Sr. Gobernador del Estado de B.C.
La aplicación de la ley está desfasada de la administración de la justicia, por lo que prevalece la dilación, acto de lesa humanidad, pánico e impunidad en los casos de las demandas hechas por maestros estatales contra la Asociación de Vivienda Magisterial por estafa y manipulación de las condiciones para la obtención de sus viviendas.
Gracias al reportaje realizado en el Semanario ZETA, con fecha lunes 11 de diciembre del 2017, se expone a la luz dicha problemática. Cabe aclarar que algunos de estos maestros se sintieron amenazados con los desalojos realizados por la empresa NPL inversiones, al momento que la asociación de Vivienda Magisterial entregó la cartera vencida a NPL Inversiones, por el embargo del predio del fraccionamiento ubicado en colonia Mérida, sin respetar los procesos, como juicios de amparo y prescripción, por daños a terceros, que maestros iniciaron conforme a la ley.
Independientemente de lo que expongan la contraparte por las irregularidades de pagos, acuerdos y desatención de los compromisos por el embargo existente de dichos terrenos, la ilegalidad y denuncia de estos actos es porque los maestros no somos criminales desde el momento que están en un proceso de juicio civil, sin negar la responsabilidad. Este tipo de desalojos suelen ser obsoletos en su forma, ya que atentan contra la salud pública, los derechos constitucionales y humanos; el bienestar social y nos hace víctimas por fallas administrativas por parte de funcionarios menores del Juzgado Tercero de lo Civil.
El profesor Eduardo Álvarez, como presidente inicial de la Asociación de Vivienda, es quien sabe y tiene los archivos de maestros a quienes les asignaron sus casas de manera pacífica, por dicha Asociación, con pagos previos. ¿Será por esto que no le quiso dar la cara ni hacer declaraciones al reportero de ZETA?
En mi caso, la denuncia es por el abuso a los derechos constitucionales y humanos con demanda de Incidencia de Nulidad de dicho lanzamiento conforme a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, que dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
El argumento del representante de NPL Inversiones, cito reportaje: “El abogado Carlos Enrique Gómez Preciado, representante de NPL Inversiones, detalló a ZETA que “para no perjudicar a todos los maestros, seleccionaron al azar un total de 56, con quienes se comprometieron liberarles sus casas a cambio de una suma promedio de 300 mil pesos. La idea era recuperar solamente lo que la empresa había invertido en la compra de esa cartera vencida”.
El abogado Carlos Enrique Gómez Preciado expresa: “la falsa promesa del político en campaña”, más que como abogado, porque él sabe y está claro que afectó la salud de maestras jubiladas enfermas, madres solteras, familias con niños pequeños, la economía y los derechos constitucionales por la forma del convenio de pago y los lanzamientos y amparos sin notificación.
La ley es muy clara cuando dice “hacer cumplir las formalidades esenciales del procedimiento”, lo que falla es la administración de la justicia, ya que no se aplican correcta y técnicamente justas las acciones correspondientes por parte de actuarios y funcionarios menores.
Lo obsoleto del lanzamiento es la violencia instrumentada y justificada con la orden de un juez. “Con el actuario llega todo un equipo de personas, a deshoras del día -ya sea en la madrugada o por la noche-, fuera de horas de juzgado, una señorita de actas, patrullas de policías municipales con sus códigos prendidos y haciendo un escándalo como si fueran a capturar a criminales. Con 15 hombres de centro de rehabilitación y representantes de empresa, timbran frenéticamente golpeando las puertas de las casas. El cerrajero que los acompaña trae una sierra eléctrica, quien te amenaza con el ruido de la sierra eléctrica por órdenes del actuario y policías; bota las chapas de las puertas y entran con lujo de fuerza allanando la casa.
El licenciado Carlos Enrique Gómez Preciado, en mi caso nunca se presentó para comunicarse respecto al adeudo de 300 mil pesos. El argumento mayor del actuario es que no se aprobó el amparo por la falta de pago de una fianza de 18 mil pesos, sin haberme notificado. Por lo que se demanda, “incidencia de nulidad” respecto a mi desalojo por no respetar el derecho de audiencia, por la que aún no se tiene respuesta. Agradecería su amable respuesta.
Elizabeth Cazessús González
Tijuana, B.C.
