A más de dos semanas del derrumbe de 89 casas en la colonia Lomas del Rubí, Grupo Melo no ha emitido una postura oficial respecto a su corresponsabilidad con el Ayuntamiento de Tijuana, del delito urbano que dejó 300 damnificados. La búsqueda de los responsables del fatal desplazamiento generó desacuerdos en el sector inmobiliario y de la construcción en la entidad. Especialistas proponen un Plan Integral de Gestión de Riesgos para prevenir futuros deslizamientos en la ciudad
Las cámaras de profesionales dedicados a la construcción y la vivienda han salido en defensa de las 89 familias que perdieron su patrimonio en el derrumbe del 3 de febrero en Lomas del Rubí. Mientras los culpables, Grupo Melo y Ayuntamiento de Tijuana, se niegan a reconocer su corresponsabilidad, los constructores no admiten contacto ni responden a los reclamos de los afectados y la autoridad ofrece paliativos sin marcar un rumbo claro para la solución.
Los propietarios de Grupo Melo se han limitado a enviar representantes para que participen en las mesas técnicas done trabajan con las autoridades para deslindar responsabilidades.
En posicionamientos oficiales e institucionales, colegios de ingenieros y arquitectos en Tijuana han evidenciado la irresponsabilidad de la constructora por no haber acatado las recomendaciones puntuales que se le hicieron en un principio. E insisten en la corresponsabilidad que el Ayuntamiento debe asumir, y no lo ha hecho.
Por lo pronto, 42 personas interpusieron demandas ante el Ministerio Público por el delito de daños en propiedad ajena contra quien resulte responsable.
Cuestionado respecto a cuánto tiempo toma una investigación como esta, el subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, contestó: “Varios meses”.
— ¿Años?
“No tanto”.
El Ayuntamiento ya entregó una parte de los apoyos por 15 mil pesos para rentas a gran parte de los afectados, pero no han podido encontrar casas o departamentos donde cambiarse, ya que los dueños les están solicitando la firma de contratos de al menos seis meses o porque los lugares más económicos les quedan muy retirados de donde ellos trabajan o donde sus hijos estudian.
La situación se agrava debido a que el resultado técnico de los estudios que el Ayuntamiento está realizando -en colaboración con otras instituciones especialistas en la materia- para deslindar responsabilidades, tardará por lo menos un mes más.
Y el hecho de que en la zona afectada la tierra no ha parado de moverse, en la calle Liberal Patria se sigue deslizando y el riesgo aumenta ante los anuncios de lluvias.
GRUPO MELO NO TOMÓ EN CUENTA QUE HABÍA FALLAS EN TALUDES
Después de cuatro sesiones que ha llevado a cabo la mesa técnica que se instaló para el estudio de la zona y los hechos, con lo cual se pretende deslindar responsabilidades, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (CICT) compartió y confirmó:
– Grupo Melo no realizó una supervisión geotécnica en campo.
– Tampoco llevó a cabo el control de calidad de la remediación de terracerías en el talud que falló y se vino abajo.
– No tomaron “la más mínima” consideración técnica para evitar esas fallas en los taludes, por lo que “tarde que temprano” esos deslizamientos iban a ocurrir.
Mario González Durán, integrante del Colegio y doctor en Estructura y Gestión de Riesgos, resaltó que en la práctica la empresa pasó por alto que en esa zona el terreno es “muy joven, muy deleznable, que no ha terminado de consolidarse… de tipo arenisca y muy húmedo”, que se encuentra en una zona tectónicamente alta y activa que no favorece a la edificación, por lo cual se han venido estudiando desde hace más de 60 años; elementos que debieron tomar en cuenta porque, aunado a ello, el problema se potencializa con la calidad y las condiciones de los servicios públicos, además de la alta densidad poblacional.
Aspecto en el que coincide José Luis Araiza Velazco, presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana (CAT), quien en entrevista con ZETA refirió que el principal punto que debe tener un desarrollador es un pre análisis de la zona donde ellos van a trabajar, para saber qué fatiga tiene la zona y a partir de ello hacer la investigación del uso de suelo para tener la seguridad del desarrollo o proyecto a emprender.
Destacó que en el desarrollo de una obra es muy importante tener los mejores estudios, además de los cuidados necesarios y acatar al pie de la letra los protocolos que marcan los reglamentos, ya que esas cosas son previsibles, como en este caso Lomas del Rubí, donde desde el 19 de enero de 2017 ya se habían generado algunos avisos de alerta y, ante la situación, Grupo Melo debió haber tenido una atención “muy especial” por el riesgo que implicaba.
CANADEVI DEFIENDE A CONSTRUCTOR
Respecto al derrumbe y la evasión de la corresponsabilidad por parte de la constructora, el presidente de la Cámara Nacional de Promoción de la Industria de la Vivienda en Baja California (Canadevi) en Zona Costa, Ricardo Ortiz, lo consideró una simple “circunstancia” por la cual “no podemos satanizarlos”, al tiempo que pidió recordar que Grupo Melo es un desarrollador que ha realizado “muchísimos proyectos exitosos” en la región.
De lo que otros profesionales han calificado como violaciones a los normas, leyes reglamentos y protocolos de construcción, el representante de Canadevi las definió como “situaciones” y “eventualidades”, ya que a su parecer, se debe tener paciencia y sobre todo la objetividad de esperar a los resultados del estudio.
Aspecto que compartió su homólogo José Luis Padilla, presidente de la Canadevi en Tijuana, quien refirió que ellos no son “autoridad”, solo una organización que agremia y asocia a diferentes desarrolladores, por lo que asumir o señalar la responsabilidad de la empresa es un tema totalmente de la autoridad.
Actitud que también prefiere mantener la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), como lo refirió a este Semanario su presidente, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, debido a que es muy prematuro decir que solo ellos tienen la responsabilidad en los hechos.
Desde hace 25 años, prácticamente desde su creación, Grupo Melo forma parte de la Canadevi, por lo que ambos representantes de esta Cámara acordaron que van a ver y esperar lo que resulte de manera legal y técnica con la autoridad y saber cuál sería la sanción que le imponen de resultar culpables.
Sin embargo, José Luis Padilla hizo énfasis en que, de ser así, le pondrían una “tacha” y luego verían qué decide el Comité de Honor y Justicia de la Canadevi, aunque no descartó que quizá se podría desafiliar del organismo.
EN QUÉ SE GASTÓ EL COBRO POR SUPERVISAR LA OBRA DE MELO
Al referirse a la responsabilidad compartida, Marco Antonio Campos Arce, miembro del CICT y especialista en Dirección de Obras, recordó que cuando la autoridad municipal autoriza un desarrollo urbano se otorga un permiso por 24 meses que puede ser prorrogable, además, el Municipio hace un cobro por supervisión dentro de la autorización previo a la publicación en el Periódico Oficial, que tiene que ver con el equivalente al 2.5 por ciento del costo total de la obra, cuota estipulada en la Ley de Ingresos Municipal que se tiene que destinar para la supervisión de un perito.
Sin embargo, los especialistas no saben cómo se destina ese monto que entra al Ayuntamiento y es algo que están pidiendo en la mesa técnica como parte de la investigación forense, para saber qué se hizo con el dinero.
José Luis Padilla, presidente de la Canadevi en Tijuana, insistió en que si la autoridad dio el permiso a la empresa para esa construcción, con sus inspectores tuvo que haber revisado hasta dónde estaban llegando esas actividades y, de haberse enterado que pasaron un metro en el corte, debieron suspender la obra, lo cual también respaldó el titular de la CMIC, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, y José Luis Araiza Velazco, del Colegio de Arquitectos, quien agregó que el Municipio es el vigilante de que se cumplan esos protocolos.
Por su lado, el martes 13 de febrero, en sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento aprobó conformar una Comisión Especial Edilicia, encabezada por los regidores Luis Pérez Saucedo como presidente y Mónica Vega, además de Roberto Quijano, Julieta Aguilera, Marco Antonio Romero Arizpe y la síndico Ana Marcela Guzmán Valverde, con la idea de “dar seguimiento al tema”.
PROPONEN PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Para que esto no vuelva a suceder y no haya más familias pasando por estas “desgracias”, el propio Colegio de Ingenieros propuso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la creación de un Plan Integral de Gestión de Riesgos para prevenir futuros deslizamientos en la ciudad, el cual deberá incluir la modificación de reglamentos, la actualización del Atlas de Riesgos con estrategias por zonas y la instrumentación de un programa específico para las laderas más vulnerables.
Luis Fernando González Vargas, miembro del consejo directivo del CICT y de la Comisión de Evaluación en Lomas del Rubí, dijo que no quieren que vuelva a pasar lo que sucedió en colonias como Sánchez Taboada, Anexa Ramírez, Camino Verde, Valle del Sur, Laderas de Monterrey, entre otras, porque esta situación le pega a todos los sectores económicos, sobre todo porque hay vidas peligrando en zonas de riesgo y solamente se están ejecutando acciones reactivas como “ver por qué se cayó y quién tuvo la culpa”.
Sin embargo, señaló que la primera obligación de la autoridad es responder a estas personas sobre su patrimonio, ver cómo ayudarles y solucionar esta problemática, sobre todo porque la masa de tierra no ha parado de moverse.
Petición a la que se sumó la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMICBC), desde donde sugirieron que una reparación parcial al daño sería que Grupo Melo otorgue la misma cantidad de viviendas perdidas a las familias víctimas del derrumbe, ya que fue ocasionado por los trabajos de construcción de dicha empresa.