Fiel a su costumbre cuando sale a relucir un caso de corrupción o cuestiones ilícitas por parte del gobierno del Estado, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid eludió a la prensa esta mañana, durante el evento en donde se colocó la primera piedra de lo que será la desalinizadora en Playas de Rosarito, cuando se le intentó cuestionar sobre el embargo del predio donde será instalada esta obra y la suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas en el proyecto, sentencia que dictó el día jueves 22 de marzo la jueza Lourdes Molina.
En medio de un cerco de guaruras, en cuanto finalizó el evento el gobernador salió huyendo directamente a su camioneta, ante la cuestión que realizó ZETA sobre estos hechos “Kiko” Vega solamente mencionó que no daría ninguna declaración “sobre esta noticia ni de ninguna otra” y sin más abordó su automóvil y se marchó del lugar, dejando atrás incluso a su esposa la Presidenta del DIF Estatal, Brenda Ruacho, quien desconcertada también abordó su camioneta y se fue unos minutos después.
En un reportaje en la edición impresa de ZETA publicado este día, el litigio fue promovido por el empresario Gough Thompson, uno de los socios de EWG Water LLC, en el Juzgado Décimo Civil especializado en materia mercantil, debido a que lo engañaron informándole que el proyecto estaba avanzando y era necesario invertir más dinero, y cuando decidió no hacerlo el 25% de sus acciones, que tenían un valor de 37 mil pesos, fueron vendidas por un millón de dólares.
Fotos: Ramón Blanco Villalón
Por ese motivo la jueza antes mencionada encontró los elementos suficientes para ejecutar dos actos: El embargo del predio donde se construirá la desalinizadora y la suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas, mismos que no fueron respetados con la colocación de esta primera piedra del proyecto que fue instalada este día en el mismo predio.
Milton Rubio, director de la empresa Aguas de Rosarito, señaló a ZETA que sobre el engaño del que fue víctima el empresario Gough Thompson, es algo que “no lo pudo demostrar en Nueva York, no lo pudo demostrar en Tecate (sitios donde anteriormente había promovido litigios) y ahora se fue por la vía civil” y que esa situación se debía por una cuestión económica al interior del grupo.
Aunado a ello refirió no saber del embargo y la suspensión de las actividades porque no se lo han informado, es decir que no han sido notificados de ello, sobre la resolución del conflicto señaló que esperará primero a que le notifiquen y después todo “será un asunto de abogados”, además que el conflicto se debía porque el empresario “no tiene dinero y no pudo tener dinero cuando se le pidió que aportara su parte”, y del 25% que tenía ahora solamente tiene el 1%, por lo que esperarán a “lo que decida la juez y si tenemos que pagar pues pagamos”.
A pesar de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, sabía esta resolución de la jueza, también se presentó al acto de la colocación de la primera piedra de la desalinizadora, quien informó a ZETA que gracias a la información que se publicó en este semanario tuvieron noticia de ello y se revisó el asunto, destacando que se trata de “una situación del ámbito privado”, por lo que cree que todos los socios, conforme a la Ley de Sociedad mercantiles, “pueden ejercitar las acciones que a derecho corresponden, (este asunto) es de ámbito privado y hay que esperar”.
“Toda situación que un juez bajo su responsabilidad lo realiza, siempre es revisado por los Magistrados, tendrá su oportunidad y tendremos que esperar que esperar la contestación y después de esta contestación los recursos que las partes interpongan. Los embargos tienen una naturaleza precautoria y lo sabemos, pero igualmente son sujetos a muchos incidentes por recursos que las partes oponen, luego entonces todo ciudadano tiene derecho, ya se presentó una demanda que se estudiará conforme al derecho y en su momento se decidirá”, apuntó.
El Presidente del Tribunal agregó que en “estas situaciones tan trascendentes para la comunidad desde un punto económico” lógicamente debe de haber intereses privados que sientan alguna conjugación por lo tanto se tendrán que revisar las partes y esperar al derecho de defensa.
