Durante la titularidad de María del Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal -en la que está al frente desde el 27 de agosto de 2015-, dicha dependencia provocó un quebranto de 3 mil 855 millones de pesos, al desviarlos de recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar.
Esto lo reveló ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dar a conocer la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. En su análisis de la gestión financiera y operativa ahí, arroja que de 6 mil 231 millones de pesos ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la Sedatu ejerció 3 mil 855 millones en conceptos de gastos distintos a los autorizados.
Dicha cantidad corresponde al capítulo 3000, de Servicios generales, sin contar con las adecuaciones presupuestales ni con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dichos pagos se destinaron a universidades por mil 23 millones 758 mil pesos; a proveedores por mil 489 millones 324 mil; Programa Hábitat 2015, 148 millones 499 mil, y a los Programas de Vivienda Digna y Rural 2015 por 268 millones 569 mil pesos.
Asimismo, se realizaron transferencias en cuentas bancarias por 689 millones 220 mil pesos, cantidad que no se sabe dónde se encuentra, ya que no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias, según lo advirtió la ASF.
Además, durante la titularidad de Robles Berlanga, la Sedatu no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016 se tenían registrados 102 mil 626 proyectos autorizados en los tres rubros, de los cuales, se reportaron como terminados 72 mil 942 proyectos; 29 mil 649 en proceso o no iniciados, y 35 cancelados.
Asimismo, el ejercicio presupuestal de 2016 la Sedatu tramitó ante la Tesorería de la Federación un monto 6 mil 231 millones 605 mil pesos. Dicha cantidad fue registrada y reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Además, la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP), responsable de la administración, ejercicio y control de los recursos presupuestales de la Sedatu, solamente ministró 2 mil 375 millones 770 mil pesos a las delegaciones estatales de la Sedatu.
La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, como instancia normativa encargada de dirigir, planear, programar y coordinar su funcionamiento, informó que en sus registros tiene como importe ministrado a las delegaciones estatales, 3 mil 28 millones 454 mil pesos, cifra que difiere en 652 millones 683 mil con lo reportado por la DGPP.
Por su parte, las delegaciones estatales, como instancias responsables directas de verificar la ejecución y atender la operación del programa, reportaron como recibido de la DGPP, un importe de 2 mil 872 millones 628 mil pesos, cifra que difiere en 496 millones 858 mil pesos.
“Como se observa, los responsables de administrar y controlar los recursos presupuestales a cargo de la Sedatu, de dirigir, planear, programar y coordinar la ejecución del programa, reportaron cifras que difieren entre sí. De lo anterior, se concluye que existe una diferencia, por 3 mil 855 millones 835 mil pesos, entre el importe reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y el importe ministrado por la DGPP a las delegaciones de la Sedatu.
Del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un total de mil 901 millones 927.6 mil pesos, que representó el 94.6 por ciento del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron recursos a 43 empresas, por la cantidad de mil 501 millones 74 mil pesos, sin la justificación que acredite los pagos realizados, reportó la ASF.
Ayer, el diario Reforma informó que durante la titularidad de Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015- y ahora en la Sedatu del Gobierno Federal, se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas simuladas o “fantasmas”.
Esto según lo detectó la ASF en tres auditorias forenses realizadas a los recursos ejercidos en 2014 y 2015. Parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países, entre ellos: China, Ecuador, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Corea del Sur, y Pakistán.
En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo, fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu del Gobierno Federal firmaron convenios con dichas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
En septiembre del año pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.
En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de 11 dependencias federales -entre ellas la Sedesol con Rosario Robles al frente-, mismas que pagaron 7 mil 670 mdp en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.
IRREGULARIDADES POR 104 MIL MILLONES
La ASF reportó que durante el 2016 hubo irregularidades por 104 mil 241.2 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 7 mil 896.9 millones. Al entregar los resultados de la fiscalización de la cuenta pública del año antepasado, el encargado de despacho de la Auditoria, Juan Javier Pérez Saavedra, también señaló que desde el 2013 se han registrado inconsistencias por 7 mil millones de pesos en operaciones realizadas a través de universidades públicas.
Además, Pérez Saavedra advirtió que entre las áreas que significan un riesgo para el buen manejo de los recursos públicos se encuentran las contrataciones hechas en el marco de la Ley de Adquisiciones, en las cuales participan universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios.
El funcionario señaló que en las mencionadas contrataciones existe un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.
Pérez Saavedra también dijo que otra área con riesgo de alto impacto es la obra pública, debido a deficiencias en proyectos de infraestructura, problemáticas en la planeación y programación de los trabajos y debilidades de carácter técnico.
– Con información de La Jornada y Reforma
