Afectados por el deslizamiento de tierra ocurrido en la colonia Camino Verde, el 21 de enero de 2017; vecinos denunciaron a ZETA el abandono de las autoridades que, lejos de cumplir con la ayuda prometida, les cobran el Impuesto Predial de inmuebles colapsados.
Ejemplo de ello son los casos de Socorro Santana, quien residía en el domicilio 7011 de la calle Sócrates, y de Manuela Santana, del 8124 de la misma calle, quienes tiene sus cuentas de predial al corriente, pero a pesar de la contingencia por la que atraviesan, recibieron requerimientos de pago por 467 y 339 pesos, respectivamente. Las edificaciones con que contaban en dichos predios ya se encuentran completamente derruidas.
Al respecto, en el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro reportaron que el Instituto Metropolitano de Planeación (Implan) ya se encuentra elaborando una declaratoria de zona de riesgo que no solo contempla a Camino Verde, sino a otras colonias afectadas por movimientos de tierra, como lo son Lomas del Rubí, Sánchez Taboada y División del Norte.
Como efecto de la declaratoria, los usos de suelo de los predios modificarían su estatus a “no aptos para vivienda”, explicó el tesorero, Ricardo Chavarría Morales, por lo que Catastro entonces aplicaría una tasa 0 en el cálculo de impuesto predial, no generando un costo a los propietarios, como ya sucede en las colonias Panamericano y Anexa Miramar; hasta entonces, el cobro del impuesto predial sí es procedente, sostuvo.
Pero los afectados se consideran ignorados por el gobierno, sobre todo porque, desde que se registró el deslizamiento, Protección Civil Municipal no se ha presentado en la colonia a pesar de que el movimiento de tierra continúa avanzando, dañando otros inmuebles. Dicha dependencia confirmó a este Semanario que el último engomado se colocó el 31 de enero de 2017, contabilizándose entonces 88 predios afectados, 44 de ellos con etiquetado rojo y otro tanto con amarillo.
“Queremos llamar la atención de las autoridades correspondientes, porque no se ha recibido ningún apoyo de ninguna dependencia de Gobierno del Estado ni del Ayuntamiento”, expusieron, afirmando que en su momento les fue prometida ayuda con la condición de que no interpusieran demanda o denuncia por el tema. Temen que el reciente deslizamiento en Lomas del Rubí les sea perjudicial, siendo que la atención de las autoridades está concentrada en esa zona afectada.
Del estudio de suelo que pagaron por su cuenta, cuyo resultado concluye la presencia de descargas de aguas sanitarias al subsuelo de los predios afectados, siendo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) la dependencia acusada por los afectados, debido a las constantes fugas registradas en la colonia, no ha sido recibido por las autoridades.
“Son 30 años de vivir aquí y nos catalogan como invasores, pero al final de cuenta, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y las dependencias anteriores nos vendieron aquí… tenemos un título de propiedad y hasta la fecha se nos sigue cobrando un predial. Creo que lo justo es que se hagan responsables”, señalaron.
Como indemnización, piden ser reubicados y un pago equivalente al valor de las construcciones y bienes perdidos.
Por ser causas diferentes a las que han provocado los siete deslizamientos presentados en Tijuana en los últimos años, la atención que se da es diferente en cada caso, argumentó el subsecretario de Gobierno del Estado en Tijuana, Enrique Méndez Juárez, quien encabeza las mesas de trabajo en Camino Verde.
Aunque está por confirmarse, parece evidente que la afectación en Lomas del Rubí fue provocada por una construcción cercana; mientras en Camino Verde, ésta se debió a una falla geológica existente en la zona, según lo señaló en un estudio el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (Implan), misma que también ocasionó los daños a las tuberías de drenaje, afirmó.
Si bien, la colonia se encuentra regularizada y cuenta con todos los servicios correspondientes a ello, esto no quiere decir que el asentamiento no haya comenzado como invasión, sino que probablemente la presión social ejercida por los posesionarios de dichos predios, llevó a la administración estatal vigente en dicho momento a regularizar, a pesar de encontrarse ubicados en zona de riesgo, concluyó.
Como primer paso para buscar una solución a su problema, anotó que resultará difícil asignarles otro predio, como a los afectados de los deslizamientos de Sánchez Taboada y División del Norte, al no contar el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi) con una reserva de predios para ello.
