Un verdadero desorden prevalece en el seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde ausencias de magistrados han mermado el desempeño ideal de las salas y en el mismo órgano colegiado, cuyas soluciones solo han empeorado el panorama. La elección del magistrado Gustavo Medina Contreras por el Congreso del Estado, deja entrever una estrategia definida para pasar por encima de los amparos interpuestos por aspirantes, quienes ya presentaron los primeros recursos de inconformidad
Presiones políticas provenientes del exterior, además de ajustes y reajustes desde el seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mantienen un complicado panorama en el órgano colegiado más importante del Estado, donde existe una sala desintegrada, amparos contra designaciones, licencias cuestionables y la falta de magistrados numerarios y supernumerarios.
Funcionarios reconocen la urgencia de solucionar la incertidumbre jurídica, pero en cada movimiento existe un evidente choque de poder que provoca más problemas, o bien, soluciones a cuentagotas.
El último conflicto fue la designación del magistrado Gustavo Medina Contreras, quien suplió al licenciado Raúl González Arias -retirado al cumplir los 70 años-, ya que, previo a su elección, se ostentaba como magistrado supernumerario en la Cuarta Sala en materia penal y al moverlo a la Segunda, prácticamente “fue cubrir un hoyo destapando otro hoyo”. Además dejó al Tribunal Superior con solo dos suplentes.
Ante esto, la jueza Lourdes Molina interpuso un recurso para revisar el actuar del Congreso del Estado en la designación -que a su juicio es ilegal-, puesto que hicieron caso omiso al mandato judicial que les impedía elegir un nuevo magistrado en tanto no se resolvieran las dos suspensiones.
El diputado Luis Moreno, quien se abstuvo de votar por considerar que existía una violación a la suspensión definitiva, culpó al Poder Ejecutivo de generar inestabilidad con su intervención de la toma de decisiones del Congreso del Estado y el Poder Judicial, al cabildear y forzar la votación para elegir magistrados afines.
DESIGNACIÓN ILEGAL, MOLINA; CONGRESO JUSTIFICA
La semana de la elección en la que resultó ganador Gustavo Medina Contreras, fue visto más en los edificios del Poder Ejecutivo y Legislativo que en el propio. La premisa coincide con el hecho de que fue la mayoría panista del Congreso la que lo eligió para cubrir la vacante de González Arias, quien se desempeñaba en la Segunda Sala del Poder Judicial. Medina ya era magistrado, era supernumerario y cubría la ausencia de Perla Ibarra, a quien le concedieron una licencia para desempeñarse como procuradora.
La justificación de pasar encima de dos suspensiones sobre el proceso de selección de magistrado, con el hecho que los tres suplentes estaban ocupados y se requería de nombrar a un magistrado para tener uno disponible, se fue al suelo. Ahora también hace falta un magistrado suplente.
En entrevista telefónica, la jueza Lourdes Molina, quien obtuvo dos suspensiones definitivas para impedir la designación de magistrados por parte del Legislativo, consideró que la elección de Medina es injustificada, ya que la falta de integrantes en el Pleno permanece igual.
Foto: Cortesía.- Toma de protesta del magistrado Gustavo Medina Contreras
Molesta por el movimiento, el cual consideró meramente político, señaló que la elección de cualquier otro aspirante habría solucionado las ausencias e incluso justificarlo, pero con el respaldo a Medina Contreras, el problema prevalecerá en el Juzgado Federal.
Explicó: “¿Cómo van a justificar que Medina ahora despachará en la ponencia de Raúl González Arias? y entonces, ¿quién va a despachar la ponencia de Perla del Socorro Ibarra?, pues sabemos que le otorgaron una segunda licencia por tres años; entonces ella tiene ese permiso, esa licencia, que se le vence hasta que termine la administración del actual gobernador”.
Por ello, la juzgadora interpuso un recurso de violación a la suspensión definitiva con el Juzgado Quinto de Distrito, donde señala que el Juez Federal no emitió una modificación o sentencia al juicio que se lleva a cabo.
Afirmó que una situación así debe notificarse a las partes y al no hacerlo es evidente que no se consultó en ningún momento al Juez Federal para modificar los alcances del recurso legal.
Reconoció que el Juez podría modificar la suspensión, pero justificó su recurso argumentando que en “su texto no se advierte que el legislador hubiera conferido tales facultades a la responsable; de ahí que al no haber informado la autoridad judicial al órgano de control constitucional sobre el levantamiento del embargo, para que éste determinara lo conducente y en su caso, le dejara a salvo o no su facultad para ejecutarlo, al no agotar dicho procedimiento y proceder motu proprio a hacer entrega de la constancia de depósito, sin haberse revocado, modificado o negado la medida, con tal proceder incurrió en desacato a la misma”.
La inconformidad del amparo 600/2017 va dirigido a los diputados José Félix Arango, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa, Ignacio García Dworak; Mónica Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, Alfa Peñaloza, Sergio Tolento; Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca, Eva María Vásquez, Iraís Vázquez Aguiar; Claudia Agatón, Job Montoya, Víctor Manuel Morán y Roció López Gorosave, quienes votaron a favor de dicha decisión.
Por su parte, el director de Consultoría Jurídica del Congreso del Estado, Anwar Ramos, aseveró que la decisión de iniciar con el proceso legislativo se derivó ante una sentencia emitida por el mismo Juzgado Federal, quien notificó que podrían continuar con la selección.
Esto fue confirmado por el magistrado Salvador Juan Ortiz, quien agregó que a raíz de dicha resolución fue que solicitaron al Congreso concluir con el proceso de selección.
Ambos indicaron que el argumento fue poner el bien común por encima del particular, pues la falta de selección de magistrado impedía la integración de una sala, repercutiendo así en la impartición de justicia.
Consideró que en condiciones normales, los magistrados supernumerarios ocuparían estos puestos, pero debido a que los tres se encontraban en funciones, la ponencia quedaba vacante.
Ramos Gaona dijo que los que se consideran afectados están en su derecho de inconformarse, pero que la resolución vendrá -a su juicio- en las mismas condiciones.
Sobre la cantidad de trabajo y la urgencia de poner a operar dichas salas, dijo que la situación era crítica, lo que motivó a la decisión. Sin embargo, la jueza Lourdes Molina negó que exista una sobrecarga de trabajo en esa Sala y señaló que el nombramiento saturará una Sala Penal, que es más delicada y con mayor carga de trabajo.
El diputado Luis Moreno, quien se abstuvo de votar, que a su juicio existen suficientes elementos para que la Justicia Federal de marcha atrás a la decisión del Poder Legislativo, pues consideró que se ignoraba una suspensión definitiva.
Aunque dijo desconocer si hubo una sentencia o resolución en favor del Congreso, comentó que tiene conocimiento de la vigencia de la suspensión y del amparo, y que su omisión podría tener repercusiones legales severas para los diputados.
“Estoy casi seguro que la justicia le va a dar la razón a la juez que se está inconformando”.
NUEVO JALONEO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
El día miércoles, el nuevo magistrado numerario Gustavo Medina Contreras y probablemente el que permanecería más de 15 años en el cargo -sumándose su periodo de supernumerario de cuatro años y medio y su periodo regular-, llegó al Pleno del Tribunal Superior para recibir adscripción a la Sala correspondiente.
Era el único punto en la sesión extraordinaria que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad. No parecía haber motivos para iniciar un intenso debate, pero ocurrió. El magistrado Salvador Juan Ortiz solicitó el cambio de Sala de Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, ante la sorpresa de la mayoría de los integrantes.
La intención era moverlo de la Quinta a la Cuarta Sala en materia penal, lo que provocó dudas por parte de varios magistrados quienes tenían conocimiento de una suspensión definitiva en favor de su compañero que ocupa el cargo vacante de Carlos Cataño.
Ruiz de Chávez argumentó que la suspensión lo ubicaba supliendo a Cataño, y no la de Perla del Socorro Ibarra, quien se ausenta del cargo desde el inicio del Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Cabe mencionar que su regreso al cargo solucionaría todos los problemas.
Los magistrados Marco Antonio Jiménez Carrillo y Emilio Castellanos reclamaron que cuentan con la facultad de mover a cualquier magistrado a la Sala que la mayoría crea conveniente, pero Ruiz de Chávez comentó que la suspensión era vinculante y lo protegía no solo del Consejo de la Judicatura y del Congreso del Estado, sino también del Pleno. Ahí se desató el debate.
Armando Vásquez sugirió que no empeorará el panorama y se dejará a Ruiz de Chávez en su Sala y que a Medina lo mantuvieran en la Cuarta, pero esto provocó molestia en Medina Contreras, quien -pese a que según su currículum tiene experiencia sobrada en casos penales- exigía ocupar la Segunda Sala Civil.
Magistrados levantaron la voz argumentando que, tanto movimiento retrasaría aún más el trabajo en el Tribunal de Justicia. La situación llegó al grado que el magistrado Jiménez Carrillo invitó a Ruiz de Chávez a desistirse de su amparo por ética profesional.
Fue José Luis Cebreros quien interrumpió para reclamar que el problema es crítico y que no se había dimensionado, pues no solo se ve afectado el trabajo de una Sala, sino queda incompleto un Pleno, lo que impide a la sociedad recibir justicia pronta y expedita.
Comentó que era necesario reconocer los errores que se había cometido y sugirió que la única solución era el regreso temporal de Raúl González Arias en lo que se decide cómo solucionar este problema.
Aseveró que existe jurisprudencia que permite extender el periodo en tanto no exista una elección o que un magistrado numerario pueda ocupar la responsabilidad, y aprovechó para acusar al Consejo de la Judicatura de provocar este problema, lo que fue tomado como ofensa por la compañera Miriam Niebla que defendió la decisión tomada en su momento.
En el mismo sentido, Cebreros reclamó que una sala penal desintegrada era más grave que una civil, pues en esta última atiende temas alimenticios y de paternidad, o bien, negocios, pero en la primera decides la libertad de una persona.
“Pregúntenle a un interno cómo es pasar, no dos meses, un día en prisión”, expuso Cebreros, quien además desestimó la intención de algunos magistrados de pedirle una opinión al Juez Federal sobre los alcances del amparo, ya que no son instituciones de consulta, además de estar imposibilitado por el principio de imparcialidad, pues si emitiera una opinión, anunciaría una posible sentencia.
Esta solicitud fue impulsada por María Esther Rentería y por los magistrados de la Cuarta Sala, pero los argumentos de José Luis Cebreros, de Jorge Armando Vásquez y Víctor Vázquez, los hicieron comprender que el mover a Fernández Ruiz de Chávez representaba una violación a la suspensión; por lo que optaron por pedir informes al jurídico y pedir una copia del amparo para revisarlo a detalle. Mientras tanto, el cambio quedó en el aire.
Esto quedó sustentado en la lectura de la suspensión definitiva, donde específicamente dice que Fernández Ruiz de Chávez cubriría la vacante de Carlos Cataño en la Quinta Sala, siendo beneficiado por ser quien ocupa la suplencia.
Para Lourdes Molina, la intención era clara, mover a Fernández Ruiz de Chávez a cubrir la vacante de Perla del Socorro Ibarra y dejar libre el espacio de Carlos Cataño, para así solicitar la designación de un magistrado en dicha ponencia, argumentando afectaciones al bien común, por encima de los particulares. Pretendían aplicar la misma dosis que con González Arias, lo cual fue sugerido también por Ramos Gaona.
LO POLÍTICO POR ENCIMA DE LA JUSTICIA
Tanto para la jueza Lourdes Molina como para el diputado Luis Moreno, no hay otra forma de comprender estos ajustes más que por cuestiones políticas, la primera considerando que un grupo de magistrados pretende apoderarse del Tribunal de Justicia; mientras que el segundo asegura que el Poder Ejecutivo busca extender su hegemonía hasta el Judicial.
Gustavo Medina Contreras, quien fue secretario de la Cuarta Sala cuando Perla del Socorro Ibarra se ostentaba como magistrada, es una persona cercana a personajes del Poder Ejecutivo y el “mayoriteo” panista para designarlo confirma las sospechas.
Expresó que con estos nombramientos se genera un total descrédito en el ejercicio de la democracia y se siguen manchando las instituciones, sobre todo, el Poder Judicial.
Por su parte, Molina dijo que la nueva administración del Poder Judicial ha demostrado que no importa la institución, sino el interés de grupo, sin importar por encima de quién pasen. De igual manera denunció que, así como ocurre en la designación de magistrados, ocurre con los jueces.
El magistrado presidente, Salvador Ortiz, comentó que el motivo de la designación de carácter urgente era la necesidad de cubrir la vacante en la Segunda Sala que, según comentó, lleva entre 10 y 15 casos semanales. Sin embargo, en las salas penales se llevan mucho más, por lo que para Molina, la justificación y el movimiento que realizaron no atrae ningún beneficio para la ciudadanía.
Será esta semana cuando se emita la convocatoria para ocupar el espacio vacante de supernumerario y el del magistrado Félix Herrera, quien el mes de agosto cumplirá los 70 años.
