El Supremo Tribunal Federal de Brasil no aceptó el “habeas corpus” presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar una condena de 12 años de prisión por un caso de corrupción, de uno de los procesos que se desprenden la investigación conocida como “Lava Jato” (autolavado, en portugués), esto, a tan sólo a seis meses de las elecciones, con sondeos y encuestas que lo tienen como favorito.
El recurso presentado por la defensa de Lula da Silva ante la Suprema Corte del país sudamericano, pedía que el ex mandatario brasileño no ingrese en prisión antes que todas las instancias superiores analicen el caso de quien gobernó Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.
El “habeas corpus” es un recurso de urgencia previsto por la Constitución brasileña que la defensa de una persona presenta para evitar una prisión que considera ilegal. No obstante, el Tribunal Federal negó el recurso a Lula da Silva, ya que de los 11 miembros de la Suprema Corte, 6 votaron en contra y 5 a favor.
La votación, que duró 12 horas, la definió la presidenta, Cármen Lúcia, quien llamó a respetar la decisión de la Suprema Corte. Ahora un juez podría avalar una orden de arresto contra Lula da Silva, sin embargo, el también aspirante a la reelección podría seguir apelando el proceso desde la cárcel.
Ayer martes, en un mensaje inédito a través de la red social Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”.
El juez Sérgio Moro ordenó la prisión de, al menos, una veintena de personas, entre ellos políticos y empresarios, acusados de cohecho y malversación pública. Mientras que “Lava Jato” es una investigación sobre corrupción en la que las élites brasileñas aceptaban sobornos a cambio de contratos públicos, especialmente con la petrolera estatal Petrobras.
En julio de 2017, el juez Moro, declaró culpable al ex presidente Lula da Silva y lo sentenció en primera instancia, a una pena de nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, crimen que presupone que el funcionario público acusado realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado por presuntamente haber aceptado de la empresa OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos, ubicado en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con Petrobras.
La defensa jurídica del ex mandatario brasileño, de 72 años de edad, interpuso un recurso de apelación en segunda instancia, sin embargo, un tribunal de alzada de Porto Alegre, el TRF4, rechazó dicho recurso en enero de 2018 y, además, aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.
El ex mandatario, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial”. En 2016, su partido cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por su vicepresidente, el conservador Michel Temer.
