Mientras la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva prevé buscar el incremento en la pena mínima para casos de feminicidio, la presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho, sostuvo que no corresponde al gobierno del Estado implementar una alerta de género, eso frente al evidente incremento de mujeres asesinadas en Baja California.
Tan solo en los 67 días transcurridos de este 2018, han sido 36 las mujeres víctimas de muertes violentas en Baja California, concentrándose 31 de los decesos en el municipio de Tijuana.
De las más de 150 víctimas femeninas de homicidio en 2017, tan solo 14 fueron tipificadas como feminicidio, mientras que se emitieron más de cinco mil 500 órdenes de protección preventivas o de emergencia; sostuvo la procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“Era una norma muy difícil de poder acreditar en virtud de que las hipótesis que se manejaban ahí eran casi imposibles”, manifestó la procuradora respecto del tipo penal de feminicidio, cuando fue introducido por primera ocasión en el Código Penal de Baja California en 2012 y que resultó inaplicable.
“A partir de 2015, la Legislatura analizó precisamente esa normatividad conjuntamente con la Procuraduría, que éramos los que informábamos que no teníamos el feminicidio como tal comprobado; hubo una reforma donde ya este artículo contiene varias hipótesis. Desde esa fecha a la actualidad hemos judicializado y consignado aproximadamente 22 asuntos como feminicidio”, señaló.
Ibarra Leyva comentó que existe un protocolo de investigación especial, esto es con perspectiva de género, utilizado para indagar sobre toda muerte violenta cuya víctima sea mujer y sobre el cual, aseguró, el personal a su cargo se encuentra en capacitación constante.
Agregó que a pesar del evidente incremento de participación de las mujeres en el crimen organizado y en la comisión de delitos en general, esto no exime al Ministerio Público de investigar sus muertes con perspectiva de género, aunque al final no se tipifique como feminicidio.
El artículo 129 del Código Penal del Estado define que comete el delito de feminicidio quien “dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género”, considerando esto cuando concurren circunstancias como una relación consanguínea, amorosa o de amistad entre víctima y victimario; relación laboral, docente o cualquier otra que suponga subordinación o superioridad o existan signos de violencia sexual o mutilaciones infamantes en el cuerpo de la víctima, entre otras.
La penalidad mínima es de 20 años y al considerarse se trata de un delito de alto impacto, Ibarra Leyva dijo se pedirá al Congreso del Estado, revise la misma y considere incrementarla, así como la de otros delitos de alta incidencia en la entidad.
Cuestionada sobre si existe la necesidad de implementar una alerta de género en la entidad, Brenda Ruacho manifestó que no corresponde a Gobierno del Estado el decidir sobre esa cuestión, sino únicamente acatar las 14 recomendaciones que en 2015 se recibieron para evitar la misma, las cuales dijo, se han cumplido o se está trabajando en ellas; aunque admitió que habrán de analizarse otras acciones para prevenir los feminicidios y violencia por razón de género.
Ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Ruacho encabezó un evento para reconocer la labor de las mujeres en la entidad, encontrándose presentes funcionarias como la procuradora Perla Ibarra, la diputada local Iraís Vázquez, la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Dolores Rivera; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Olvera, y la oficial Mayor de Gobierno del Estado, Loreto Quintero, entre otras.
