Residentes del fraccionamiento Villa Mediterránea denunciaron a ZETA que alrededor de 80 familias han invadido el lugar y con ello la tranquilidad, además, la constructora no pagó el gravamen, por lo cual no pueden registrar sus casas ante el Registro Público de la Propiedad
Vecinos del fraccionamiento Villa Mediterránea denunciaron la invasión de alrededor de 80 casas dentro del complejo, sin que la empresa encargada, Grupo Melo, haga algo por detenerlos. La resistencia a los nuevos inquilinos tiene que ver con la tranquilidad de los actuales residentes, quienes los denuncian como malos vecinos, al robar agua y electricidad, y, pese a que se presentó una denuncia por despojo, a la principal interesada, la constructora, parece no importarle el tema.
A la par, otras 60 residencias se encuentran en el limbo jurídico debido a que Melo contrató un crédito puente para poder construir las siguientes etapas del fraccionamiento, sin embargo, al no pagarlo dejó un gravamen a los residentes, quienes ya habían pagado su vivienda y por lo tanto, no pueden escriturarla.
En primera instancia se buscó a ejecutivos de la constructora en una oficina localizada en el mismo fraccionamiento, donde nadie respondió al llamado a la puerta, luego se habló con un representante de la firma en Mexicali, quien señaló que solo la oficina central podría atender la situación; en tanto que en la oficina en Tijuana informaron que personal de la empresa se comunicaría con ZETA, cuestión que hasta el cierre de la edición, no sucedió.
“Si le contestan nos avisa, aquí nadie nos quiere dar la cara, ya hemos hablado con todo mundo y nadie nos da respuesta”, afirmó una de las vecinas afectadas.
Lorena Ochoa Díaz, secretaria del Comité de Vecinos de la colonia, afirmó que no recibieron apoyo por parte de Melo, y desde hace un año, decenas de invasores llegaron sin que el fraccionamiento tenga una respuesta o haga algo al respecto.
“Hemos tenido incluso enfrentamiento con los invasores porque son personas violentas, inclusive con los vecinos o cuando nosotros hemos tratado de impedir que ingresen con más muebles, de que se expandan, hemos recibido amenazas, son personas que no vienen a nada bueno”, consideró Ochoa Díaz.
Refieren que los invasores están tomando una propiedad que no les corresponde y haciendo tomas de agua y de electricidad clandestinas, lo que ha provocado una constante lucha en la entrada, a la que han tenido acceso porque vecinos les prestan los chips electrónicos para el ingreso.
“Estamos teniendo problemas con los perros, con la basura, es un lugar muy insalubre, pese a que el servicio de recolección de basura no se les ha negado”, expuso la secretaria del Comité de Vecinos.
Desde octubre de 2006 se autorizó la construcción del fraccionamiento a Planificación y Desarrollo de Baja California, S A de CV, un proyecto en cuatro etapas, resultando en mil 159 lotes de vivienda tipo medio.
La primera fase consta de 231 lotes, la segunda se aprobó en agosto de 2007 para 357 lotes y, en octubre de 2008, se aprobó la tercera, para 425 viviendas.
El 27 de marzo de 2010, la empresa entregó la primera parte del fraccionamiento al Ayuntamiento de Mexicali, el 6 de octubre del mismo año, este recibió la tercera etapa y apenas el 18 de enero de 2018 inició el procedimiento para la entrega recepción de la cuarta fase, aún en revisión.
Juan Manuel Molina, abogado del Comité de Vecinos, afirmó que en el fraccionamiento son comunes las amenazas y los escándalos: “Hacen escándalo con taca taca, borracheras, usan la calle de cantina, no respetan a sus vecinos, atraviesan sus carros; anoche teníamos un escándalo por una calle, no hay respeto, estos delitos los denunciamos como vecinos ante la PGJE, ya que el despojo es un delito de oficio, lo puede denunciar cualquier persona ya que afecta la tranquilidad y la paz pública”.
Derivado de la denuncia a Melo, según Molina, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les indicaron que la habían presentado mal, que tenía que ser individualizada, por lo cual no procedería.
Foto: Cortesía.- El desarrollo consta de 1159 lotes.
“Se los dijeron enfrente de nosotros en una cita que tuvimos con el subprocurador Fernando Ramírez, y en una reunión con la procuradora, debido a que esto es una problemática grande, estamos hablando que de las 600 casas, casi 100 están invadidas”, resaltó, para luego opinar que la constructora no tiene un verdadero interés por recuperar las casas, incluso acusó que el anterior Comité de Vecinos falsificó documentos para hacerse de algunas casas.
“Vemos una indolencia que ya me resulta extraña, será que Melo tendrá comprometidas esas casas con algún fideicomiso que no conocemos, a lo mejor las debe, ya las perdió, mejor que nos hablen con la verdad”, sentenció.
Existen alrededor de 20 demandas de prescripción positiva celebradas contra Raúl Melo, aunque fueran apócrifas, al no comparecer la constructora podrían ganar en rebeldía.
Por su parte, Sergio Montes, director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali, declaró que ellos no tienen injerencia en el tema de despojo de las viviendas, al tratarse de un asunto penal. Explicó que es un fraccionamiento autorizado hace 10 años, siguiendo un proceso de entregas parciales y va iniciando el proceso de entrega de su última etapa.
“En enero lo inició y esto significa que se haga una valoración que tiene su nivel de urbanización, el que sea certificado por instancias como CESPM, CFE, Bomberos en cuanto a hidrantes, los pavimentos que estén en buenas condiciones, las banquetas, el alumbrado; es decir, es un proceso que implica un cumulo de validaciones que prácticamente va a iniciar”.
— ¿Hasta que ellos entreguen el Ayuntamiento, tienen responsabilidad en los servicios?
“Efectivamente, implica para el Ayuntamiento recibir que tendrá que hacerse cargo de la recolección de basura, alumbrado, el parque y que esté en buenas condiciones el espacio público. Esto tradicionalmente se hace en un proceso que también implica el acercamiento entre autoridad y vecinos para que la organización no se rompa”, respondió el titular de Administración Urbana, quien negó que los invasores sean un tema municipal, ya que son procesos que se siguen en nivel privado y, por lo tanto, se interponen juicios de despojo.
Foto: Cristian Torres.- Casas bajo investigacion en la PGJE.
CRÉDITO PUENTE
Julián Olguín es un ciudadano norteamericano que desde 2011 vive un infierno, debido a que no ha podido escriturar su vivienda en el Registro Público de la Propiedad al tener un gravamen (un adeudo en términos muy concretos) que le impide escriturarse. En septiembre de ese año, su esposa visitó el fraccionamiento y le gustó una vivienda, su madre vivía cerca de ahí, por lo que decidió solicitar un préstamo a la compañía donde es socio en Estados Unidos.
Olguín pagó el total de la casa en efectivo por un importe de 626 mil 645 pesos, los cuales quedaron registrados en la cuenta de Raúl Melo Reyna, Raúl Melo Cabañas, Virginia Magdalena Lara, Evangelina García e Ignacio Melo Cabañas.
Luego de hacer el pago total, le entregaron la casa y empezaron a vivir en el fraccionamiento, a los meses les habló una persona de nombre Verónica Castro por parte de Grupo Melo para que fueran a firmar las escrituras ante el Notario Público Número 9, Carlos Enríquez de Rivera.
Estando presentes en la firma, el notario les informó que debía estar un representante de la financiera ABC Capital para liberar el crédito puente, ahí le informaron que como era una empresa que firmaba decenas de créditos, en 15 días liberarían el préstamo, con lo cual podrían tener sus escrituras.
El crédito puente fue un financiamiento que Melo solicitó para construir la siguiente etapa del fraccionamiento, sin embargo, nunca lo pagó, por lo que todas las casas quedaron con el gravamen y por lo tanto, no han podido liberar el trámite
El afectado presentó una denuncia contra la constructora, la cual cambió de nombre para no recibir las notificaciones, posteriormente el Ministerio Público llevó las demandas a la oficina de Tijuana, donde también se negaron a recibirla.
Finalmente, la juez de apellido Tafolla indicó que la existencia de un gravamen o un crédito puente no es delito, y que por lo tanto, debe seguirse por la vía civil; desde entonces mantienen litigios contra la empresa, pero hasta el momento no han dado la cara.
