En quince días y recorriendo doce estados de la República, Javier Corral, el Gobernador de Chihuahua doblegó al Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Las horas hombre dedicadas a la caravana por la justicia para Chihuahua tuvieron su pago. 900 millones de pesos que la administración federal, de manera unilateral, amenazante y soberbia, venía negando a la administración estatal chihuahuense; además que efectivamente, la Procuraduría General de la República emita las órdenes de extradición contra el ex Gobernador César Duarte.
Tan solo en subsidios, fondos y programas del Gobierno federal para llevar recursos a estados y municipios, se manejan más de 80 rubros de tres grandes cuentas, Ramo 33, Ramo 23 y programas especiales nacionales 2012-2018, que manejan las secretarías de estado, comisiones y consejos federales de atención a la educación, la ciencia, los fenómenos sociales.
Por supuesto las secretarías que más recurso manejan para repartir entre estados y municipios son gobernación y hacienda y crédito público. Entre ambas controlan más de 20 fondos y subsidios. Y aun cuando la ley indica que los recursos a entregar deben informarse con máxima pública y transparentar su uso en los portales de transparencia de los gobiernos de los estados y municipios, la realidad es que esa práctica, a pesar de ya estar sancionada el no hacerlo, no se lleva a cabo.
El círculo vicioso de la opacidad en el manejo de los recursos inicia en el Gobierno federal pero termina en los estados y municipios.
“El Ramo 23 es al gran ramo de la discrecionalidad política en México”, me dijo Javier Corral en una entrevista y reflexionó: “el poder político… no está en Los Pinos, está en la Secretaría de Hacienda, y su instrumentación es el Ramo 23, es una bolsa que Hacienda maneja a discrecionalidad”.
A Chihuahua el Gobierno federal le retuvo más de 700 millones de pesos del programa de fortalecimiento financiero, y lo hicieron de manera directa, ante la amenaza de ver destapado el fraude con empresas fantasmas, dineros públicos y campañas políticas, que la investigación en Chihuahua ha develado entre la Secretaría de Hacienda, el gobierno del Estado de César Duarte, y el PRI dirigido por Manlio Fabio Beltrones. Así con esa discrecionalidad, en la SHCP deciden a quién si y a quién y para qué, entregan los recursos.
Corral al tiempo ganó. Después de recorrer doce estados en quince días, al final de la caravana social que organizó para reclamar lo justo, le dijeron que sus dos peticiones serán cumplidas: la entrega del recurso para las finanzas de Chihuahua, y las solicitudes de extradición contra César Duarte. No sabemos ahora si los 900 millones ya fueron transferidos, como tampoco se ha informado de las órdenes de extracción, está la palabra del secretario, y el apretón de mano con el Gobernador y solo eso.
Falta también que la secretaría de hacienda y crédito público cumpla con la petición que el 24 de enero le hizo la Comisión Permanente del Congreso, para que en un plazo “no mayor a quince días informe y haga público los convenios de transferencia de recursos a las entidades federativas, por concepto de fortalecimiento financiero durante los años 2015 a 2017, indicando el estado de su cumplimiento”.
En el mismo dictamen del poder legislativo se lee: “es indispensable señalar que gran parte de los ingresos excedentes se gastan a través de fondos del Ramo 23, los cuales no cuentan con mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas sobre la aprobación y uso de los recursos públicos… actualmente los controles no han sido suficientes para frenar el desfalco en las finanzas públicas, en particular el manejo del Ramo 23”.
De los excedentes presupuestarios en una ocasión me comentó el senador Ernesto Ruffo Appel el manejo de los mismos. La trampa inicia desde el momento en que la secretaría de hacienda baja la expectativa de los ingresos precisamente para que haya excedentes, los cuales para repartirlos “de manera equitativa”, se los reparten por partidos políticos representados en la cámara federal, y estos a su vez “los bajan” a estados y municipios, a través de la secretaría de hacienda. Ahí es donde, reiteró el senador, se dan los moches. Un legislador va a su estado o ciudad y dice que tienen tantos millones en tales programas que le ayudará al Gobernador o alcalde a obtenerlos a cambio de un porcentaje. Eso o que decidan entre legisladores y hacienda, entregarlos a quienes políticamente les conviene.
De eso nada se ha transparentado. Nada.
Y si los gobernadores dejaron solo a Javier Corral (él me comentó en una entrevista que solamente uno le mandó un whatsapp para solidarse con él en privado y decirle que no podía hacerlo en público), se asume de entrada que no tienen “problemas” con el acceso y disfrute de recursos federales, o que definitivamente han entrado al círculo de la opacidad que inicia en el Gobierno federal.
En una medida que se ve más de sistema que de otra cosa, en la Conago se dijeron sorprendidos los gobernadores sobre la denuncia de Corral, lo cual es por en sí mismo sorprendente, pensar que únicamente a un Gobernador el Gobierno federal intenta someter con la no entrega de recursos. Ante el triunfo de Corral, los gobernadores no quedan bien parados. Tampoco el Gobierno federal, que requiere de presiones sociales para actuar conforme la Ley.
Es imperante en estos momentos, para asegundar la acción de Corral, que la comisión permanente del congreso exija a la secretaría de hacienda transparentar por lo menos el Ramo 23, que ya después hagan lo propio con el Ramo 33 y los proyectos nacionales de 2012-2018, con sus más de 80 subsidios, fondos y programas.
Y que en todo caso, en los gobiernos de los estados, los congresos y la sociedad civil obliguen a sus mandatarios a transparentar la entrega y el uso de los recursos federales. Que el caso Corral no quede aislado, que sea inicio de un movimiento nacional por la transparencia y la rendición de cuentas. Ya se demostró que si se puede. Y que el problema, está en la opacidad de la secretaría de hacienda.
