Al cierre de 2017 como el año más violento, siguieron 21 homicidios solo en enero de 2018. En los últimos tres años han muerto cinco policías de manera violenta en cumplimiento de su deber, y un sinnúmero de efectivos han resultado heridos. Las viudas de los caídos no han cobrado los seguros, en tanto cadetes de la Academia consideran migrar a otros municipios
Delitos de alto impacto como los homicidios han incrementado en los primeros meses del año en Ensenada, con un promedio de 42 ejecuciones cada dos meses, mientras que la incidencia delictiva creció en un 3 por ciento, indican estadísticas del gobierno estatal.
En enero de 2017 se registraron 12 homicidios y, en mismo mes de 2018, fueron 21; otros focos rojos se encuentran en robos a casa habitación, robo a comercio con violencia y robo de vehículo.
Ante el serio déficit de policías operativos, con alrededor de 400 efectivos en campo, hay otros 60 cadetes que recién egresaron de la Academia en Tecate, pero se encuentran a la deriva porque el Ayuntamiento no ha resuelto su situación laboral.
El presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna informó que requiere de 15 millones de pesos para contratarlos, pero no hay recursos suficientes y, para integrar a estos nuevos agentes a la nómina, es necesario hacer recortes de personal en otras áreas.
Desde que inició el XXII Ayuntamiento de Ensenada, suma un recorte de 377 empleados de oficinas centrales.
Oficialía Mayor considera la posibilidad de retirar el subsidio a través de una fusión del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem). O el Instituto de Cultura de Ensenada con el Centro Cultural Riviera del Pacífico, pese a ser instituciones catalogadas a nivel federal como de prevención al delito. Estas operarían sin subsidio, condenadas a generar recursos propios con la intención de poder engrosar las filas policiacas.
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid hizo declaraciones públicas donde se comprometió con los municipios a dar una cantidad de dinero etiquetada para la contratación de cadetes, pero tal recurso no ha llegado.
El viernes 23 de febrero, los agentes asignados a la zona sur como Vicente Guerrero y Punta Colonet, aseguraron no tener suficiente gasolina para salir a patrullar e incluso se quedaron sin atender reportes ante la escasez de combustible.
VIUDAS DE POLICÍAS EN EL OLVIDO
El recuento de oficiales fallecidos en cumplimiento es de cinco en los últimos tres años; tres de ellos perdieron la vida en 2017.
Desde enero de 2015, la familia de José Ramón Zamorán Núñez, quien murió atropellado por un asaltante en Valle Dorado, sigue en espera de que les paguen 250 mil pesos que por Ley les corresponden.
El incidente ocurrió durante la administración de Gilberto Hirata Chico y, una vez concluido el trienio, pagaron finiquitos de hasta 500 mil pesos a funcionarios de primer nivel, pero a los deudos de los agentes se les dejó en el olvido.
Según Efraín Cruz, secretario de la Asociación de Policías de Ensenada, han sido ocho los agentes operativos muertos en distintas circunstancias, a cuyas familias no se les han pagado seguros de vida.
En 2015, cuatro oficiales también murieron en distintas circunstancias. El contrato, a cargo de la compañía aseguradora MetLife, se perdió porque el XXI Ayuntamiento no pagó 5 millones de pesos de póliza. Ahora es responsabilidad del municipio cubrir el pago a los deudos, a cada uno le corresponden 250 mil pesos.
En 2016 fue similar, pero con la aseguradora Banorte, pagando a dos familias el seguro de vida, pero está pendiente la viuda de Sergio Echavarría Solís, quien murió en una emboscada cuando salía de su turno en la delegación de El Mármol.
En 2017, otros cuatro elementos fallecieron y solo se les ha cubierto a los familiares de dos, con la aseguradora Patrimonial Vida; para este año la póliza es por 300 mil pesos.
En la opinión de Cruz, los gobiernos ponen especial importancia en cubrir la deuda con las viudas de policías que mueren en condiciones violentas en Ensenada, con la finalidad de “evitar críticas al gobierno” en los medios de comunicación: “Siempre nos la pintan bonito, pero la realidad es otra”.
Los deudos solo han recibido el apoyo económico de la Asociación de Policías, quienes reunieron 70 mil pesos para cubrir gastos familiares básicos.
El secretario de la asociación consideró que el Ayuntamiento debe hacer reformas más generosas para los cadetes, con mejores prestaciones y sueldos, “así les pueden exigir que se desempeñen con más ética y responsabilidad y no con el afán de pedir la ‘mordida’, eso no debe ser”.
CUOTAS RETENIDAS
Efraín Cruz también señaló que el Ayuntamiento retiene 162 pesos catorcenales a cada uno de los policías por concepto de cuotas, por estar afiliados a una de las dos asociaciones que representan a los integrantes de seguridad pública.
El dinero está destinado al mantenimiento el edificio y asesoría legal, así como un seguro de vida de 100 mil pesos por cada socio, el cual no se paga a tiempo a los deudos.
“Es parte de nuestro sueldo y se nos hace injusto que estén retrasando los pagos, hemos girado oficios porque además se nos deposita en abonos y el interés que proporciona nos trunca un beneficio”, refirió.
AGENTES AL SERVICIO DE FUNCIONARIOS
Más policías municipales de Ensenada, que firman como comisionados al mantener la seguridad del director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Iñiguez Díaz, están sirviendo a otros funcionarios como el regidor tijuanense Eligio Valencia.
En julio de 2017, ZETA informó que unos 70 agentes estaban comisionados a hacer trabajos administrativos o a dar supuestas asesorías legales a ediles, cobrando como policías operativos.
El presidente municipal hizo el compromiso de que, a través de Oficialía Mayor, se haría un análisis para regresar a varios elementos a la corporación, pero tales cambios no se han hecho.
Una fuente plenamente identificada por este medio, quien pidió anonimato, informó que hay otro policía que en febrero fue comisionado como escolta de un empresario en Tijuana.
ASCENSOS EN SUSPENSO
La Sindicatura Municipal abrió un procedimiento de responsabilidades por el conflicto que existe desde el gobierno de Hirata Chico, por el procedimiento de ascensos de policías, expuso su titular, Edgar Alatorre Amezquita.
En 2015, cuando se inició con el proceso, solo había dos formas de lograr el ascenso: que los elementos aprobaran los requisitos de la convocatoria elaborada por la Comisión Disciplinaria, o que el alcalde firmara un listado de beneficiados.
Como algunos solicitantes incumplieron con los requisitos, comenzaron los problemas y la comisión se dividió en dos.
En las reuniones celebradas en 2016, regidores, síndico procurador y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abandonaron una sesión, fue ahí cuando probablemente se valieron para elaborar la lista de 80 policías, la cual fue finalmente firmada por el ex alcalde priista.
“Como autoridad vamos a demandar la nulidad porque no cumplieron con el proceso y porque representa una acción de lesividad al mismo ente de gobierno, es decir, repercute económicamente”, agregó el funcionario perredista.
NADIE QUIERE SER POLICÍA
Además de una corporación “insegura y sin rumbo”, los agentes que patrullan en las distintas delegaciones se enfrentan con la marginación al crimen, afirmó el presidente de la Asociación de Policías de Ensenada, Martín Ceballos.
Aunque las autoridades lo niegan, ellos tienen información de que no disponen de la suficiente gasolina ni de patrullas para atender los reportes. “Una sola patrulla sale en San Quintín, Camalú, Vicente Guerrero y Punta Colonet”, se quejó el líder.
Acusó a los policías de la Ruta del Vino que representan Francisco Zarco, San Antonio de las Minas y El Porvenir, así como Ojos Negros, Valle de la Trinidad, Puertecitos, entre otras 12 delegaciones, como los más afectados no solo en salario, sino por turnos de 24 horas trabajadas por 48 de descanso.
Ejemplificó que los Bomberos, quienes descansan tres días, o los propios agentes de la zona urbana laboran ocho horas.
“El gobierno nos están robando un día con los agentes de la zona rural, por eso vamos a girar oficios con peticiones, para que les den bono por riesgo de trabajo”, asentó.
De las horas que les adeudan con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual les ha quitado tiempo libre, el dirigente asegura que tanto el director de seguridad como el alcalde “se le esconden” porque no quieren pagar.
Mezcló el tema del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) como un botín que debe ser vigilado no solo por la autoridad federal, sino por organismos de la sociedad civil, ya que existen altas posibilidades de desviar el dinero.
“Por eso no quieren ser policías, es un desgarriate, no hay seguridad ni liderazgo, jurídicamente nadie te defiende”.
Por último, expuso que la corporación esté viviendo momentos de tensión ante un gobierno que no se preocupa por el bienestar de quienes preservan la seguridad de la sociedad.
PAGARÁN EN ABONOS A ASEGURADOS
La tesorera municipal Guadalupe Méndez Maldonado giró un oficio a distintas oficinas de gobierno y a la Asociación de Pensionados y Jubilados, en el que informa que hay 29 personas entre sindicalizados y policías.
Director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Iñiguez.
Pese a los esfuerzos, no han llegado a un acuerdo con las aseguradoras, pero como municipio se comprometen a cubrir 500 mil pesos mensuales a cada uno de los beneficiarios.
En números redondos, son 36 millones de pesos que se deben a los familiares de los deudos desde 2016, por lo que de llegar a un arreglo de pago en parcialidades, estarían terminando de cubrir el adeudo aproximado a 74 meses o entrando el año 2025.
REDACCIÓN Y CHALECOS ANTIBALAS PARA POLICÍAS
Uno de los problemas que se han generado a partir de la implementación del NSJP ha sido la poca claridad en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH).
Los errores escritos en los IPH repercuten en la decisión de un juez al momento de turnar a un detenido, informó Ricardo Gil Villafaña, subdirector administrativo en seguridad pública.
Aunque hubo recortes considerables en el recurso de Fortaseg para Ensenada, con poco más de 39 millones de pesos, más otros nueve millones que deberá proporcionar el Ayuntamiento, hay una condicionante: el 10 por ciento del dinero debe destinarse a capacitación de los agentes en la elaboración de textos.
“Cuando el juez recibe el informe tiene que liberar al detenido porque no hay los suficientes elementos para vincular a una persona al sospechoso”, comentó.
Sin embargo, para reforzar la seguridad de los policías, se ha propuesto la compra de 229 chalecos antibalas que serán reemplazados por los ya obsoletos.
“YO NO TRABAJO BAJO PRESIÓN”: DSPM
En respuesta a los señalamientos de la Asociación de Policías de Ensenada, que ventilan injusticias y malos manejos del dinero de la corporación municipal, el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Iñiguez, confía en el equipo que lo acompaña y, afirma, hay cambios significativos en materia de efectividad.
Calculó que en dos semanas los cadetes egresados de la Academia podrán elegir en quedarse en la corporación de Ensenada o migrar a otro municipio. La última palabra la tienen los regidores de Cabildo, quienes votarán una ampliación del presupuesto 2018 por 15 millones de pesos para emprender el proceso de contratación.
— ¿Cuál es la situación de los 60 elementos egresados?
“Están tomando curso inductivo de nomenclatura y Reglamento de Tránsito, les va a servir en su actuar en la operatividad, ya que manejan lo que es elaborar infracciones y donde se les comisione en la Zona Centro o estaciones como Oriente o Poniente Norte”.
— ¿Qué harán para que los nuevos agentes no migren a Tijuana, donde hay trabajo y un mejor sueldo que en Ensenada?
“El tema administrativo no me corresponde, te puedo decir que los egresados están capacitados y que ya se dotó con la mejor preparación, que tienen las mejores herramientas.
“Nosotros les dijimos que fueran claros, que era una decisión muy personal si querían emigrar a otro municipio, pero por parte de la Dirección estamos haciendo las gestiones necesarias para que sean contratados lo más pronto posible”.
— ¿Por qué son tan mal pagados los elementos de Ensenada?
“En la pirámide salarial hay una diferencia, aquí ganan alrededor de 15 mil mensuales o 7 mil 500 por catorcena, porque tenemos un escalafón de oficiales y depende del cargo es mayor el sueldo, pero sé que hay una diferencia con otros municipios de entre mil 500 a 2 mil pesos”
— ¿Siguen policías comisionados a la seguridad de funcionarios en otros municipios, con su firma de autorización?
“En el tema ese no sé nada, no estoy enterado…”.
— En julio de 2017 había 70 policías comisionados a la seguridad o asesoría legal de servidores públicos, ¿que tienen planeado para recuperarlos en la corporación?
“En lo que respecta a comisiones, las manejamos dependiendo la necesidad y los elementos que tienen comisión con el presidente municipal, el sector operativo que yo manejo inclusive, es con la más mínima seguridad. El cuadro de mando es gente honesta”.
— ¿Qué pasará con las viudas de los policías fallecidos?
“Junto con la Comisión de Seguridad estamos buscando que se determine una pensión fija, así como solucionar el problema de las deudas con ellas. Como policía que soy, estoy en la mejor disposición de que se determine esa pensión”.
