Las órdenes de aprehensión en contra del ex líder sindical minero y candidato al Senado por Morena se basaron en el apoderamiento de casi 55 millones de dólares de los trabajadores. Un fallo judicial emitido en 2014 estableció que la supuesta acusación contra el dirigente sindical no es de carácter penal, en todo caso, de existir conflicto, es de tipo civil
Cuando a finales de 2017 anunció que regresaría a México porque confiaba en que a la Presidencia de la República llegue un “gobierno amigo”, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, no estaba fanfarroneando. Ese amigo, ahora se sabe, es Andrés Manuel López Obrador, candidato por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien le ha postulado como candidato a una senaduría por la vía plurinominal.
En autoexilio desde 2006 en Canadá, donde adoptó esa nacionalidad ocho años después, el dirigente sindical sigue presente en México a través de los medios tecnológicos, como si nunca se hubiese ido. Videos o teleconferencias, redes sociales y columnas de opinión en medios de comunicación le han mantenido vigente y manejando los hilos de los grupos de mineros que aún le guardan fidelidad, ante el surgimiento de un segundo sindicato que ha ganado la representación de otro buen número de trabajadores y sus contratos colectivos.
La salida de Gómez Urrutia del país ocurrió tras la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde una explosión sepultó y cobró la vida de 65 mineros el 19 de febrero de 2006.
Aunado a la tragedia, autoridades federales señalaron al dirigente y a algunos miembros de la directiva del sindicato de haberse apoderado de casi 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores de esa industria, entonces vino una persecución que en la vía judicial comenzó en 2008.
A tantos años de distancia y en medio de volteretas en fallos de tribunales, Napoleón está libre de imputación formal. Tras aproximadamente un centenar de juicios de amparo, recursos de revisión, quejas, inconformidades y reclamaciones, entre 2007 y 2017, la defensa confirmó que ya no existe orden de aprehensión alguna en contra de su cliente, que lo tendría de regreso este mismo año y en posibilidad de ser elegido senador de la República.
En diciembre de 2017, el ex líder sindical aseguró que había sostenido diálogos con todos los aspirantes presidenciales, a excepción del panista y hoy candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Ahora, después del anuncio de su candidatura por Morena, Napoleón invitó a los trabajadores del sector que representa a votar por el tabasqueño y por Morena en las próximas elecciones.
POR EL FUERO
La imputación penal en contra del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, formulada por el Ministerio Público Federal, se materializó el 3 de septiembre de 2008, cuando el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó orden de aprehensión por el delito previsto en el Artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito en la “hipótesis relativa a la indebida disposición y obtención de recursos de clientes de una institución de crédito”.
Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro.com.- Mina Pasta de Conchos.
El mismo asunto fue turnado posteriormente al Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma ciudad, debido a un impedimento planteado por el juez inicial. En la contienda judicial, los abogados de Napoleón consiguieron que la orden de captura fuese anulada en diversas ocasiones mediante la interposición de juicios de amparo; en tanto, los fiscales del caso consiguieron que se volviera a decretar nuevamente la aprehensión hasta en cuatro ocasiones.
Aunque en 2014 se obtuvo un fallo protector que pareció dejar sin argumentos a la Procuraduría General de la República, la incertidumbre para el dirigente minero continuó, a tal grado que es hora que no regresa al país. Entre 2016 y 2017 la estrategia legal consistió en presentar demandas de amparo, las comúnmente llamadas “buscapiés” en el argot legal, para conocer si existía alguna nueva consignación de la averiguación previa y, por consiguiente, una orden de aprehensión.
El último resultado, luego de un peloteo entre los Juzgados Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito especializados en amparo, en la Ciudad de México, indica que ya no existe mandamiento de captura vigente en contra del mexicocanadiense, pues las autoridades responsables señaladas del acto reclamado negaron su existencia y para ello enviaron el expediente original que hasta ahora consta de más de 120 tomos, más sus cerca de 200 anexos.
En junio de 2017, el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales confirmó, junto con otras autoridades, que no es cierto el acto reclamado; es decir, no hay orden de aprehensión.
CIVIL Y NO PENAL
En su momento, un Tribunal Unitario consideró que los elementos de prueba que había en el expediente contra Napoleón Gómez eran suficientes para tener por demostrado el delito previsto en el Artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la “hipótesis relativa a la indebida disposición y obtención de recursos de clientes de una institución de crédito”.
Se decía que Gómez Urrutia y coacusados habían actuado dolosamente el 4 de marzo de 2005 al obtener 54 millones 75 mil 588 dólares con 74 centavos, ya que dicha suma les fue transmitida en esa fecha de la cuenta del fideicomiso, abierta en un banco que tenía la calidad de institución fiduciaria a una cuenta aperturada en Ciudad de México, a nombre del sindicato minero.
Según la autoridad judicial emisora de la orden de captura, ese acto fue realizado en forma indebida “en atención a que no tenían derecho a recibir ese numerario, ya que con ello se violaron las disposiciones del contrato original de constitución del fideicomiso de 14 de noviembre de 1998 (sic), del convenio modificatorio de 23 de noviembre de 2004”.
Los recursos económicos le pertenecían a los fideicomisarios, en este caso los trabajadores mineros agremiados al sindicato, por ello tenían la calidad de clientes de la institución bancaria, “con lo cual lesionaron el bien jurídico protegido por la norma, como lo es el adecuado funcionamiento del sistema bancario a través del apropiado manejo de los recursos de los clientes”, según documentos revisados por ZETA.
Sin embargo, en la sentencia de revisión de un juicio de amparo dictada en agosto de 2014, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideraron que la conducta de disponer del dinero del fideicomiso pasándolo a una cuenta del sindicato minero “no es indebida en sí misma, y ese hecho no materializa por sí una afectación a la actividad bancaria”.
Los magistrados establecieron que “lo indebido”, si así fuese el caso, derivaría del incumplimiento de un contrato de fideicomiso y en la inobservancia de algún precepto legal de la Ley especializada, no así de una conducta de carácter penal. “Si el comité técnico del fideicomiso actuó correcta o incorrectamente, si la extinción del fideicomiso fue legal, si se cumplieron o no sus fines, ello en todo caso da lugar a la comisión de un injusto civil que las autoridades jurisdiccionales de ese ramo deben dilucidar en las acciones legales que correspondan”. Así se concedió el amparo a Napoleón.
“CONMOCIÓN”
El secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón Campos, fustigó a López Obrador y su partido. Les etiquetó de faltos de información o ignorantes. “Yo creo que le creyó a una entrevista que le hicieron en una entrevista que dijo ‘Napillo’, que eran 250 mil mineros, no se dé dónde los agarra, yo creo que este señor se la creyó o es más tarugo que nosotros, o nosotros somos más listos que él”.
Por su parte, la abogada de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, lamentó el anuncio, pues para ella y su colectivo, Gómez Urrutia es responsable de la tragedia de la mina coahuilense que costó la vida a 65 trabajadores aquel 19 de febrero de 2006, al colapsar varios túneles. La activista explicó que el exiliado emplazó a huelgas, pero nunca las estalló, “lo cual quiere decir que llegó a acuerdos con las empresas y eso lo hace responsable de las muertes en la mina”, independientemente del desfalco al sindicato.
La iniciativa privada también se sorprendió con la postulación de Napoleón y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón hizo un llamado a los partidos políticos para que corrijan sus listas para conformar el Congreso de la Unión e incluyan a políticos dignos. Castañón expresó que es preocupante que se incluya a personajes de dudosa reputación, como Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado, en las listas de los partidos, ya que “no se debe otorgar fuero a este tipo de perfiles solo para obtener ganancias políticas”.
