Pese a que el proyecto se planteó hace cinco años, se dio a conocer en 2015 y un año después entró de lleno el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no fue sino hasta 2017 que inició la construcción del complejo denominado Ciudad Justicia Tijuana, el cual albergará salas de audiencia del Poder Judicial e instancias procuradoras de seguridad y justicia como PGJE y SSPE
Con cierto hermetismo y muy poca información pública, en octubre de 2017 el Gobierno del Estado de Baja California inició el proceso de construcción del complejo denominado Ciudad Justicia en Tijuana, un espacio ubicado en La Encantada, Delegación La Presa, colindante con el Bulevar 2000, en el que se erigirán siete edificios que concentrarán dependencias estatales dedicadas a resolver procedimientos jurídicos penales del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
A pesar que desde hace cinco años se planteó la idea que para la consolidación del NSJP se llevaran a cabo proyectos a largo plazo en la zona del Bulevar 2000, de que en 2015 se consolidara y anunciara este proyecto, y que en junio de 2016 arrancara de lleno en la ciudad, no fue sino un año después, en 2017, cuando se comenzó con la edificación de este complejo que genera dudas sobre el término de su construcción e inicio de la operatividad.
Sobre todo por la creciente polémica que ha ido incrementando en torno a las decisiones que han tomado algunos jueces encargados de la impartición de la justicia, que en casos muy significativos, han dejado continuar procesos en libertad a personas que se han visto involucradas en actos delictivos, en los que incluso fueron detenidos en flagrancia, lo cual ha generado descontento no solamente entre las autoridades policiacas que fungen como primeros respondientes, también en la ciudadanía.
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), consideró oportuno que en aras de la transparencia las autoridades informen cabalmente sobre lo que se está haciendo con este complejo, debido a que en las reuniones de seguridad que mantienen con el Ejecutivo y las autoridades policiacas, no se ha mencionado nada sobre el proyecto.
De acuerdo con información obtenida a través del Sistema de Acceso a Solicitudes de Información Pública del Gobierno del Estado, el proyecto está contemplado para realizarse y concluirse en un periodo de 36 meses (tres años) con vida útil de 25 años; el terreno abarca 35.7 hectáreas y es propiedad del gobierno. En cuanto a inversión se estipulan 835 millones 148 mil 596 pesos, financiamiento “revolvente” que incluye la aportación de recursos federales.
La primera etapa de este proyecto está planteada para terminar en el último trimestre de 2018, y contempla el denominado Edificio 2 de cuatro niveles, destinado para el Poder Judicial. Albergará ocho salas de audiencia y sus áreas complementarias para testigos, jueces, celdas para imputados, administración judicial, además de espacios comunes y de servicios.
“KIKO” VEGA NO HA INFORMADO SOBRE EL PROYECTO
Pese a que cada dos meses el CCSP se reúne con el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid e instancias de seguridad, Hernández Niebla manifestó en entrevista con ZETA que ninguna autoridad se ha acercado a él para informarle sobre la construcción y avance de este proyecto, lo cual le extraña, porque la primera vez que escuchó hablar del mismo fue precisamente el día del encuentro periodístico, lunes 12 de marzo, en una reunión con diputados.
Como antecedente, señaló que en las mesas que han tenido ya se habían presentado solicitudes expresas para el gobernador sobre el incremento de salas para las audiencias, sin embargo, “ni él mismo mencionó que ya había un crecimiento hacia ese sentido”, lo cual deja de manifiesto que hay un déficit de información por parte del gobierno en cuanto a lo que se está haciendo en materia de obras.
Pese a que se planteó y se informó desde 2015, y se echó a andar en agosto de 2017, Hernández Niebla señaló que se desconoce mucho sobre el proyecto, por lo tanto, sería muy oportuno que lo comunicaran, “sobre todo por la situación tan difícil que se vive hoy en día en materia de seguridad y en cuanto a las dificultades que se están teniendo con la instrumentación del Nuevo Sistema, ya que esta es una noticia importante que incluso los viste a ellos como autoridad, pero no se entiende y se torna extraño que no se informe adecuadamente”.
DÉFICIT DE SALAS DE AUDIENCIA Y PERSONAL CAPACITADO
Otro de los puntos señalados, es que en Tijuana viene arrastrando un importante déficit en materia de salas de audiencia, por lo que estos edificios se necesitan para fortalecer el NSJP tanto desde la perspectiva de infraestructura como de la de gente, por lo que consideró muy importante que las autoridades planteen “cuánto personal adicional se va a mandar y cómo se va a distribuir, y qué tipo de capacitación y preparación se les va a dar para que trabajen adecuadamente”.
Sobre todo por la controversia que se ha venido teniendo con los jueces, tema que sin duda le parece punto elemental porque a final de cuentas es equipo, personal y proceso lo que confluye en todo el proyecto, y actualmente solo se está considerando la cuestión de la infraestructura, pero después vendrá la parte del personal.
Luis Alberto Villarreal Ontiveros, administrador judicial del Poder Judicial del Estado, a cargo de la consolidación del NSJP en Zona Costa, comentó a este Semanario que en primera instancia se tomará en cuenta al propio personal que se encuentra laborando bajo el Sistema Tradicional de Justicia, siempre y cuando cumpla con el perfil adecuado para ello, con la finalidad de que comiencen a transitar hacia el Sistema Acusatorio.
En cuanto a personal adicional, solamente contratarán a aquellos elementos estrictamente indispensables, dentro de ellos quizá algunos jueces o personal administrativo, todo dependerá de la necesidad que vaya generando la instrumentación del NSJP en lo que serán estas instalaciones; decisiones que se plantearon con la finalidad de hacer el debido uso de los recursos con los que ya cuentan las instituciones.
CIUDAD JUSTICIA CON MIRAS AL FUTURO
Sobre la zona donde se desarrollará este complejo, Juan Manuel Hernández Niebla, del CCSP, la ve como un punto bueno y estratégico, debido a que desafortunadamente son zonas conflictivas de la ciudad, lo cual podría beneficiar a la población; argumento que complementó Villarreal Ontiveros, quien manifestó que se pensó en ese sitio debido al crecimiento exponencial que se ha ido registrando en el área.
De acuerdo con la misma información obtenida a través del Sistema de Acceso a Solicitudes de Información Pública, las obras que complementan al Edificio 2, son el denominado Edificio 1 para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría General de Gobierno y áreas comunes y de servicio.
El Edificio 3 también será para el Poder Judicial y está considerado para construirse en la segunda etapa, anexo al Centro de Detención Provisional ubicado dentro del mismo conjunto, el cual se construirá en una fase posterior.
El Edificio 4 será para Servicios Periciales y albergar las áreas de recepción y control de evidencias, identificación criminal, laboratorio de grafito y revelado de huellas, entomología, criminalística, AFIS, balística, entre otras.
El Edificio 5 será para albergar 23 unidades de investigación sin detenido (UEI-1), Sistema Alternativo de Justicia Penal y Atención a Víctimas.
Por último, el Edificio 6 dará cabida a 43 unidades de investigación con detenido (UEI-3); y el Edificio 7, de un solo nivel, se destinará como almacén de evidencias y archivo general, todos de la PGJE.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO SIEMPRE DISPONIBLE: ARMENTA
Rubén Armenta, subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia de la Secretaría de Gobierno del Estado, señaló en entrevista con ZETA que la información y todos los detalles del complejo denominado Ciudad Justicia en Tijuana siempre ha estado disponible para quien la requiera; a su juicio, quizá lo que ha pasado es que esa información no había sido requerida por nadie.
Sin embargo, enfatizó en la disponibilidad de la dependencia para otorgar lo que se requiera sobre el tema, incluso para realizar recorridos de acompañamiento a quienes lo soliciten, debido a que considera que el proyecto vendrán a beneficiar de manera concreta a la propia ciudadanía.
Armenta confirmó que dentro de la inversión hay recurso federal con una cantidad -la cual no precisó- que la Secretaría de Gobernación puso a disposición de los estados desde hace aproximadamente cinco años, con ciertas facilidades para que solamente se pagaran los intereses, modelo que está llevando directamente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Institución que constantemente ha efectuado la revisión y ejecución de la obra, para que los recursos se estén destinando en tiempo y forma conforme a lo establecido, con el sentido de asegurar que todo se lleve a cabo de manera correcta.
El funcionario destacó que efectivamente el proyecto conlleva una visión a futuro por la zona donde se está construyendo, que además facilitará los traslados de los imputados cuando estos sean requeridos en las audiencias, sobre todo por la colindancia con Playas de Rosarito, área que favorecerá en el tema de justicia, movilidad y economía.
PRIMERA ETAPA INCLUYE TRES EDIFICIOS Y ENTRARÍAN EN OPERATIVIDAD EN JUNIO
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), y el propio subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia, la primera etapa comenzó en agosto de 2017 y comprende tres edificios con una inversión total de 219 millones de pesos pactados dentro del ejercicio fiscal 2017-2018.
Uno de los edificios estará destinado para la PGJE, con una inversión de 74 millones 829 mil 332 pesos; el segundo estará destinado para el Poder Judicial y obra complementaria con una inversión de 79 millones 590 mil 082 pesos; el tercer edificio será para la SSPE y la Defensoría de Oficio Pública, con una inversión de 65 millones 190 mil 629 pesos.
Estos edificios los están construyendo las empresas tijuanenses JAN, GRA Arte y Diseño y Gilsa Constructora, seleccionadas mediante una licitación ofertada por la propia SIDUE; llevan un avance de 73% en su construcción y están pactados para concluirse en abril de este año, con la idea de que comiencen su operatividad en junio próximo.
