De incumplir la orden judicial de reinstalar en sus puestos a ocho ex empleados del Ayuntamiento, Marco Novelo podría quedar deshabilitado el 30 de marzo por desacato; el jurídico de la administración se toma muy en serio el tema, al implicar un procedimiento penal. Tienen 500 demandas y 14 laudos en puerta
Al Ayuntamiento se le venció el plazo y, antes del 30 de marzo, deberá dar cumplimiento a la orden judicial de ocho ex empleados que exigen, unos base sindical, otros el pago de horas extra o la reinstalación en el cargo que ocuparon.
“A ellos los tenemos en la orillita”, dijo el jurídico del Ayuntamiento, José de las Fuentes Lara, quien agregó, existen 22 laudos en camino, cuyo costo total es de 14 millones de pesos.
“Si los razonamientos que hagamos los considera el juez como evasivas, puede sancionarnos con la destitución e incluso darle vista al Ministerio Público por desacato a una orden judicial”, detalló.
Luego del requerimiento, se dará vista a la autoridad superior para que de inmediato se giren oficios del auto, instruyendo a dar cumplimiento o su remoción.
Los apercibimientos son por 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a poco más de 80.60 pesos. Pero cuando el procedimiento llega hasta el final, al grado crítico como son estos 30 asuntos, la sanción del juez podría alcanzar las 500 UMA.
“Pero no para ahí, sino que viene la destitución del cargo por desacato”, indicó el jurídico con cautela.
El primero en la lista es el presidente municipal Marco Novelo Osuna, junto con los integrantes del Cabildo, luego la tesorera municipal Guadalupe Méndez Maldonado y la oficial mayor, Mónica Vargas Núñez, al igual que el propio encargado del jurídico.
CONTRATOS CAROS
Un empleado de Sindicatura Municipal durante la administración de Gilberto Hirata Chico, tiene demandado al Ayuntamiento de Ensenada por incumplimiento de contrato. A pesar que solo trabajó dos años, pide reinstalación, el pago de horas extra o una base sindical.
Mes tras mes, firmaba un contrato por ofrecer servicios profesionales y con ello Oficialía Mayor creyó que se deslindaba de las obligaciones patronales, evitaba que el empleado genere antigüedad; no le daban servicios médicos, vacaciones, seguro de vida, bonos de compensación ni aguinaldo.
El problema fue que en la oficina tenían un reloj checador que se convirtió en una prueba de que efectivamente él y el gobierno municipal tenían una relación laboral.
“Si llegaba tarde me descontaban las horas, si no iba a trabajar me quitaban el día, los permisos tenían que solicitarlos con anticipación a través de un escrito, todo lo tengo documentado y esa es mi defensa”, narró el ex trabajador, cuyo nombre se omite por el proceso legal y se desempeña como asesor legal mientras su demanda avanza.
EL DINERO NO LLEGA Y LAS DEMANDAS NO SE DETIENEN
Durante la última sesión de Cabildo, Marco Antonio Novelo Osuna propuso solicitar un crédito con Bansi por 60 millones de pesos, a pagar en el lapso de un año.
Sin embargo, al gobierno municipal se le agotaron las líneas crediticias y Tesorería tiene que realizar una serie de trámites para acceder al préstamo bancario.
En dinero, por dar cumplimiento a la orden de 30 asuntos, representa 14 millones de pesos, mientras que de los 140 laudos condenatorios, son 150 millones.
Los Juzgados Séptimo, Noveno, Quinto y Octavo, tienen demandado al Ayuntamiento por el incumplimiento de las órdenes por demanda laboral.
Del universo de 500 expedientes municipales en proceso en los tribunales de Baja California, 203 que ya tienen laudo, más 140 que son firmes, que ya no se van a mover de ahí, están condenando a pagar el municipio.
En el transcurso de su gestión, Novelo Osuna ha hecho una depuración que llegó a 360 personas despedidas con la finalidad de adelgazar la nómina y tener un ahorro, de estas, 70 se han ido por la vía de la demanda para que les retribuyan el dinero de horas extra trabajadas, prestaciones, base sindical o reinstalación.
De ese total de laudos, seis tienen requerimiento de pago, en esos juicios de amparo ya tienen sentencia y se está obligado a cumplirla a otorgar la base o las prestaciones a las que se haya condenado. Dentro de estos, hay 30 juicios en etapa de cumplimiento porque se ampararon por incumplimiento de la autoridad con alguna prestación, a la que se le condenó entonces por el juez.
De esos 30, ocho están con los apercibimientos de que se les va a imponer una sanción o en su caso la destitución del cargo, por no cumplir o no dar las razones que justifiquen el no acatar. Son querellas que interpusieron empleados en los años 2009, 2011 y 2012.
HAY QUE “TENERLE RESPETO” A LAS SENTENCIAS
De las Fuentes Lara alertó al presidente municipal y demás autoridades a tener cuidado con las órdenes de un juez, ya que están dentro del procedimiento penal y si da una instrucción, se debe cumplir.
— Del total de las demandas laborales en las que aún no hay sentencia, ¿hay posibilidad de que el Ayuntamiento gane solo una?
“Sí, algunos de esos, en materia laboral cuando el trabajador demanda despidos, reinstalación y diversas prestaciones como salarios, vacaciones, aguinaldos, bonos o compensaciones, se presume que son ciertas hasta que se demuestre lo contrario; si el empleado dice que laboró horas extra, pero la empresa no tiene control para el ingreso y salida del empleado, no habrá manera de comprobarlo”.
— El jurídico del Ayuntamiento tiene la capacidad para defender los asuntos laborales, ¿o es cierto que cualquiera le gana al gobierno municipal?
“No, a esta administración no se le queda ninguna demanda sin contestar, no hay un asunto que se diga que se encuentra sin contestar”.
— Hablando de resultados positivos para el Ayuntamiento, ¿cuántos casos han ganado en este gobierno?
“No tengo datos precisos en los que se absuelve, pero cuando inició la administración eran 510 o 520 asuntos y la administración implementó un programa de retiros, pero además se ha dedicado a adelgazar la nómina sin que esto signifique que haya crecido el número de demandas, porque hemos llegado a un arreglo. Si bien tenemos algunas personas que nos han demandado, otros se fueron con la remoción o se llegó a arreglo, y se acabó. Pero no hemos dejado que crezca”, expresó el jurídico.
CADA TRABAJADOR MERECE BASE
Jacinto Alcalá, secretario del Sindicato de Burócratas en el Ayuntamiento de Ensenada, informó que en total hay mil 107 trabajadores de base en la ciudad y las 22 delegaciones.
Según la Ley, después de un año todo trabajador tiene derecho a demandar base; lo que busca todo empleado de un gobierno es el derecho a una seguridad social, además de cotizar en el fondo de pensiones para un retiro digno.
Las plazas sindicales no se dan al azar, sino por antigüedad, si se sacan cinco jubilaciones y se le da prioridad a quienes tienen más años, hay personas en Ensenada que tienen entre 12 y 14 años en espera de una base.
De igual forma, el líder sindical dijo estar en pláticas con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el alcalde Marco Novelo para que todos aquellos trabajadores de paraestatales o paramunicipales cuya contratación impide que puedan demandar una base, se les permita, ya que hay servidores que tienen hasta 18 años laborando en los gobiernos “con un futuro incierto”.
Aunque la situación económica del Ayuntamiento es precaria, a decir por Alcalá, él quisiera que todos tuvieran un trabajo seguro, con seguridad social.
“Por el lado de la gente qué más quisiera que todos fueran sindicalizados, pero viéndolo del lado de la autoridad está bien complicado, están batallando cada catorcena para pagar. En este momento el futuro es incierto para aquellos que aspiran a una base”, aceptó.
En el caso de un trabajador al que le asiste el Derecho, como sindicato no les queda más que acogerlo y protestar. “A lo único que nos consignan es a que recibamos al personal en la agrupación”, precisó.
FUNCIONARIOS TIENEN RESPONSABILIDAD
El despacho de abogados Palafox, en la opinión de muchos, uno de los más importantes de Ensenada, creó un parteaguas en el tema de laudos laborales en el gobierno municipal, al lograr la reinstalación de empleados basificados que fueron despedidos en el gobierno panista de Jorge Antonio Catalán Sosa.
Uno de los principales ha sido que el Ayuntamiento ha sufrido de malas prácticas internas por parte de los propios funcionarios que han creado un problema con los despidos.
Para ellos es importante que se establezca un proceso de valoración de los funcionarios antes de hacer las contrataciones, pues se toman atribuciones que a la larga perjudican las arcas municipales.
