comisión Permanente no tiene facultades para aprobar reformas constitucionales.
“Vamos a instalar la Comisión Permanente del Congreso y a ésta le tenemos que solicitar, si hay un dictamen, que nos autorice un día o dos para hacer un periodo extraordinario, en el mes de julio o agosto […] Tenemos tiempo, nosotros nos vamos el 31 de agosto del Senado de la República”, dijo Gamboa Patrón, durante la clausura del último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.
“Lamento mucho que [el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados] Marko Cortés [Mendoza] haya dicho eso [culpar al PRI en el Senado por no aprobar la eliminación del fuero]. Yo le pido que lea lo que nos mandaron [la minuta]”, indicó el político yucateco.
“No me puedo quedar callado, mi bancada dijo vamos al fuero, pero vayamos a un fuero que tenga una profunda responsabilidad en las acciones que va a tener el próximo presidente de México o la presidenta, porque tenemos una candidata”, dijo Gamboa Patrón.
El pasado viernes 27 de abril, el Senado de la República concluyó sesiones, sin aprobar la reforma constitucional con el que se elimina el fuero del que gozan los servidores públicos, incluida la derogación del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide juzgar al Presidente de la República, salvo por traición a la Patria o delitos graves.
Fueron los propios senadores del PRI los que pararon la reforma constitucional en comisiones de la Cámara alta, a pesar de que el tema había sido impulsado por su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, quien, incluso, presumió que sería el primer presidente de la República sin fuero.
En una reunión que duró más de seis horas entre las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos y de Reforma del Estado, los legisladores del PRI se negaron a avalar, tal como está la minuta, que el pasado 19 de abril envió la Cámara de Diputados, donde fue avalada en el Pleno, con 370 votos a favor y cero en contra.
La reforma de San Lázaro modifica ocho artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar la inmunidad procesal de la que actualmente gozan los altos funcionarios y legisladores federales, incluido el presidente de la República. Con esto, cualquiera de ellos podría ser procesado penalmente si cometiera un delito durante el tiempo de su encargo.
En la reunión, los senadores del PRI argumentaron que la minuta tiene “deficiencias”, como la de plantear quitar el fuero al jefe del Ejecutivo, un punto que consideran afectaría la gobernabilidad del país, así como que, es un planteamiento impulsado por las elecciones.
Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró sesión permanente para que un grupo de técnicos revise la propuesta y corrija las “deficiencias”. Sin embargo, el senador del PRI no dio fecha para la próxima reunión de las comisiones unidas.
“Convocamos a que el grupo de trabajo empiece de inmediato, nos entregue a la brevedad [la propuesta], nos declaramos en sesión permanente y convocamos de nueva cuenta”, expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales al levantar la sesión.
“La postura de nuestro grupo es, sin duda, la eliminación del fuero y de que todos los mexicanos seamos iguales ante la ley. Hay ciertas deficiencias de técnica jurídica y técnica legislativa en la minuta que nos presentan los diputados”, dijo el senador del PRI, José María Tapia Franco.
“Tenemos la obligación jurídica, constitucional y legislativamente, de revisarla, adecuarla y modificarla en su caso, sin perder de vista cuál es el fondo del asunto. No es el propósito regresarla a Cámara de Diputados para que se quede estacionada”, dijo el legislador priista.
“El propósito es hacer no una ley posible solamente por trámites electoreros, como lo pretenden hacer varios, lo único que queremos realmente es que no haya mexicanos de primera y de segunda. Debemos ir a un análisis más exhaustivo”, insistió el senador Tapia Franco.
Por su parte, el senador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, pidió que se avale la minuta como está, para que sea enviada al Pleno de la Cámara alta, después a los estados y al Poder Ejecutivo, para que esta entre en vigor.
“¿Por qué no de una vez? Creo que vale la pena mandar el mensaje. La realidad es [que el fuero es] un mecanismo que la gente repudia. Si venimos a legislar para la gente y no para quienes gobiernan, tenemos la obligación moral de aprobar el dictamen como viene”, señaló Preciado Rodríguez.
La senadora sin partido, Martha Angélica Tagle Martínez, acusó que si bien los legisladores del PRI impulsaron la reforma constitucional en la Cámara baja e incluso la bautizaron como “Ley Meade”, los priistas nunca estuvieron a favor de la eliminación del fuero.
“No hay que utilizar el tema del fuero con fines electorales. [El PRI] no sabe cómo deshacerse la paternidad de la ley y decirle a su candidato que no la van a aprobar […] Nunca han estado a favor de la eliminación del fuero y hoy simple y sencillamente están haciendo circo para evitar que se note que es el propio PRI el que está deteniendo esta minuta”, expresó Tagle Martínez.
El proyecto de reformas y adiciones a 8 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnado el pasado 19 de abril al Senado de la República, para su ratificación y, posteriormente, debería ser también aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales.
La enmienda constitucional cancelaba la inmunidad procesal del Presidente de la República, así como de secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, ministros, magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales.
Con dichas reformas, los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cualquier ciudadano.
Asimismo, el proyecto mantenía la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional, el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como son los casos de la difamación, la calumnia y la injuria.
El pasado 12 de abril, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) en la Cámara de Diputados, presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar el fuero de los servidores públicos.
