Cuando el PRI gobernó por 71 años en la República Mexicana, y mandataba en prácticamente todas las entidades federativas, la hegemonía partidista llevó a la clase política a desarrollar un comportamiento servil hacia quienes encabezaban los poderes. Se magnificó el centralismo y se consolidó el contubernio entre gobiernos, para beneficio de unos cuantos y en detrimento de la sociedad.
Por entonces era común atestiguar todo tipo de zalamerías políticas que iniciaban en el cargo más bajo de gobierno, hasta el más alto de Presidencia de la República. Regidores alabando a presidentes municipales, estos adulando al gobernador, y este, entregado a los designios del señor Presidente de la República, a quien consentían el resto de los poderes que le servían en el Legislativo y en el Judicial.
El día del Informe, por ejemplo, era llamado el día del Presidente, o del gobernador, según fuera el caso, y los periódicos, entonces el medio tradicional para los políticos, estaban plagados de desplegados felicitando “al superior”, dando gracias de tener tan buen líder, alabando su inteligencia y lo bien que conducía al país -o al Estado- por más evidente que fuera la ausencia de políticas públicas efectivas en beneficio del desarrollo de la sociedad y del entorno.
La zalamería a todo lo que da. Obligada, esa era la idiosincrasia del político mexicano, quedar bien con el superior o salir del presupuesto, no había otra forma de hacer gobierno. No es broma la anécdota, atribuida en algunos casos a Porfirio Díaz y en otros a Miguel Alemán Valdez, de cuando el Presidente de la República preguntó qué horas eran y uno de los secretarios respondió “Las que usted indique, señor Presidente”. Tampoco cuando en referencia a Carlos Salinas de Gortari, se aseguraba que en México no se movía la hoja de un árbol sin que el mandatario estuviese de acuerdo.
Pero esa práctica política fue quedando en desuso cuando en el país comenzó la alternancia. Ante las derrotas en municipios y Estado, los priistas fueron perdiendo tanto presencia como poder, hasta ser derrotados en la Presidencia de la República en el año 2000, por el hoy priista pero entonces panista, Vicente Fox Quesada.
Entonces hubo una reducida, pero importante época de rebelión no solo entre representantes del Poder Ejecutivo en municipios, estados y la República, también entre poderes. Sin representante en Los Pinos, el PRI fue decayendo y apenas conservando algunos cacicazgos en entidades federativas como Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila y el paradigma de esa clase, el Estado de México.
Con Vicente Fox y Felipe Calderón se acabó el día del Presidente, y los gobernadores formaron su sindicato para no estar tan supeditados a los designios del Gobierno Federal. Políticos jóvenes acabaron con prácticas de zalamería política, y los informes se regularon para no caer en exceso. También los contenidos de la publicidad gubernamental se regularon (no así el gasto; de acuerdo a Artículo 19, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto ha gastado 40 mil millones de pesos en ese rubro), lo mismo que los actos públicos.
Pero en los cacicazgos políticos que persisten en algunos estados, esas prácticas emergen. Lo mismo en una Presidencia de la República como la de Enrique Peña Nieto, que gusta de la adulación, el aplauso y la vanagloria.
Baja California es uno de esos estados. Aquí, representantes del Partido Acción Nacional han gobernado la entidad desde 1989, el cambio sería que ganara la oposición cualquiera que esta fuera. Enquistados en el poder, les ha pasado lo mismo que al PRI, que gobernó 71 años México. Harta corrupción, abusos de poder, transas, represión, opacidad en la cuentas, falta de transparencia en los trámites, enriquecimiento evidente de los funcionarios.
Francisco Vega de Lamadrid intenta gobernar con esa soberbia de cacique político de antaño. Controla al modo antiguo al Congreso del Estado, y al Poder Judicial, que falto de integridad, está siendo ocupado por alfiles del gobernador en lugar de celosos guardianes del Derecho y la justicia. Con Congreso y Tribunal de su lado, el titular del Ejecutivo estatal hace y deshace.
Hace unos días, ignorando el embargo que un juez del Estado determinó sobre el terreno y las cuentas de la empresa que construirá la desalinizadora más cara de la historia de México, a razón de más de 76 mil millones de pesos a pagar en 37 años, tanto gobernador como presidente municipal acudieron a poner la primera piedra, ignorando la determinación del juez.
El gobierno de Baja California involucionó décadas de alternancia política, separación de poderes y desarrollo de la administración pública. No solo a partir de las decisiones unilaterales que desde la oficina del gobernador y en complicidad con los otros poderes se toman, sino que ante la falta de oficio político, la zalamería está de regreso.
En momentos en que el gasto público está siendo observado por organismos creados para ello, por los periodistas y por organizaciones de la sociedad civil, cuando la sociedad está más harta de la corrupción y sus gobiernos, como es el caso de Baja California, Juan Manuel Gastélum destinó recursos de la ciudad de Tijuana para pagar desplegados en periódicos y publicaciones en redes sociales, para -de verdad- felicitar al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por la colocación de la primera piedra de lo que pretenden sea la desalinizadora en Rosarito.
Hace años no se veía una acción así. Que una administración municipal felicite al Gobierno del Estado y además, por el caso de una compañía que está embargada. Ni en las épocas de Roberto de la Madrid o Xicoténcatl Leyva Mortera, se veía tal nivel de arrastramiento político y supeditación entre un alcalde y un gobernador, además, a expensas del presupuesto municipal.
Mal se ven los dos impopulares políticos del PAN, protagonizando esos actos de burla con el dinero de los gobernados. El hecho hasta parece una burla hacia la sociedad y sus instituciones, pues días después de publicar los desplegados y pagar para que publicaciones se repliquen en redes sociales, Gastélum lo hizo de nuevo. Emitió un boletín oficial del Ayuntamiento de Tijuana para “reconocer la labor del gobernador a favor de las familias vulnerables”. Se sigue burlando, pues, de la sociedad que abuchea a Vega de Lamadrid ante tantos aparentes casos de corrupción, excesos, abusos y falta de desarrollo de políticas públicas de un gobierno que le está quedando a deber, y mucho, a la sociedad.
De pena ajena para los bajacalifornianos, sus gobernantes. Utilizar los recursos públicos para felicitarse unos a otros, es no tener conciencia social. Ni decencia política, y ser un mal administrador público. Ahí vienen las elecciones, ojo… mucho ojo.
