A pesar de la nueva Ley General sobre Desaparición de Personas que prevé penas de hasta 90 años de prisión, el fenómeno no para. Jóvenes de 15 a 29 años de edad representan el 40 por ciento de los no localizados. Existe cifra negra en el número de desaparecidos, serían entre cinco y nueve tantos más de los denunciados, refiere investigador del ITESO
General sobre Desaparición de Personas a finales de 2017 se esperarían avances. Se establece la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y crea mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas Más de ocho años han transcurrido desde que Moisés desapareció. Desde entonces su madre no ha tenido descanso en su búsqueda. Con él, otros tres amigos no regresaron a casa. En el espinoso camino para encontrar a su hijo, Carmen ha sido extorsionada, humillada y siempre encuentra las puertas oficiales cerradas. Recientemente le negaron un amparo para que autoridades militares le otorguen una audiencia para cruzar información.
La familia del joven, que tenía 24 años de edad cuando desapareció en su natal San Luis Potosí, advierte que Moisés fue víctima de desaparición forzada la madrugada del 11 de octubre de 2009, cuando se trasladaba en un automóvil con sus amigos para encontrarse con otra de sus amistades.
El muchacho es uno de los casi 35 mil desaparecidos en México. O mejor dicho, de las personas no localizadas hasta el momento y que desde 2007 existe averiguación previa o carpeta de investigación porque nunca volvió a saberse de su paradero.
Foto: Christian Serna/Cuartoscuro.com
Se estima que por cada caso denunciado de desaparición hay una cifra negra de entre cinco y nueve personas desaparecidas por las que no se dio parte a las autoridades, a decir del investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), David Velasco Yáñez, quien señala: “Tenemos más desaparecidos que los que hubo durante la relativamente corta dictadura argentina, que registra 30 mil desparecidos”.
Hasta el momento no se ha podido frenar el fenómeno, ni encontrar a los que presumiblemente fueron privados de la libertad, ni saber si están vivos o muertos, mucho menos dar con los culpables en los casos criminales. La gran duda asalta a los familiares e investigadores, sobre sí en realidad los no localizados son buscados.
Con la promulgación de la Ley, así como para la investigación y sanción de este delito con la creación de dos tipos penales, de carácter permanente, que se persiguen de oficio y no prescriben: desaparición forzada y desaparición por particulares, con penas de hasta 90 años de prisión.
Sin embargo, los instrumentos básicos de la Ley, que son el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, no identificadas y no reclamadas, aún están pendientes de ser una realidad. Actualmente se cuenta con un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que se alimenta con la información que proporcionan los estados y la Federación.
CIFRAS DE HORROR
De acuerdo con la contabilidad del RNPED, a uno y dos meses de finalizar 2017 sumaban 34 mil 656 personas no localizadas a nivel nacional, de las cuales 8 mil 974 son mujeres y 25 mil 682 son varones. Una estadística desfasada que muestra los datos de las indagatorias del fuero federal actualizadas al mes de noviembre, mientras las investigadas en el fuero común, solo son hasta octubre.
La Federación intenta esclarecer mil 143 de los asuntos denunciados ante esa esfera por la evidente intervención de la delincuencia organizada, de servidores públicos en activo en esa ámbito de gobierno o que se reporta ocurrieron en el extranjero en agravio de mexicanos. El resto, 33 mil 513 casos, busca resolverse en las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas.
Las estadísticas vertidas de forma genérica no aclaran en cuántos de los casos se trata de desapariciones forzadas en que agentes del Estado son los responsables de los hechos o qué cantidad corresponde a desapariciones por particulares. Tampoco se tiene el detalle de cuántas de las víctimas son policías municipales, estatales, investigadores, federales, militares o marinos, que también deben ser varias decenas.
El Registro establece que 32 mil 271 personas de las que se tiene conocimiento son mexicanas, 212 extranjeras y en 2 mil 034 asuntos se desconoce la nacionalidad.
Tamaulipas es el Estado líder de la República en desapariciones. En ese territorio han ocurrido el 17.6 por ciento del total de los hechos del país. Le siguen en el orden el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, con graves problemas de crimen organizado, por encima incluso de Guerrero, donde se registró la impune desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014 y se han localizado múltiples fosas clandestinas con restos humanos que no corresponden a los antes mencionados.
Del octavo al décimo segundo sitio están Puebla, Coahuila, Sonora, Michoacán y Baja California. Los estados que menos desapariciones tienen reportadas oficialmente son Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur, a pesar que en este último se vive una terrible escalada de violencia con la guerra entre organizaciones delictivas.
EL CASO DE MOISÉS
Moisés y sus amigos, Luis Francisco, Marco Antonio y Julio César estaban en la flor de su juventud cuando desaparecieron. Los tres primeros con 24 años y el último con 18 cumplidos, pasaron a ser parte de una estadística que muestra que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, pues así se destaca en poco menos de 14 mil denuncias.
La familia de “Moy” se presentó ante las autoridades para reportar su desaparición unas 36 horas después de esperar su regreso sin fortuna. Creían que se trataba de un secuestro y que exigirían dinero por su rescate. La espera fue en vano. Carmen, la madre, no recibió telefonemas reales que proporcionaran información del paradero de su hijo, pero sí contestó llamadas en las que pretendían extorsionarle a cambio de aportarle falsas pistas.
Presuntamente las llamadas iniciaron en cuanto la afligida mujer aportó su número telefónico a las autoridades. En los mensajes le amenazaban por acudir ante el Ministerio Público y agentes investigadores le recomendaban que “por razones de seguridad” pagar el dinero que los extorsionadores le exigían, pues le aseguraban tener a Moisés.
Desde entonces la búsqueda ha sido incesante. Hospitales, la morgue, comandancias de Policía, manicomios, presencia en los lugares de hallazgos de cadáveres, en San Luis Potosí y en otras partes del país, aumentaron el kilometraje en los pasos de Carmen, quien no claudica en su esperanza de encontrar un rastro que le lleve a encontrar vivo o muerto al hijo que le fue separado del hogar.
La madre desesperada sigue su afanosa búsqueda y en escrito de fecha 1 de febrero de 2017, dirigido a las autoridades de la XII Zona Militar, solicitó una audiencia “para exponer nuestro caso y en su oportunidad solicitar el cruce de información para la localización de nuestro hijo Moisés, desaparecido desde el pasado 10 de octubre de 2009 en compañía de 3 jóvenes más”.
La respuesta que emitió la autoridad castrense el 23 de marzo siguiente descorazonó a Carmen: “De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (…) esta autoridad, no cuenta con datos relacionados con la desaparición de sus hijos”.
Lo único que la mujer pedía era fijar una fecha y hora para que se efectuara una audiencia para el cruce de información, con el fin de lograr la localización de su hijo desparecido; tal como lo prevén los múltiples criterios emitidos a nivel nacional e internacional, con relación del tema de desaparición forzada de personas, máxime que tienen el carácter de víctimas indirectas.
Carmen promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, pero en resolución de 15 de noviembre de 2017, la protección de la justicia federal le fue negada porque la juez Fabiola Delgado considera que “la negativa de llevar a cabo una entrevista en forma personal con los quejosos, no vulnera sus derechos, porque tal diligencia no aportaría datos para la localización de la persona desaparecida”.
CRUELDAD Y DOLOR SOCIAL
El coordinador del Programa Formal de Investigación, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del ITESO, David Velasco Yáñez, asegura que la situación que vive México en el tema de desaparición forzada “es el punto de partida para señalar que prácticamente es la mayor expresión de violencia, de crueldad y de dolor social en el país. Cabe señalar que a estas alturas, hoy, hoy, tenemos más desaparecidos que los que hubo durante la relativamente corta dictadura argentina, que registra 30 mil desparecidos. Actualmente andamos -en cifras oficiales- en alrededor de 35 mil desaparecidos. Estamos hablando de una crisis humanitaria en materia de derechos humanos”.
El también coordinador del Campo Estratégico de Acción contra la Pobreza y Exclusión del Sistema Universitario Jesuita, que representa a ocho instituciones educativas a nivel nacional, agregó que la comparación que se realiza de México, que sin ser un país en guerra ocupa el segundo lugar en el mundo en número de desaparecidos, es muy ilustrativa “y mucha gente como que no cae en la cuenta de la brutalidad de esta información”.
En entrevista con ZETA, el doctor David Velasco destacó: “Sin que estemos en guerra abierta o declarada, aunque formalmente le llaman guerra contra el crimen organizado o guerra contra el narcotráfico, el caso es que las comparaciones que se hacen, con países en guerra, es brutal. Yo creo que sí pudiéramos establecer mayores comparaciones con países en guerra, que pueden ilustrar, porque la gente tiende a registrar ordinariamente como el horror que se vive en otros países”.
— ¿Es real o aparente esa imagen de que los mexicanos somos indiferentes ante este fenómeno criminal de las desapariciones?
“Mucha gente dirá el típico ‘aquí no pasa nada’, ‘Afortunadamente no somos Siria o Irak’, ‘Acá estamos relativamente bien’. En parte, porque no conoce o no registra los datos. Un análisis más comparativo de esto, lo mismo sería no solo establecer las comparaciones de desaparición forzada, sino de homicidios dolosos, con los indicadores estos que maneja la ONU. México está entre los más violentos, donde la brutalidad se mueve en plena impunidad. A mí me parecen estos datos como de la mayor gravedad”.
Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com
— La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas ¿vendrá a paliar el problema?
“Te señalo datos que me parecen de la mayor relevancia. Sí comparamos los términos en los que quedó la Ley, obviamente no alcanzan algunos estándares que sí se establecen en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una convención de la que México es parte, y que ese es un punto flaco, es un hueco de la Ley, que México sigue sin reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Por mencionarte el aspecto que a mí me parece de la mayor relevancia, si comparamos una cosa y otra”.
— ¿Es confiable la nueva legislación? O tiene defectos.
“Podemos encontrar muchos huecos en ese sentido, ¿qué estándares serían los que tendríamos que alcanzar para perfeccionar la Ley aprobada? Y por el otro, un punto de comparación que puede ser de lo más sugerente es comparar la Ley en los términos en que quedó aprobada con las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de febrero de 2015, que fue el primer examen que le hacen a México los expertos de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Y ahí vas a encontrar mucho más huecos. Lo que sí se puede decir es que es preferible tener una Ley que no tenerla, pero atendiendo a las recomendaciones, yo creo que podemos encontrar fácilmente algunos puntos en los que valdría la pena trabajar de manera más institucional”.
— Aún falta crear instancias, procesos y registros que señala la Ley, se habla de un Comité de Búsqueda, ¿realmente se busca a las personas desparecidas en México?
“Mira, qué bueno que tocas el punto porque justamente fueron las organizaciones de familiares de desaparecidos los que cuestionaron ese mecanismo de búsqueda, sobre todo que decían, de la manera más lógica y más sencilla, ‘¿Cómo es posible que los policías que desaparecieron a mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi tío, mi sobrino, al que sea, se dediquen a buscarlos?’ Les resulta contradictorio. Ellos proponían que la integración del mecanismo de búsqueda fuera autónomo, independiente, y que lo integrara otro personal. Y que además tuviera la capacitación para desarrollar ese tipo de búsqueda. Quienes buscan a los desaparecidos en México son los familiares, no quienes legalmente debieran investigar”.
— Esa es una gran duda ¿Cómo es que el Estado va a castigar a servidores públicos que desaparecen a las personas, si en ocasiones son órdenes de encumbrados funcionarios o políticos?
“Sí. De hecho, en términos generales la desaparición forzada en México es una estrategia política de terror. Tenemos un Estado terrorista que es el principal responsable y el principal perpetrador de las desapariciones forzadas en México. Dice la Convención, para tenerlo como referencia, más que la misma Ley, que comete el delito de desaparición forzada aquél que directa, indirectamente o con la quiescencia del Estado cometen tal desaparición. Entonces, en México, las desapariciones forzadas ocurren con la quiescencia del Estado, o, a veces, directamente por agentes estatales, que son los testimonios que se han ido recogiendo de muchos familiares de desparecidos”.
— En el tema de las estadísticas existen números reconocidos por las autoridades, pero una total opacidad en la clasificación de los tipos de desaparición. ¿Cuál es la fuente más confiable o menos desconfiable para aproximarnos a este fenómeno y cuántas serán por autoría de agentes del Estado?
“Alguna vez supe de voz de una organización de familiares y organizaciones no gubernamentales que les acompañan, que estaríamos hablando de una cifra negra. De cada uno que se denuncia, o que se tiene registro, casi oficial, habría otros nueve que no se documentan o no se reconocen. A mí me parece exagerado, pero no lejano de la realidad, porque yo digo que en México ni el Estado ni las organizaciones tienen la varita mágica para descubrir cuál es la cifra exacta y precisa, pero que ya haya habido quien denuncie una cifra negra, que va de uno de cada diez desaparecidos, me parece de una relevancia enorme. Y si nos vamos al justo medio, si son 35 mil los desaparecidos reconocidos oficiales, multiplícalos por cinco, que es el término medio, estaríamos hablando de una súper tragedia nacional a la que mucha gente no le presta la debida atención”.
