Integrantes de comités de participación ciudadana, organizaciones civiles y sociedades cooperativas que actualmente ocupan terrenos ferroviarios federales e irregulares, entregaron este día carpetas de posesión al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), para buscar que antes de que termine la actual administración se inicie el proyecto de regularización de estos predios.
Arturo Corona Aguilar, asesor y coordinador del derecho de la Vía Ferroviaria Tijuana-Tecate y representante de vecinos, señaló que son alrededor de mil 600 familias que están en secciones en posesión en suelo federal, ubicados en el kilómetro 26 y medio, 27, 28 y 29, que están a espaldas del Maclovio Rojas.
Agregó que la intención de esta actividad fue el solicitar al Gobierno Federal el proyecto de regularización de espacios ocupados desde hace 15, 20 y hasta 30 años, además para presentar a los dirigentes, a quienes les representan, cuál es su demanda social y presentar el plan para continuar con el proyecto de desincorporación de los terrenos.
Refirió que llevan cuatro años de solicitudes para que se proceda al proyecto de regularizar espacios que son de índole federal, anteriormente se abrió un proyecto de convenio y ahora es para la regularización de los mismos.
Gilberto Covelli, delegado del INSUS, explicó que se trata de líneas de ferrocarriles que anteriormente habían sido de Ferrocarriles Nacionales de México, los cuales fueron ocupados por varias familias a lo largo de todos los kilómetros hasta Tecate, algunos con actividades comerciales y otros como casa-habitación.
Resaltó que en este caso se presentaron diversas carpetas de cada una de las familias que se encuentran ahí asentadas en los terrenos que administra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y que ellos tienen la facultad para solicitarles la puesta a disposición de todo ese territorio para que se cumpla con el objeto social del reconocimiento de la posesión de todas las familias.
Ello con la idea de incorporarlas al desarrollo urbano sacando los dictámenes de suelos y dictámenes de la existencia de riesgos y posteriormente titular las propiedades mediante un contrato de compra-venta a valor social a cada uno de los avecindados.
El funcionario federal detalló que desde hace meses se ha estado trabajando con los vecinos y se han estado realizando estudios de campo, inspecciones para conocer cada uno de los terrenos, se han realizado expedientes de cada una de las familias, censos y demás, con el objetivo es dar aviso al SAE para solicitar la puesta a disposición de los predios.
Finalmente comentó que esperarán un promedio de 90 días para conocer la respuesta del SAE y a partir de ello comenzar con los procesos de regularización de los predios, anteponiendo que no estén ubicados en zonas de riesgo que es responsabilidad de los Ayuntamientos, posteriormente la compra-venta, los cuales dependerán de los valores catastrales y de servicios con que cuenten en dichos predios, además de los estudios socioeconómicos que se realicen a las personas y la capacidad de pago que estos tengan.