No hay mejor prueba y ejemplo de una fallida estrategia de combate a la inseguridad, que cuando los ciudadanos deciden tomar justicia por su propia mano, en el peor de los casos, o contribuir de manera directa en el mejor de ellos.
En los últimos años de México, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fueron muchos los grupos de la sociedad civil que surgieron para investigar delitos que permanecen impunes en el Estado mexicano y que son pesar de muchos. Se crearon grupos para buscar desaparecidos, otros para busca justicia a los asesinatos, unos más para exigir atención en expedientes de alto impacto, asociaciones de apoyo legal a víctimas, organizaciones que recogen la estadística real de la criminalidad en el país.
Esa situación nos ha llevado a estar bien representados en términos ciudadanos para participar en la elaboración de políticas para mejorar el combate a la inseguridad, para supervisar a los gobiernos, exigir en mesas oficiales y tener participación directa en los seguimientos. Desafortunadamente no ha llegado al momento en que esa participación social obligue a las procuradurías y fiscalías a ser eficientes en la procuración de justicia, a los investigadores en detener a los culpables, o a ver que los jueces no dejen libres a los criminales en un círculo vicioso de tecnicismos, complicidades y corrupción entre todos ellos.
Luego vino la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y todo se complicó. Un sistema garantista, generoso con el sospechoso, en el cual, además se eliminaron del catálogo de delitos considerados graves y que ameritan la prisión preventiva, con lo que tenemos a muchos delincuentes en las calles. Reincidentes que no se les persigue ni aprehenden por ello.
Baja California no está exento de ese clima de inseguridad y violencia que afecta, no solo a quienes desarrollan su vida entorno a los cárteles de la droga, cualquiera de los tres que aquí confluyen, de Sinaloa, Arellano, Jalisco Nueva Generación, la inseguridad ya no solo la padecen a los que, según la autoridad, “están metidos”; se ha polarizado tanto el crimen organizado y el común, que ya todos los ciudadanos son víctimas potenciales de un delito.
Los gobiernos, sin embargo, el estatal de Francisco Vega, el municipal de cualquiera de los cinco alcaldes, omiten su obligación de construir las condiciones para proveer seguridad a los gobernados, no hablando del tema de la inseguridad. Pero la realidad los golpea en la cara, aunque no lo acepten.
Esta semana, en Hacienda Los Venados, en Tijuana, una colonia en la periferia de la ciudad, por el Bulevar 2000 y la Zona Este, vecinos hartos de ser víctimas de los delincuentes locales y ajenos, se unieron y organizaron. Reunieron sus pesos para mandar imprimir una manta y colgarla a la entrada de la zona residencial. Dice así: “Vecinos unidos en contra de la delincuencia. Si te agarramos robando ya valiste madre y te linchamos”. De ese tamaño es la desesperación de la población de Baja California, aun cuando este ejemplo es en Tijuana, frente a la inseguridad y la fallida estrategia del gobierno estatal y los municipales para contener a los delincuentes que roban, asaltan, se meten a propiedad privada, amenazan, extorsionan, golpean, intimidan, violan.
Hace algunos años, en Mexicali, justo cuando en ese municipio inició el NSJP y con la liberación de delincuentes, vieron amenazada su tranquilidad e incrementada la inseguridad y la violencia; entonces comenzaron los vecinos a organizarse para cuidarse solos. Sí, ante la omisión de las policías, los investigadores y los garantistas jueces, se reunieron por coincidencia de calles, colonias o fraccionamientos de residencia, y establecieron sistemas de seguridad y vigilancia para cuidarse unos a otros, ante la desatención oficial y la incapacidad de procurar justicia.
Actualmente, en Mexicali existen 380 comités vecinales de seguridad pública registrados, porque cuando vieron las autoridades que se empezaron a reunir para auto defenderse, inmediatamente entraron a oficializarlos para construirles una caseta, mandarles una patrulla, darles el número celular de algún oficial en algunos casos.
En Tijuana, en meses recientes, los vecinos han seguido el ejemplo de Mexicali y han comenzado a unirse para auto protegerse. Cada vez más se ven mantas anunciando programas de vigilancia vecinal en más calles de Tijuana. A la fecha, de acuerdo a Marco Antonio Sotomayor, el secretario de Seguridad Pública, son 63 los comités vecinales de seguridad pública que ya establecieron estrategias de vigilancia en las colonias para combatir la delincuencia por su propia participación.
Es lamentable lo que sucede en Hacienda Los Venados, donde los ciudadanos amenazan con linchar a los ladrones, pero es el reflejo de gobiernos fallidos, el de Tijuana y el del Estado, que han abandonado a su sociedad, no la protegen, cuando estos deben hacerlo.
Ser víctimas todos los días de robos, asaltos, extorsiones y amenazas, cansa a cualquiera, y ser testigos de la impunidad a los criminales y la corrupción en policías, investigadores y fiscalías, hace llegar al hartazgo social.
En los primeros 31 días de 2018, en Baja California fueron asesinadas 248 personas, ocho personas al día, en promedio. En todo 2017, en el Estado fueron ejecutados 2 mil 279 ciudadanos, mil 780 nada más en Tijuana. De los mismos homicidios violentos, de acuerdo a estimaciones de la procuradora Perla Ibarra, únicamente se resuelven (o resolverán) el 9 por ciento, vivimos, por tanto, un 91% de impunidad.
No es de gratis que los vecinos amenacen con linchar a los delincuentes, o que se organicen para auto protegerse, para emprender estrategias de vigilancia y contención de la criminalidad, no, eso es reflejo de la corrupción, la impunidad y la incapacidad de las autoridades para prevenir los delitos, para procurar justicia y administrar justicia. Especialmente es el resultado de un gobierno fallido en materia de combate a la inseguridad.
Ojalá que las autoridades no estén esperando el linchamiento de un criminal para cumplir con su responsabilidad de proveer seguridad a los gobernados.
