En 2017, el Ayuntamiento de Tijuana recaudó 18 mdp; la mayoría del recurso se usó para mantener el sistema obsoleto, cuya operación cuesta 15 mdp, y solo el 5% se utiliza para remozar la Zona Centro. Persiste opacidad en el incremento de 6 a 12 pesos de la tarifa que fue avalado al cierre del gobierno de Jorge Astiazarán Orcí y que mantuvo Juan Manuel Gastélum Buenrostro
En noviembre de 1993 inició la colocación y operación de mil 500 estacionómetros en la Zona Centro de Tijuana, con un costo de tres millones de pesos, y el propósito de mejorar la vialidad del área. Sin embargo, la propia autoridad reconoce que el sistema fracasó, pues actualmente al ayuntamiento le cuesta 15 millones de pesos operar el deficiente sistema.
Las razones no se limitan a que los aparatos son obsoletos tecnológicamente, los conductores se estacionan en los espacios sin pagar, un gran porcentaje de las infracciones no se cobran o su monto se reduce; también está la falta de transparencia de las administraciones municipales en cuanto a la utilización de los recursos recabados, los cuales no se destinaron a la actualización de dicha infraestructura y al remozamiento del área donde se ubica.
Muestra de ello es el cinco por ciento del total recaudado por este concepto que el cabildo aprobó el 28 febrero de 2017 para la rehabilitación de Zona Centro.
Según Ricardo Chavarría Morales, tesorero municipal, el recurso entregado trimestralmente a la delegación Centro fue de alrededor de 900 mil pesos en 2017, mismo que se destinó a mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad. Algo que turistas, consumidores y comerciantes no han visto.
Eso se debe a que el ayuntamiento compró herramienta, lámparas decorativas, artículos de limpieza y otros insumos para mantener jardineras en la Avenida Revolución, de acuerdo con Genaro López Moreno, titular de la delegación, quien dijo que en ello se gastaron alrededor 550 mil pesos, equivalente al 5% de lo recaudado.
En entrevista conjunta con el titular de la demarcación, Jaime Saucedo Villaseñor, jefe de Obras Públicas, indicó que “la delegación no recibió el dinero, sino que fue una partida que el ayuntamiento designó. Ellos entregaron el monto en especie”.
“(El dinero) fue más que para remozamiento, para darle mantenimiento y comprar máquinas más sofisticadas”, expuso López Moreno, quien agregó que “550 mil pesos es una cantidad menor como para poder remodelar andadores”. A su juicio tendrían que destinarse más recursos para esa actividad.
Sobre la utilización de dicho fondo, Arnulfo Guerrero León, regidor presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, repitió el mismo discurso del tesorero, sin que detallara en qué se gastó el dinero, y la propia edil que planteó la medida, Ivette Casillas Rivera, calló ante el cuestionamiento hecho por ZETA.
Otro punto en el que existe opacidad es en el objetivo que se persiguió con el incremento de 6 a 12 pesos de la tarifa de los estacionómetros, avalado al final de la administración del priista Jorge Astiazarán Orcí y que mantuvo la del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
De acuerdo con declaraciones registradas por este Semanario, el 28 de enero del año pasado, Chavarría Morales indicó que el aumento de la tarifa estaría acompañado de un programa de modernización de los estacionómetros, con el fin de mejorar el control y la transparencia de los recursos.
En ese entonces, el funcionario destacó que los ingresos, producto de la nueva tarifa, se implementarían a un nuevo programa; sin embargo, un año después aseguró que los tres millones de utilidad “se van al gasto que sea necesario del ayuntamiento”.
Mientras que el regidor Guerrero León rechazó que ambos temas tuvieran relación y expuso que la tarifa aumentó porque no se había actualizado desde dos administraciones anteriores.
En 2017 se recaudaron ocho millones de pesos más
Pese a que existen dos mil 500 aparatos en las zonas: Centro, Río y fiscal, solo operan dos mil, la mayoría de estos en el centro de la ciudad. En conjunto captaron 18 millones de pesos durante 2017. Es decir, ocho millones de pesos más que el año anterior.
Si bien es una cantidad considerable, el tesorero municipal estimó que se podría recaudar el doble si el sistema fuera eficiente y seguro, puesto que se evitaría la vandalización y “ordeña” de los artefactos y obligaría a que las personas pagaran las multas, al contemplar el aseguramiento y remolque de los vehículos.
Debido a que el modelo de estacionómetros con que cuenta la ciudad dejó de fabricarse desde hace diez años, algunas piezas se están mandando a hacer especialmente a una empresa canadiense que tarda entre dos y cuatro meses en entregar.
Sin precisar cuántas piezas o parquímetros se repararon, Chavarría Morales aseguró que para este rubro hay una partida de cuatro millones de pesos, pero “en 2017 no le invertimos mucho a ese rubro porque también estamos viendo la conveniencia de seguir comprando las refacciones”.
Por otro lado, dijo, la recaudación se hace manual, lo que genera incertidumbre sobre el monto que cada verificador recoge. Posteriormente, las monedas se depositan en mesas de trabajo y personal de la dependencia cuenta el dinero. “(Proceso en el que) tampoco tenemos un control estricto porque no tenemos los mecanismos”, apuntó.
En el rubro de verificadores, precisó que el ayuntamiento tiene ocho. Cantidad insuficiente para llevar a cabo las inspecciones en la vía pública. Para que el sistema fuera exitoso, tendría que haber al menos 60 verificadores, apuntó.
Otro problema recurrente radica en que automovilistas con placas del extranjero no pagan las sanciones. Ante ello, la tesorería municipal señaló que ya está desarrollando estrategias para revertir esa situación.
En ese sentido, el regidor Guerrero León afirmó que se hicieron las modificaciones en los reglamentos y en el presupuesto para que la Secretaría de Seguridad Pública contrate auxiliares viales en las próximas convocatorias, quienes además de dirigir el tráfico, atenderán la necesidad que requerirá el proceso de modernización de los estacionómetros.
Comerciantes se quejan de monedas “tragadas” y multas injustificadas
Para Rocío Herrera, dueña de un restaurante en el centro de la ciudad, los parquímetros instalados afuera de su negocio presentan anomalías, “le echas la moneda y no te marca. Realmente es un problema para mis clientes porque aun cuando se ha colocado un papelito señalando que se ingresó el dinero, de todos modos los multan”.
Añade: “preferiría que no estuvieran los parquímetros, pues los consumidores se estacionan más lejos. A veces se les va la noción del tiempo y cuando salen ya tienen una multa o tienen que caminar más por la calle, que está oscura y eso hace que disminuya la clientela”.
John Valencia, otro locatario también expuso su inconformidad ante el mal funcionamiento de los parquímetros y consideró que la tarifa es muy cara. Por ello deja su vehículo en un lugar más retirado ante el riesgo de que le den un “cristalazo” o él sufra un asalto.
En tanto, Juan Bastida y Luz Galicia, propietarios de dos locales en la misma zona, expusieron que los estacionómetros representan un problema para ellos, ya que tienen que erogar parte de su ganancia por estacionarse afuera de sus comercios durante seis horas, seis días a la semana.
En el caso del primero, éste optó por mejor pagar 800 pesos al mes a un estacionamiento para que su carro esté seguro y sobre todo, evitar las infracciones. Pero Luz Galicia opinó que es injusto sufragar 60 pesos al día si paga impuestos.
“Los verificadores ya conocen que el carro es de uno y no son para avisarnos, échale más monedas porque se te va a acabar el tiempo. Uno anda ocupado, atendiendo a los clientes y cuando menos ves, ya te pusieron la multa”, agregó.
En contraste, en un recorrido hecho por ZETA, se constató la frecuencia con la que los conductores no pagan los parquímetros, porque a su decir, se estacionarán por un breve lapso y no se bajan del vehículo.
Otros, como Jesús Blanco, quien acudió a pagar tres multas (dos de diciembre de 2017 y una de febrero de 2018) recurren a la juez municipal para que le baje la sanción. Por las tres infracciones, el empresario tendría que haber pagado 620 pesos, sin embargo, sufragó menos de la mitad, 231 pesos.
Cuestionado sobre este recurso, el tesorero municipal indicó que en noviembre del año pasado se “pidió a los jueces que no sean tan blanditos porque esto nos genera desorden en la ciudad. (Para disminuir las sanciones), siempre debe haber una justificación, fundada y motivada, de alguna injusticia que se haya cometido”.
Alistan nuevo proyecto; especialistas enfatizan la transparencia
El regidor Arnulfo Guerrero León informó que la Comisión de Vialidad y Transporte del cabildo, el Instituto Metropolitano de Planeación (Inplan) y la tesorería de Tijuana, trabajan en un nuevo proyecto de estacionómetros que atenderá la movilidad de la ciudad, ya que los parquímetros la mejoran; aspecto más relevante que el tema de la recaudación.
El edil panista detalló que dicho plan podría estar listo en junio y dependiendo del esquema que se elija, la modernización de los parquímetros podría iniciarse a final de este año. “Seguramente contemplaría la instalación de artefactos en otras zonas conflictivas, que serán definidas por el Inplan”.
Si bien, todavía no se sabe cuáles serán éstas, Guerrero León adelantó que podrían ser las que tienen mayor congestionamiento vial, como Otay, la 5 y 10, La Mesa, Las Brisas, más los lugares donde ya operan. Este proyecto tendría que impulsarse a la par del uso de la bicicleta; agregó que confía en que las empresas pudieran estar interesadas en su operación.
Explicó que el ayuntamiento tendrá que elegir entre comprar los parquímetros -cuyo precio máximo supera los 6 mil dólares si son multicajones- o bien, licitar para que una empresa los instale y opere. Esta última alternativa sería la más idónea, en su opinión.
Asimismo destacó que se tratará de replicar modelos “exitosos” como el de la Ciudad de México, Zapopan, San Luis Potosí y Querétaro.
Consultados por este Semanario, Josué Baruch González, Carlos Gershenson y Enrique Soto, expertos en movilidad, coincidieron en que los estacionómetros son un instrumento que permite que el uso del espacio público sea más equitativo para quienes tienen automóvil, aun cuando tampoco es la única solución para aumentar la movilidad, pues ésta requiere muchas acciones.
Enrique Soto, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que más allá de si el Estado o una empresa administran los estacionómetros, “lo importante es que el manejo y la asignación de la concesión a un privado sea sumamente transparente, saber quiénes son y propiciar que haya un mayor número de competidores”.
En este sentido, “se le debe mucho a la ciudadanía en términos de asignación de las licitaciones por parte del gobierno de la capital del país, así como de los recursos recaudados”; por lo que autoridades de ésta y otras metrópolis tendrían que pensar en esquemas diferentes a la concesión, tales como los arrendamientos, en los que gane más la ciudad que los privados.
Es relevante que la ciudadanía mejore su calidad de vida mediante la operación de los parquímetros. “Los ciudadanos tenemos que exigirle cuentas al gobierno sobre la transparencia de esos recursos, saber en qué se están utilizando”.
Estimó que antes de tomar como modelo a la Cuidad de México, se podría revisar el caso de León, Guanajuato; así como de otras ciudades latinoamericanas como Bogotá, Colombia; Santiago, Chile, y Buenos Aires, Argentina.
Por otro lado explicó que la movilidad en las ciudades no solo tiene qué ver con los sistemas de transporte público, sino también con el ordenamiento territorial. “Éste ha sido un tema completamente olvidado por el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno. Hemos puesto por encima de la planeación los intereses de algunos cuantos y no el bien común”.
